Guatemala, jueves 15 de marzo de 2012
Buenos días,
Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Ha sido un gran placer visitar Guatemala en este momento crítico de su historia. Algunos esfuerzos importantes se han realizado en la lucha contra la impunidad y en diversas reformas destinadas a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los guatemaltecos – sin embargo aún persisten grandes retos.
Guatemala debe decidir entre romper con el pasado y transformarse en un Estado moderno firmemente cimentado en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, o si desea más del mismo viejo sistema fracasado que ha beneficiado sólo a unos pocos. He visto señales promisorias de que el país está haciendo la elección correcta, y deseo en esta oportunidad resaltar algunos de los principales temas pendientes.
La crítica situación actual de Guatemala, 15 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, proviene directamente del hecho de que esos Acuerdos no han sido cumplidos y por tanto los problemas estructurales permanecen sin resolverse. Deseo enfatizar que los Acuerdos de Paz continúan siendo válidos y contienen la agenda que Guatemala necesita seguir para alcanzar la paz duradera, el desarrollo y la reconciliación dentro del marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos de todas y todos los guatemaltecos. Me he reunido con el Presidente Otto Pérez Molina y él me ha reafirmado su compromiso de implementar los Acuerdos. Espero, por el bien de los guatemaltecos, que esta promesa sea cumplida.
Durante mi visita también me reuní con los Ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, así como con el Presidente y la Vicepresidenta del Congreso, y los Presidentes de las Comisiones de derechos humanos y asuntos constitucionales. Tuve la oportunidad de sostener reuniones con el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento.
Me reuní también con la Fiscal General, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y con representantes del equipo de país del Sistema de Naciones Unidas y del cuerpo diplomático. Asimismo, me reuní en varias ocasiones con la sociedad civil, autoridades y líderes indígenas, y representantes del sector privado.
Deseo agradecer al Gobierno por su hospitalidad y por su diálogo sincero y abierto. También deseo agradecer a todos y cada uno de aquellos, tanto en el Estado y como en la sociedad civil, que generosamente me dedicaron su tiempo y compartieron su visión para que pudiera comprender mejor este maravilloso y complejo país. También deseo agradecer a las Autoridades Ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán por la calurosa bienvenida que me brindaron, así como a la Fiscal General por la organización de un evento muy importante sobre impunidad. Un agradecimiento especial a Oliviero Toscani por las más bellas fotografías que reflejan la riqueza de la diversidad de este país, incluyendo a indígenas, blancos, asiáticos y afrodescendientes.
Durante mi estancia en el país he conversado con muchas personas y he escuchado sus historias – historias de abuso y violaciones, pero también de perseverancia y optimismo, de esperanza y de sueños. Mi Oficina en Guatemala recién presentó la semana pasada mi informe anual, el cual contiene un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en el país, por lo que no repetiré ese análisis ahora. Me enfocaré en algunas de mis principales conclusiones al término de mi visita a Guatemala.
Como mencioné anteriormente, he visto muchas señales alentadoras respecto a la dirección que Guatemala está tomando para hacer frente a la alarmante impunidad: saludo la ratificación del Estatuto de Roma, la cual envía un claro mensaje de que la impunidad en graves crímenes –del pasado, del presente o del futuro- no será tolerada. También resulta esperanzador que durante los dos últimos años, por primera vez, hayan sido llevados ante la justicia casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, tales como las sentencias dictadas por la masacre de Dos Erres y las investigaciones en curso por el caso de genocidio en la región Ixil, que incluye un ex presidente de facto. Debo enfatizar que esto ha sido posible sólo gracias a los incansables esfuerzos de los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, y al firme liderazgo y compromiso de la Fiscal General. La importante coordinación entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y la Policía, con el apoyo de la CICIG, también ha contribuido a este logro.
El martes visité el cementerio La Verbena y me conmovió el poder atestiguar los enormes esfuerzos para buscar a personas desaparecidas, y para devolver la identidad y dignidad de quienes han sido enterrados como “XX”. Estas personas también tienen esperanzas y sueños y no deben ser olvidadas.
