El borrador de Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) es objeto de un proceso de presentación y validación que se inició en septiembre 2013 y se extenderá hasta diciembre de este año. Ese proceso de consulta busca recoger los comentarios que expertos y expertas, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de afinar la herramienta propuesta.
El 18 de noviembre próximo, la Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, presentará el Protocolo en la quinta Conferencia de Estados Partes de la Convención Belém do Pará, que se celebrará en Washington. El 19 de noviembre, la señora Villa presentará también la herramienta en Quito, Ecuador, en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
El 26 de noviembre se llevará a cabo una validación nacional en Costa Rica, organizada conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Regional del Alto Comisionado. Los comentarios recibidos durante ese ciclo de consultas permitirán completar el Modelo de Protocolo para su posterior publicación en el 2014.
Varias entidades internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han resaltado la necesidad de contar con protocolos para mejorar la actuación de los Estados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, en particular el femicidio/feminicidio. El Consenso de Santo Domingo, aprobado durante la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se expresó en el mismo sentido.
El Modelo de Protocolo se inscribe en ese esfuerzo. Promueve la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación de los femicidios/feminicidios, proporciona orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación, enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género a fin de que se apliquen las sanciones a los responsables y se repare a las víctimas y, brinda herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.