GINEBRA (22 de mayo 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el miércoles que el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto.
“Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”, afirmó la Alta Comisionada.
El anteproyecto de ley – que ha presentado recientemente la Sub-Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa – tomó como base principal el trabajo de una Comisión “Ad Hoc” que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y a la falta de transparencia y participación de las victimas durante su elaboración. La Comisión “Ad Hoc” se creó en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema que, en julio de 2016, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz de 1993 y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
“Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora, y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado”, dijo Bachelet.
El proyecto de ley pretende que se suspendan las penas de prisión para todas las personas que reconozcan su responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto y se sustituyan por penas alternativas de provisión de servicios a la comunidad.
Como afirmó recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición: «Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros. Además, la impunidad en relación con esos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país”.
El anteproyecto contiene otras disposiciones preocupantes. Entre ellas, permite atribuir la responsabilidad penal solamente a quienes participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que estuvieron involucrados en las atrocidades.
La Alta Comisionada saludó el hecho de que la Sub-Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa haya recibido a representantes de organizaciones de sociedad civil integradas en la Mesa contra la Impunidad. La propuesta alternativa de esta Mesa – la Ley de Reparación Integral y Acceso a la Justicia – intenta recoger la visión de las víctimas y está en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
“Espero que estos insumos, así como los otros que podrían llegar de un proceso amplio de consulta a nivel central, local y comunitario, puedan orientar a las y los diputados, evitando disposiciones que contravienen el derecho internacional o que puedan menoscabar la búsqueda incesante de justicia de las personas que todavía hoy sufren las secuelas de las atrocidades vividas durante el conflicto”, aseguró Bachelet.
“Insto a las instituciones competentes a reflexionar profundamente sobre los importantes progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como condiciones para la reconciliación nacional. Mi Oficina reitera su ofrecimiento de proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para este fin”, agregó.
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