GINEBRA-PANAMÁ (14 de abril de 2014). El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad revisó, en su undécimo periodo de sesiones el informe periódico presentado por el Estado costarricense sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD).
El Comité saludó los avances realizados para lograr una mayor inclusión e igualdad de condiciones para las personas con discapacidad e hizo una serie de recomendaciones dirigidas a garantizar el pleno disfrute de los derechos de estas personas.
Entre las recomendaciones formuladas, el Comité expresó preocupación porque el Estado no ha armonizado su legislación después de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, recomendó que se inicie un programa sistemático de revisión de sus leyes que abarque la Constitución para adecuarla a los principios y obligaciones generales previstos en la Convención. La revisión debe incluir los ordenamientos civiles, familiares, penales, laborales y de educación.
En este marco, el Comité recomendó que se retire del trámite legislativo el proyecto de Ley No. 17.777 sobre investigación biomédica, mediante el cual se autoriza que los tutores de personas declaradas “incapaces” puedan decidir sobre la experimentación científica e investigación en sus cuerpos, sin su consentimiento libre e informado. El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Legislativa en segunda lectura este mes de abril.
Los expertos solicitaron al Estado designar los puntos focales encargados de la implementación de la Convención en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y urgió al Estado que designe un mecanismo independiente de monitoreo que cumpla con los principios de París y que fortalezca sus capacidades con presupuesto y recursos adecuados para garantizar efectivamente su mandato.
El Estado deberá presentar un informe de los avances logrados en los últimos dos aspectos, arriba señalados, en un plazo de 12 meses.
El Comité también abordó otros temas, como la protección de las personas con discapacidad contra el abuso y la violencia, la educación inclusiva, la participación en el mercado laboral, la autonomía en la toma de decisiones, y la inclusión de las mujeres con discapacidad en las políticas de equidad de género, entre otros.
Finalmente, el Comité recomendó que se difundan las observaciones finales entre los miembros del Gobierno y de la Asamblea Nacional, los funcionarios de los ministerios competentes, de la judicatura y los grupos profesionales pertinentes.
Costa Rica es uno de los 143 Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y presenta informes periódicos al Comité, integrado por 18 expertos independientes. El próximo informe periódico deberá rendirse el 1 de noviembre de 2018.
FIN
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Para leer el documento completo sobre las recomendaciones y observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad viste:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=909&Lang=en
