La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que le preocupa un fallo de la Corte Constitucional República Dominicana que puede privar a decenas de miles de personas de una nacionalidad, casi todos de origen haitiano. La decisión tendrá un impacto muy negativo en otros derechos, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina.
El pasado 26 de septiembre, la Corte dictaminó que los hijos de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en República Dominicana a partir de 1929 no podrán tener la nacionalidad dominicana al considerarse que sus padres estaban en tránsito.
Hasta 2010, en el país había regido el principio de la “nacionalidad automática” para todos los nacidos en suelo dominicano. Pero una nueva Constitución promulgada ese mismo año estableció que la ciudadanía sólo se garantizaba en el caso de nacidos dentro del país, siempre que al menos uno de sus padres fuera ya dominicano o residente legal.
La decisión, que será inapelable, otorga a la Junta Central Electoral un año para elaborar una lista de personas a ser excluidas de la ciudadanía, y describe una serie de pasos que conducen a la elaboración de un plan de regularización de los inmigrantes indocumentados. La decisión podría tener consecuencias desastrosas para las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana, lo que los deja en un limbo constitucional, con decenas de miles de ellos sin estado y sin acceso a los servicios básicos para los que se requieren documentos de identidad.
“Instamos al Gobierno dominicano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana no se vean privados de su derecho a la nacionalidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país”, señaló, Shamdasani.
