Por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Recientemente, nuevas leyes han sido adoptadas para castigar o silenciar a las lesbianas y los gays en una serie de países. Tales leyes y la discriminación resultante, que a menudo afecta a las personas transgénero también, violan los derechos humanos universales
El mes pasado, miles de ugandeses se unieron a la “celebración” de la nueva ley contra la homosexualidad en el país, que castiga a los gays y lesbianas con reclusión perpetua y persigue organizaciones de derechos humanos que los y las defienden. En enero, el presidente de Nigeria firmó una nueva ley que castiga a las uniones del mismo sexo con hasta 14 años de cárcel. Se encuentran entre por lo menos 77 países que penalizan la homosexualidad. Cinco, incluyendo a Arabia Saudita e Irán, prescriben la pena de muerte para las relaciones homosexuales consensuales entre adultos.
En varios países de Europa del Este y Asia Central, miembros del Parlamento han solicitado recientemente leyes que castiguen cualquier intento de presentar a las relaciones “no tradicionales” – y, específicamente, homosexuales – con una luz positiva, restringiendo la libertad de expresión y de reunión.
Tanto en Kenia como en la República Democrática del Congo, parlamentarios han hecho llamados para leyes severas contra la homosexualidad. El nuevo Código Penal de Brunei, que está previsto entre en vigor en breve, establece la pena de muerte por conducta consensual entre personas del mismo sexo. En febrero, durante un discurso televisado para conmemorar la independencia del país, el presidente de Gambia, pidió luchar contra los homosexuales “de la misma manera que estamos luchando contra los mosquitos que causan la malaria, o si no de manera más agresiva”.
Este aparente endurecimiento de las actitudes contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) puede ser una táctica deliberada -impulsada por grupos religiosos bien financiados- para distraer la atención de los problemas reales, como la pobreza. La homofobia complace a los prejuicios y conceptos erróneos. Entre ellos: la idea de que la homosexualidad es algo “anti natural”; que los gays son más propensos a ser pedófilos; que despenalizar la homosexualidad conducirá automáticamente al matrimonio entre personas del mismo sexo; o que la igualdad de derechos para las personas LGBT, infringe de alguna manera la libertad de religión.
En realidad la homosexualidad es un hecho de la naturaleza que se observa en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia; se ha tolerado durante siglos en muchas sociedades, y solo ha surgido recientemente como una cuestión política. No hay evidencia alguna de que los homosexuales abusen a niños con mayor frecuencia que los heterosexuales. El abuso sexual de niños es un delito, ya sea si el autor es homosexual o heterosexual, y nadie quiere cambiar eso. Pedir el fin a la persecución de las personas LGBT es un llamado para poner fin a la discriminación y la violencia, una premisa básica de nuestros derechos humanos universales.
No está relacionado con el matrimonio entre personas del mismo sexo, un tema que las sociedades pueden optar por debatir en el ámbito nacional. Por otra parte, la libertad de religión no significa la libertad para perseguir o actuar con prejuicios e intolerancia.
Para contrarrestar estos prejuicios, mi Oficina lanzó el año pasado Libres e Iguales -una campaña sin precedentes de las Naciones Unidas- para aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas LGBT. Lo hicimos porque los derechos humanos son para todos los seres humanos. La discriminación por motivos de orientación sexual es tan irracional y errónea como la discriminación por el color de la piel e igualmente viola los derechos humanos.
Es más, la violencia que resulta de leyes homofóbicas e impacta a tantas personas LGBT es espantosa. Porque leyes generan acciones. Acciones policiales -como el reciente allanamiento de un proyecto de salud en Uganda porque supuestamente estaba “formando jóvenes en homosexualidad”. Acciones judiciales –juicios y penas carcelarias para personas que no deberían ser tratados como criminales. Y acciones por miembros del público, porque un efecto secundario de tales leyes es que personas sienten que sancionan el abuso físico de personas LGBT, vandalismo a su propiedad, amenazas de muerte, y violaciones “correctivas” de lesbianas. Otro efecto secundario es el chantaje. Incluso una afirmación falsa que alguien gay puede crear tal daño a la reputación y dificultades legales que la persona prefiere pagar por el silencio.
Algunos pueden argumentar que tarde o temprano el tiempo se hará cargo de este problema: en el pasado, las personas LGBT enfrentaban persecución por los sistemas legales de muchos países en los que ahora pueden vivir libremente, pero no podemos simplemente esperar. Si cualquier otro grupo de millones de personas estuviera obligado a vivir con tal miedo y estigma, la comunidad internacional seguramente se uniría para condenar y demandar una respuesta inmediata. El hecho de que algunos países se niegan a reconocer la magnitud del problema y, que algunos alimenten activamente las llamas del prejuicio, hace que sea más urgente seguir presionando por el cambio. La clave será activar un debate mejor informado que disipe la insinuación, el mito y la calumnia y, nos recuerda que las personas LGBT tienen el mismo derecho a la dignidad y la libertad.
Para mayor información sobre la campaña de Naciones Unidas Libres & Igual visite: https://www.unfe.org/es
