SAN SALVADOR, El Salvador (2 de febrero de 2018) – SAN SALVADOR/GINEBRA (6 de febrero de 2018) – “El Salvador debe tomar urgentemente medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y poner fin al círculo vicioso de impunidad que hace posible estos crímenes” manifestó la experta de las Naciones Unidas.
En su declaración de final de misión, Agnes Callamard, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias destacó los complejos y prolongados problemas de seguridad en El Salvador, incluido uno de los más altos índices de asesinatos en el mundo, la mayoría de los cuales se atribuyen a las bandas. Expresó en su declaración final de misión su grave preocupación por los temores endémicos y generalizados y la inseguridad que prevalecen en el país.
“Durante mi visita, conocí a padres y madres que han perdido sus hijos por la violencia; mujeres jóvenes que han sido repetidamente sometidas a la violencia sexual, hombres jóvenes traumatizados por la experiencia de violencia vivida, abuelos que viven con el temor constante del día en que sus nietos serán reclutados por la fuerza para la violencia”, dijo la Relatora.
Callamard dijo que, para las víctimas, el trauma no tenía fin. «Las víctimas no tienen más remedio que caminar por los mismos senderos que sus violadores, de encontrarse con sus torturadores en la esquina de la calle, o ver pasar diariamente a los asesinos de su hijo».
La experta destacó que los homicidios parecen ser una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar el control territorial y su poder. “Pueden atacar a mujeres y niñas o miembros de pandillas rivales; se pueden dirigir a quienes se resisten a los esfuerzos de extorsión de las pandillas; o a policías y soldados. No son actos criminales al azar.»
“No importa lo complejo que sea el contexto, o lo difícil que sea movilizar recursos públicos, la respuesta del Gobierno a esta violencia endémica no debe agravarla. La cura no puede ser tan mala como la denuncia. Lamentablemente, encontré un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. Agudizando aún más por las muy débiles respuestas de las principales instituciones públicas, incluyendo a nivel de investigación y judicial”, así lo consideró la experta.
Callamard cree que la impunidad endémica y sus múltiples causas ayudan a alimentar la violencia. “Las personas de las comunidades más empobrecidas me hablaron de su miedo y la falta de confianza en los funcionarios de seguridad. Muchos comentaban que sienten estar en una guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres, con la policía y los funcionarios públicos tratando a toda la juventud como si fueran pandilleros simplemente por el mero hecho del lugar en el que viven.”
La Relatora Especial felicitó al gobierno por una serie de iniciativas de diligencia debida incluyendo el “Plan El Salvador Seguro”, “Yo Cambio” y “Jóvenes con todo”. Son señales positivas de que el gobierno está empezando a reconocer que la serie de estrategias de mano dura han fracasado y que es necesario que haya medidas integrales preventivas, de reintegración y de rehabilitación.
La aplicación por parte del gobierno de las medidas extraordinarias de seguridad que se adoptaron en 2016 ha dado pie a la detención de 39.110 personas en condiciones crueles e inhumanas, y con frecuencia en detención prolongada. “Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”, insta la Relatora Especial.
También indicó que un gran número de personas han huido de El Salvador debido a la violencia, pero para muchos este viaje les enfrentó con aún más violencia. “Muchos salvadoreños están siendo asesinados mientras huyen; desaparecen, sufren abusos sexuales o son detenidos en condiciones inhumanas en países vecinos o de destino «, dijo Callamard.
Aunque estos crímenes ocurren fuera del territorio de El Salvador, el Estado sigue teniendo la responsabilidad de proteger los derechos de sus poblaciones migrantes. Acojo con satisfacción la creación del banco de datos forense para migrantes desaparecidos y pido que se refuerce su capacidad. Habida cuenta de mis hallazgos también instó al gobierno de Estados Unidos a que extienda de nuevo el TPS para El Salvador”.
Destacó que el gobierno ha adoptado un marco jurídico ambicioso para la investigación y la prevención de los homicidios por motivos de género incluyendo crímenes de odio y feminicidio. “Trágicamente El Salvador sigue sufriendo de manera alarmante los altos niveles de feminicidios y personas LGBTQI, y en particular las mujeres transgénero.”
La experta aprecia la propuesta de reforma legislativa que establece una excepción a la prohibición absoluta del aborto por cuatro motivos y pide la despenalización del aborto para salvaguardar los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la autonomía y el bienestar.
Sus conclusiones y recomendaciones completas se incluirán en un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018.
FIN
Agnes Callamard (Francia), Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tiene una distinguida carrera en derechos humanos y trabajo humanitario a nivel mundial. Actualmente es Directora de Libertad de Expresión Global de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos), y ha trabajado con las organizaciones Artículo 19 y Amnistía Internacional. Ha asesorado a organizaciones multilaterales y gobiernos de todo el mundo, dirigido investigaciones de derechos humanos en más de 30 países y publicado extensamente sobre derechos humanos y otras áreas relacionadas.
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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