Ciudad de Panamá, 12 de marzo de 2018 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaron un panel de discusión para analizar la relevancia de la Opinión Consultiva No. 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y su relevancia en la consecución de los derechos humanos de las personas LGTBI en Panamá y la región.
El panel fue encabezado por la Comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, y tuvo como objetivo dar a conocer los principales estándares desarrollados por la Corte IDH a través de su opinión consultiva, facilitar un espacio de discusión, reflexión y análisis entre distintos actores de Panamá y discutir modos de implementación a efectos de dar cumplimiento de esta opinión de la Corte IDH.
En palabras de Alberto Brunori, Representante Regional de la OANUDH para América Central:
“La Opinión Consultiva de la Corte IDH establece claramente que la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es una violación de los derechos humanos, y ambas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, ningún argumento es válido para denegar o restringir los derechos humanos de las personas LGTBI, ni perpetuar la discriminación histórica y estructural que estas personas han venido sufriendo. En este contexto, la Opinión de la Corte marca un precedente histórico en relación con las obligaciones estatales para la garantía de los derechos humanos de todas las personas LGBTI en la región”
Brunori destacó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación sobre el aumento de actos de violencia y discriminación contra personas por su orientación sexual e identidad de género y ha establecido desde 2016 un mecanismo de protección (Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género).
“Solamente en las Américas, tales violaciones van desde homicidios, torturas y detenciones arbitrarias, hasta intimidación y presiones que conducen al suicidio”, señaló Brunori.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los primeros meses de 2017 se reportaron al menos 41 crímenes contra personas LGBTI en solo seis países, sin contar con el creciente número de casos de desplazamientos forzados producto del miedo, las amenazas y otras formas de discriminación.
“Con esta Opinión la Corte IDH se reitera que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo y, de ser necesario, adaptar su legislación para que estos derechos se extiendan a todas y todos por igual, con las mismas garantías, derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales,” señaló Brunori. “Asimismo, la Opinión de la Corte IDH menciona que los Estados deben establecer procedimientos adecuados para el cambio de nombre, la adaptación de la imagen y la rectificación de la referencia al sexo o al género, para que estos sean consistentes con la identidad de género autopercibida”.
Cabe destacar que la Opinión Consultiva de la Corte integra ampliamente los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, presentados, entre otros, por la Oficina del Alto Comisionado, los cuales complementan los estándares desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos. Como afirmado por la propia Corte, la función consultiva constituye “un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales”, por lo que dar cumplimiento cabal a esta Opinión Consultiva es una responsabilidad del Estado que va más allá del Gobierno de turno.
“Esperamos que esta Opinión Consultiva sea un primer paso para que los Estados del continente, incluyendo Panamá, desarrollen la normativa y las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI, y que este sea el inicio de una nueva era para el goce efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación”, concluyó Brunori.