GINEBRA (20 de marzo de 2020) – La mejor respuesta frente a una potencial catástrofe económica y social provocada por la crisis del COVID-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a las personas de menores recursos a través de enfoques financieros audaces, señaló hoy un experto en derechos humanos de la ONU.
“Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia”, afirmó Juan Pablo Bohoslavsky, el Experto Independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU. “Exhorto a los gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”.
“Me alienta que muchos países estén contemplando medidas de estímulo económico a gran escala. Sin embargo, estas medidas deben ser diseñadas cuidadosamente para asegurar que su principal contribución va mucho más allá de salvar solo a grandes compañías y bancos”, señaló.
“Es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos. El pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública. Los desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos”, urgió el Experto Independiente.
“Quienes trabajan en el sector informal, lo/as trabajadores/as autónomo/as, y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad”, señaló.
Señalando que la recesión global que se está desplegando puede ser un completo desastre o una oportunidad para soluciones innovadoras, el experto de la ONU urgió a los gobiernos a enmarcar sus políticas económicas relacionadas con el COVID-19 en los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.
“En los últimos años hemos visto las consecuencias adversas de la mercantilización y privatización de un número de servicios esenciales, incluyendo el cuidado de la salud y la salud pública. Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, afirmó Bohoslavsky.
De acuerdo al Experto Independiente, los contratos de deuda y los derechos de propiedad (real, personal o intelectual) existen en un universo legal y social más amplio en el cual los derechos humanos deben prevalecer. Si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud. En particular, ningún derecho económico privado puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.
El Experto Independiente también llamó a las instituciones financieras internacionales a movilizar de manera urgente sus recursos financieros para ayudar a los países a combatir la pandemia. “Estoy profundamente preocupado por la reciente respuesta negativa del FMI frente a la solicitud de Venezuela de recibir ayuda financiera para afrontar la crisis del COVID-19.”
“El argumento del FMI sobre la falta de “claridad” acerca del reconocimiento internacional del gobierno del país no puede justificar una decisión que pone en grave riesgo a la totalidad de la población venezolana y, por añadidura, al mundo entero. Esta decisión podría constituir una violación seria de derechos humanos y exigiría una rendición de cuentas por parte de la institución y sus gestores”, afirmó Bohoslavsky.
“La crisis es una oportunidad para reflexionar y revertir la ideología de acuerdo a la cual el crecimiento económico es el único camino para avanzar. En particular, nos apela a cuestionar y cambiar nuestros patrones y comportamientos de consumo si somos serios en cuanto a intentar asegurar el disfrute de los derechos humanos de todos y la protección del medio ambiente”, concluyó Bohoslavsky.
FIN
Juan Pablo Bohoslavsky (Argentina) fue nombrado Experto Independiente sobre el impacto de la deuda externa y los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de mayo de 2014. Anteriormente trabajó como Experto en Deuda Soberana para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde coordinó un Grupo de Expertos en Endeudamiento y Préstamos Soberanos Responsables. Es independiente de cualquier gobierno u organización y actúa a título individual.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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