GINEBRA (22 de febrero) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó el viernes que si las detenciones y condenas de personas que expresan opiniones disidentes continúan en Nicaragua, los esfuerzos actuales para comenzar un diálogo que resuelva la crisis política y social en el país se verán inevitablemente socavados.
En los últimos seis meses, cientos de personas -entre ellas líderes campesinos, estudiantes, ex políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil- han sido arrestados y recluidos en prisión preventiva durante largos periodos de tiempo en relación con el supuesto papel que jugaron durante las protestas entre abril y julio de 2018.
Desde diciembre, en medio de crecientes preocupaciones sobre la independencia del poder judicial, varios tribunales penales en Managua han dictado sentencias de culpabilidad y han impuesto penas extremadamente severas contra varios líderes de la oposición y contra líderes comunitarios, algunos de los cuales han cooperado con la ONU y han contribuido a dar visibilidad a los abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua.
Otras personas que han expresado opiniones disidentes, incluidos estudiantes, periodistas y un juez de la Corte Suprema de Justicia, han huido del país.
En muchos casos, los juicios que han llegado a los tribunales se han caracterizado por falta de transparencia, cuestionamientos respecto a la credibilidad e independencia de los testigos, restricciones indebidas de las pruebas y testigos presentados por la defensa, y limitaciones de acceso de los acusados a sus abogados.
«Estoy profundamente preocupada por la aparente falta de debido proceso y el aumento de la criminalización de la disidencia en Nicaragua», dijo Bachelet. «El arresto y encarcelamiento de líderes de la oposición, posiblemente en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU, dificulta claramente la creación del entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el Gobierno dice querer».
Destacados líderes condenados o sentenciados en las últimas semanas en circunstancias muy controvertidas incluyen al líder estudiantil Jonathan López, sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel; los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, sentenciados a 216 y a 210 años de prisión respectivamente; y ex oficiales del Ejército Carlos Brenes y Tomás Maldonado para los que la Fiscalía solicita 32 y 34 años respectivamente.
«Se necesita una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas que participaron en las protestas, para garantizar que los casos hayan sido tratados adecuadamente en cada etapa por la Policía, los fiscales y los jueces», dijo Bachelet.
«También insto a las autoridades a que liberen a todas las personas privadas de libertad en relación con su derecho intrínseco a la protesta pacífica y la disidencia, y que garanticen que las personas que cooperan con la ONU y otras organizaciones de derechos humanos no sufran represalias».
«Es un principio fundamental de la democracia que personas de todos los sectores de la sociedad puedan participar libremente en el debate sobre el futuro de su país, sin temor a ser arrestados o intimidados», afirmó la Jefa de Derechos Humanos de la ONU.