A pesar de los logros, aún permanecen pendientes en el Congreso varias reformas sustantivas que son urgentes para permitir que el sistema de justicia supere obstáculos estructurales y sea verdaderamente independiente, imparcial y accesible a todos. Esta no es una tarea fácil, pero es posible –sólo se necesita de suficiente voluntad política para hacerla realidad.
También saludo los recientes logros en la lucha contra el crimen organizado. Cuando los delitos del pasado permanecen sin castigo, la impunidad fomenta la comisión de nuevos delitos, desde graves violaciones a los derechos humanos hasta otras actividades ilegales. Los esfuerzos para acabar con la impunidad del pasado darán como fruto la mejora en la seguridad y la estabilidad de Guatemala, tanto el presente como en el futuro – pero los retos son inmensos.
La inseguridad, la violencia y el crimen son serias preocupaciones para todos los guatemaltecos y guatemaltecas en la actualidad. Hoy día hay más muertes violentas cada año, que en tiempos del conflicto armado interno, y vemos altos niveles de homicidios y violencia contra las mujeres.
Al tiempo que condeno enfáticamente los brutales métodos y acciones empleados por el crimen organizado, debo enfatizar que esto no debe ser utilizado por el Estado como excusa para operar fuera del marco de la ley. Atacar las contravenciones a la ley y el orden ignorando el Estado de Derecho ciertamente no es un enfoque sostenible, recomendable, ni lógico.
Para luchar contra la inseguridad, la violencia y el crimen, debemos atender primero sus causas estructurales y luego adoptar una estrategia integral, que abarque la prevención de la violencia, el control y la sanción, la rehabilitación y la protección de grupos en riesgo, y que esté firmemente basada en los derechos humanos de toda persona. Reitero que para ser exitosas, las políticas de seguridad necesitan estar enfocadas en medidas preventivas y atender las necesidades de aquellos grupos que tienen más riesgo, tanto de convertirse en víctimas como de caer presas del crimen, especialmente la juventud. Las medidas represivas a menudo aumentan el riesgo de estigmatización y pueden inadvertidamente terminar criminalizando actividades lícitas y el ejercicio de libertades civiles. Confío en que la reforma fiscal aprobada recientemente proporcionará los recursos adecuados, así como medidas efectivas, para combatir el crimen y la violencia, la inequidad, la exclusión social, la pobreza y el hambre, atendiendo especialmente la situación que afrontan las y los jóvenes.
El tema de la inseguridad es complejo y multidimensional. Además de lo que he mencionado, es necesario reformar y fortalecer a la Policía Nacional Civil, implementar un control de armas efectivo y supervisar a las empresas privadas de seguridad. Enfatizo que el Estado no puede delegar su obligación de garantizar la seguridad de toda la población, sin discriminación. Es imperativo priorizar la reforma de la Policía para asegurar el establecimiento de una fuerza policial profesional y suficientemente dotada de recursos.
Veo también con preocupación las denuncias sobre el creciente uso del ejército en funciones de seguridad. Deseo recalcar que cualquier participación de las fuerzas armadas debe ser como apoyo a la función propia de la policía y sin desviar recursos de la policía; bajo protocolos claros y preestablecidos, limitada en tiempo y alcance; y sujeta a dirección y control civiles, a fin de asegurar la rendición de cuentas. El Presidente me ha asegurado que cualquier participación de militares en funciones de seguridad es temporal.
Otro de los principales retos de Guatemala continúa siendo cómo superar el racismo y la discriminación racial. En todos los lugares que visité, fui consciente de crecientes divisiones y veo que las posibilidades de diálogo y acercamiento se debilitan a medida que pasa el tiempo.
Aunque los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población, continúan siendo sujetos de exclusión y negación de sus derechos humanos. Durante mi reunión con las autoridades indígenas ancestrales en Totonicapán el pasado martes, me impactaron las voces unánimes que describieron la exclusión en todas las esferas, incluyendo el acceso a servicios básicos, propiedad de la tierra, acceso a la justicia, participación en entidades y procesos de toma de decisión, así como la criminalización de líderes indígenas que ejercían su derecho a disentir.
