Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos – Ginebra, 25 de febrero de 2020
Señora Presidenta,
Presento mi informe sobre Nicaragua, de conformidad con la resolución 43/2, cubriendo el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril 2018, ha sido exacerbada por los daños causados tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes Eta y Iota.
Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Mi Oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas.
Las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, además del impacto devastador de los dos huracanes.
Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. También recibimos información sobre el aumento de los feminicidios y sobre altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.
Estimados miembros del Consejo,
Reconozco los esfuerzos del Gobierno para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas.
Sin embargo, debo resaltar el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe anterior. La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales.
Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.
Insto también a este Consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi Oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país, de acuerdo con sus compromisos internacionales.
