GINEBRA, 17 de julio de 2018 – Mañana, miércoles, se cumplen tres meses desde el inicio de las protestas en Nicaragua, inicialmente contra las reformas anunciadas al sistema de pensiones, pero que se han convertido en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La violencia, que hasta la fecha ha dejado aproximadamente 280 personas muertas y 1830 heridas, ha sido fundamentalmente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales. Entre los fallecidos se encuentran al menos 19 agentes de policía.
La policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo las denominadas «operaciones de limpieza» en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales. Al menos 12 personas perdieron la vida durante el fin de semana, incluidas dos cuando se efectuaron disparos en la Iglesia Divina Misericordia en Managua, donde manifestantes estudiantiles buscaron refugio después de que las instalaciones de la universidad que habían estado ocupando fueron atacadas.
La violencia es aún más horrible puesto que los elementos armados leales al gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la policía y otras autoridades estatales. El personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre el terreno informa que se están cometiendo una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas. Se han producido campañas de incitación odio y difamación, incluso contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso.
Nos preocupa enormemente que dos defensores de los derechos humanos, Medardo Mairena y Pedro Mena, puedan ser víctimas de desaparición forzada. La policía los detuvo el viernes en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no han informado a sus familias sobre su ubicación, a pesar de las solicitudes judiciales. Pedimos a las autoridades nicaragüenses que proporcionen información inmediata sobre su paradero y nos permitan a nosotros y a otras organizaciones de derechos humanos el acceso a todas las cárceles y otros centros de detención donde se cree que están detenidos.
Estamos observando una práctica emergente e inquietante consistente en la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las personas que han participado en meras protestas. Por ejemplo, la policía acusó públicamente a Medardo Mairena de la muerte de varios oficiales y lo calificó de “terrorista”. El lunes, el Congreso nicaragüense adoptó una ley sobre el blanqueo de dinero y el terrorismo, con una definición muy amplia de terrorismo, lo que plantea la preocupación de que pueda ser utilizada contra las personas que participan en las protestas.
En medio del creciente clima de temor y desconfianza, crece la preocupación de que la violencia se intensifique cuando Nicaragua se prepare para celebrar este jueves 19 de julio el Día de la Liberación, en conmemoración del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas.
La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica.
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