GINEBRA (7 de febrero de 2020) Estamos muy preocupados por los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos cometidos contra ellos.
La mayor parte de los ataques han sido perpetrados por colonos, quienes intentan obligar a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras ancestrales, con el fin de utilizarlas para la tala ilegal y la cría de ganado.
Según datos recogidos por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), desde 2015, unas 40 personas indígenas han sido asesinadas, 47 han sido heridas, 44 secuestradas y cuatro permanecen desaparecidas, en casos relacionados con invasiones de tierras.
El incidente más reciente ocurrió el 29 de enero de 2020, cuando decenas de hombres armados atacaron a la comunidad Mayangna que habita en el interior de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, un área protegida remota de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a 300 km al norte de Managua. Cuatro miembros de la comunidad Alal, en el territorio de Sauni As resultaron muertos, otros dos heridos y 16 casas incendiadas, lo que obligó a cientos de personas de la comunidad y sus alrededores a huir. Los agentes de la policía no llegaron al lugar hasta el día siguiente.
El pasado noviembre los Mayangna informaron públicamente que habían recibido amenazas de muerte de parte de los colonos, e indicaron que no recibieron la protección adecuada.
Además, el 4 de enero de este año, el Sr. Mark Rivas, un líder indígena Miskitu, fue hallado muerto con una herida por arma de fuego en Bilwi, en la misma Región Autónoma. El Sr. Rivas habría recibido amenazas de muerte anónimas después de acusar al partido gobernante de crear divisiones entre las comunidades indígenas.
En virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos, y no pueden ser desplazados por la fuerza. El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas y sus tierras, incluso frente a terceros.
En la actualidad, el 31% del territorio nacional alberga pueblos indígenas y afrodescendientes. Aunque el Estado nicaragüense les ha concedido derechos sobre sus tierras ancestrales mediante la aprobación de la Ley 445 en 2003, siguen enfrentándose a desafíos y presiones debido a las recurrentes invasiones de colonos.
Según una evaluación conjunta de una organización no gubernamental danesa y el Gobierno Territorial de los Mayangna, de 1999 a 2015 se deforestaron en promedio 600 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás por año, y la tasa de deforestación se duplicó de 2010 a 2015. En la zona donde se produjeron los últimos homicidios, el número de hogares no indígenas se duplicó de 2009 a 2015, hasta casi 200.
Instamos a las autoridades nicaragüenses a que realicen investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos incidentes, y a juzgar y sancionar a los responsables. También exhortamos a las autoridades a que proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias, y a que presten asistencia a las personas desplazadas por la fuerza, incluidas las que ya han regresado a sus comunidades.
Es fundamental que las autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia y proteger las tierras, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.
FIN
