Este miércoles, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la condena de 30 años de prisión contra una mujer, Teodora Vásquez, por homicidio agravado, una acusación comúnmente utilizada para enjuiciar a mujeres sospechosas de haber interrumpido deliberadamente su embarazo.
Teodora fue una de las cuatro mujeres con las que el Alto Comisionado se reunió en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango durante su reciente visita a El Salvador. Estas cuatro mujeres nos expresaron que habían sufrido abortos u otras emergencias obstétricas. Teodora señaló que estaba en el noveno mes de embarazo cuando sufrió un dolor intenso y llamó a los servicios de emergencia antes de desmayarse. Ella se despertó y descubrió que su bebé había nacido muerto. Fue acusada de terminar deliberadamente su embarazo y sentenciada a 30 años de prisión en enero de 2008.
El Salvador tiene una de las leyes de aborto más draconianas del mundo que prohíbe por completo el aborto, independientemente de las circunstancias, incluso si la vida de una mujer está en riesgo o si ha sufrido violencia sexual. El artículo 133 del Código Penal del país estipula penas de prisión de dos a ocho años para los que procuran o llevan a cabo abortos. Y, al igual que Teodora, bajo el Código Penal de 1988, al menos otras 41 mujeres han sido condenadas por homicidio agravado o en grado de tentativa después de sufrir abortos u otras complicaciones obstétricas.
Es importante resaltar aquí, como ya lo ha hecho el Alto Comisionado, que el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres que viven en la pobreza, como Teodora. No hemos visto a mujeres de orígenes de clases privilegiadas que hayan sido encarceladas en circunstancias similares en El Salvador.
Reiteramos el llamamiento hecho por el Alto Comisionado durante su visita oficial a El Salvador para suspender la aplicación del artículo 133 y revisar todos los casos en que las mujeres hayan sido detenidas por delitos relacionados con el aborto. De comprobarse que estos casos no cumplen con los estándares internacionales, las mujeres deben ser liberadas inmediatamente.
También hacemos un llamado a El Salvador para que cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y levante la prohibición absoluta del aborto como ya reiterado por los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