Estoy especialmente preocupada por el impacto que los proyectos económicos de inversión tienen en los pueblos indígenas. Guatemala fue promotora de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en 2007 y uno de sus primeros signatarios. La Declaración subraya que los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en la toma de decisión de asuntos que afecten sus derechos, no obstante los representantes de los pueblos indígenas me indicaron que esto no está sucediendo. La Declaración establece que los “Estados deben consultar a los pueblos indígenas con el fin de obtener el consentimiento libre e informado, previo a la aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y recursos”. Me he reunido con representantes del sector privado, quienes expresaron su preocupación con respecto a las consultas. Mi respuesta para ellos fue la necesidad de aplicar las provisiones específicas contempladas en la Declaración.
Aunque la Constitución reconoce de manera general una protección para las tierras y territorios indígenas, no existen leyes que reconozcan las prácticas tradicionales de tenencia, posesión y propiedad colectivas de las comunidades indígenas. Quisiera resaltar la necesidad de que el Estado lleve a cabo una revisión exhaustiva de las leyes y políticas existentes relativas a las tierras indígenas, minerías y medio ambiente, en particular una reforma a la Ley de Minería, de acuerdo a los estándares internacionales, de modo que se evite el aumento del número de desalojos que mi Oficina ha documentado.
Como mi Oficina observó en Alta Verapaz y El Petén, en un contexto de inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, los desalojos forzosos han constituido una violación múltiple a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la alimentación y a una vivienda adecuada. He hecho un llamamiento urgente a las autoridades para seguir el ejemplo de la Fiscalía General para establecer un protocolo que pueda prevenir los abusos y garantizar el derecho de defensa y al debido proceso.
En Totonicapán también he escuchado de procedimientos judiciales contra personas que protestan legítimamente en defensa de sus derechos. Me gustaría destacar el papel sustancial que las y los defensores de los derechos humanos desempeñan en Guatemala – de hecho, me reuní con la sociedad civil y me enteré de las dificultades diarias que enfrentan trabajando en temas de justicia e impunidad, seguridad, migrantes, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la mujer, derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.
He urgido al Gobierno a reconocer públicamente su contribución a la justicia y la democracia, así como a adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para aquellos que están en riesgo o enfrentan amenazas, ataques, intimidación y criminalización debido a su labor en derechos humanos. También animo al Gobierno a hacer uso del conocimiento, el compromiso y la experiencia de la sociedad civil para desarrollar políticas en una amplia variedad de sectores.
Entiendo que el Congreso pronto elegirá a un nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Durante mi reunión con el Legislativo fui informada sobre los procedimientos de elección de esta institución clave. Quiero reiterar la importancia de este proceso de selección y espero que se lleve a cabo bajo los principios de transparencia, objetividad, publicidad y participación. Exhorto a la sociedad civil -incluidos los medios de comunicación – para monitorear activamente el proceso de selección con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios que he mencionado anteriormente. Mi Oficina, presente en el país desde 2005, observará de cerca este proceso.
El nuevo Gobierno ha expresado su voluntad de abordar todos estos temas y preocupaciones respecto a los derechos humanos, y doy la bienvenida a su compromiso.
Para finalizar, quiero subrayar una vez más que una agenda clara, bien pensada y consensuada con todos los sectores de la sociedad guatemalteca para superar los problemas de derechos humanos más graves en Guatemala ha estado pendiente durante 15 años: la misma está contenida en los Acuerdos de Paz. El Presidente me informó hoy día de los tres pactos que quiere aprobar para avanzar en la implementación de dichos Acuerdos – en materia de paz, justicia, seguridad; Hambre Cero; y reforma fiscal. Mi Oficina, al igual que el Sistema de Naciones Unidas, está dispuesta a contribuir con estos esfuerzos y a dar seguimiento a su evolución, y así garantizar el pleno disfrute de todos los derechos de todas y todos los guatemaltecos.
