Ciudad de Panamá (21 de mayo de 2021) – La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) expresa su preocupación por las medidas adoptadas recientemente por las autoridades Nicaragüenses, como la aprobación de la reforma electoral, la composición del Consejo Supremo Electoral, la disolución de dos partidos políticos, y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la presidencia.
“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Alberto Brunori, Representante de OACNUDH.
Es de reconocer que la reforma electoral aprobada el 4 de mayo introduce disposiciones que propician la participación política equitativa de las mujeres. Sin embargo, contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos. La mayoría de estas restricciones ya estaban previstas en las leyes Nº 1040 sobre Agentes Extranjeros y Nº 1055 sobre Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, aprobadas a finales del año pasado.
El nombramiento de nuevos magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral se hizo por parte de la Asamblea Nacional, donde el partido de Gobierno mantiene una larga mayoría, sin el proceso de consulta con las asociaciones civiles pertinentes, como contemplado por el artículo 138.9 de la Constitución nicaragüense. Ello pone en duda su independencia e imparcialidad.
El 18 de mayo, ese Consejo canceló la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), precluyendo la participación de varias candidaturas de la oposición en las próximas elecciones y sin haber dado la posibilidad a sus representantes de presentar argumentos en su defensa. El 19 de mayo, también fue cancelada la personalidad jurídica del Partido Conservador (PC).
“La disolución es el castigo más severo que se puede imponer a un partido, y por lo tanto solo puede ser tomado cuando su mera existencia supone una amenaza grave a la democracia”, señaló el Representante Regional Alberto Brunori. “Resulta problemático que el Consejo Supremo Electoral haya tomado esta medida contra el PRD por una supuesta separación de los principios bíblicos fundacionales del partido, siendo una causal que no se encuadra en ninguno de los supuestos aceptados por el derecho internacional de los derechos humanos para restringir la libertad de asociación” agregó Brunori.
Asimismo, el 20 de mayo el Ministerio de Gobierno difundió una nota de prensa señalando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a su ex directora y ahora aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, por presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero. Ese mismo día, la Policía allanó las oficinas de la Fundación, que estaban vacías, y las instalaciones del medio informativo Confidencial, dirigido por su hermano Carlos Fernando Chamorro. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro permanece cerrada desde el 5 de febrero pasado, tras negarse a funcionar bajo los requisitos de la Ley de Agentes Extranjeros.
La Oficina Regional hace un llamado al Estado nicaragüense a modificar la ley electoral para alinearla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y a restablecer plenamente las garantías para el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de participación política que resultan requisitos indispensables para un proceso electoral libre, creíble, equitativo y participativo.
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