Pronunciamiento por: Liz Throssell, Portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
Estamos profundamente preocupados por una nueva ley que entró en vigor en Nicaragua el viernes y que restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil, en contra de las obligaciones del país en materia de derechos humanos.
La ley busca prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero, por el contrario, profundiza la represión del espacio cívico. Las disposiciones de la ley dificultan el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades e imponen nuevas obligaciones de información, como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios. Además, la ley prohíbe a las ONG hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen dichas acciones.
La ley también establece una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros en cualquier organización, sin mayor clarificación, restringiendo así gravemente el derecho de los extranjeros a disfrutar de la libertad de expresión y asociación en el país.
Tememos que estas restricciones tendrán como efecto de coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el Gobierno.
Resulta aún más preocupante que esta legislación haya entrado en vigor en una semana en la que la Asamblea Nacional ha votado para despojar a 50 organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por el supuesto incumplimiento de otras disposiciones de la legislación nacional.
Desde 2018, se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, de las cuales unas 137 en lo que va del año. Entre ellas están las principales ONGs nicaragüenses de derechos humanos, incluidos derechos de la mujer y derechos de los pueblos indígenas, y otras que trabajan en educación, desarrollo, así como asociaciones médicas.
También se ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo el control del Gobierno.
Tal como recomienda la Alta Comisionada, es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados.
FIN
