La Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá.
El estudio permite disponer de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y puede ser de utilidad para trazar líneas estratégicas y acciones concretas para garantizar la efectiva realización de los derechos de los bribris, los emberá, los buglés, los ngäbe, los naso y los wounaan. Se abordan temas como: tierras, territorios y recursos, libre determinación, justicia, participación política, educación, salud e igualdad y no discriminación.
El documento recoge el reconocimiento y protección jurídica de las tierras y territorios que el Estado panameño ha otorgado a los pueblos indígenas a través de la creación de las Comarcas. Además, muestra el esfuerzo del gobierno por dar protección jurídica a los territorios de los pueblos indígenas que no están dentro de los límites territoriales de las comarcas, a través de la Ley 72 de 2008 sobre Tierras Colectivas.
Sin embargo, la titulación no ha logrado ser una medida eficaz para evitar las invasiones a los territorios indígenas y las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
En este sentido, los Órganos de Tratados de derechos humano, han expresado su preocupación ante la falta de consulta con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas ante decisions administrativas o legislativas que puedan afectarles. Los mecanismos de derechos humanos, así como los pueblos indígenas exhortan al gobierno a celebrar consultas de buena fe ante cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos, señaló la señora Carmen Rosa Villa, Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre el derecho a la libre determinación, el estudio plantea la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar su plena autonomía. Por ello es necesario consolidar e implementar políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas que sean coherentes con los estándares internacionales.
En el ámbito de la justicia, el Diagnóstico destaca los avances del nuevo Código Procesal
Penal de 2008, que reconoce la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas y establece normas de coordinación entre el sistema nacional de justicia y el sistema de justicia tradicional. Pese a los avances, el Diagnóstico manifiesta que deben
reforzarse la capacitación y asesoramiento a los letrados y proveer la debida interpretación en los idiomas indígenas en los procesos judiciales.
En cuanto al derecho a la participación política, a pesar de representar el 12% de la población total del país, la representación parlamentaria indígena es escasa, y más reducida aún es la representación de la mujer indígena. De los 12 congresos generales, máximos órgano tradicional indígena, solamente una mujer ocupa el cargo de cacica general.
En el ámbito de la educación, la aprobación de la Ley 88 de 2010, que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas y dicta normas para la educación intercultural bilingüe, ha constituido un avance legislativo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero es necesario intensificar la puesta en marcha de medidas afirmativas que reduzcan la brecha existente en el acceso a la educación entre la población indígena y la población no indígena tanto en la educación básica como la educación superior.
Los hallazgos del diagnóstico en materia de salud constatan las numerosas iniciativas del Ministerio de Salud y la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas para garantizar un servicio de salud de calidad en armonía con la cosmovisión de los pueblos indígenas y sus prácticas tradicionales. Sin embargo, los órganos de tratados de derechos humanos han enfatizado la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso en las áreas rurales y de difícil acceso, así como reducer la tasa de muertes maternas en las áreas
indígenas, indicó la señora Villa.
El último de los temas que aborda el Diagnóstico, es el derecho a la igualdad y a
la no discriminación. La participación decidida y activa del/la representante indígena en la Comisión contra la Discriminación Racial es crucial para el logro, en el futuro, un plan nacional contra la discriminación. El documento destaca la existencia en la Defensoría del Pueblo de la unidad especializada de asuntos indígenas, la cual requiere de un mayor apoyo en recursos humanos y herramientas de gestión.
Con el objetivo de combatir la discriminación racial y étnica, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado vienen desarrollando un protocolo de actuación para la atención de los casos de discriminación racial y étnica que permita a la institución tomar acciones concretas para erradicar la discriminación, destacó la señora Villa.
FIN
Para solicitudes de prensa contactar a Tilcia Delgado al 302-4567/ 6671-3569 o
escribir a tdelgado@ohchr.org.
Para consultar el Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá visite: https://oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/PANAMÁ.pdf
