GINEBRA – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el viernes que es esencial que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas.
“En mi condición de doctora en Medicina, comprendo la necesidad de aplicar una gama de medidas para combatir el COVID-19 y, por haber sido Jefe de Estado, entiendo que a menudo es difícil equilibrar las arduas decisiones que es preciso adoptar”, afirmó Bachelet. “Pero nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.
“Entre quienes conforman esos sectores figuran las personas que perciben bajos ingresos, las poblaciones rurales de zonas remotas, las que tienen otros padecimientos previos, las que viven con discapacidades y los mayores que viven solos o en instituciones”, añadió la Alta Comisionada.
Los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurre, pero aún así pueden repercutir gravemente sobre la vida de las personas, dijo Bachelet.
Si bien las autoridades pueden considerar que es necesario cerrar las escuelas, esa clausura podría obligar a los padres a permanecer en casa e impedirles trabajar, una medida que con toda probabilidad afectará a las mujeres de manera más que proporcional.
Dejar de acudir al centro de trabajo a fin de cumplir una “autocuarentena” puede traducirse en merma de salario o en pérdida de empleo, con importantes consecuencias para los medios de subsistencia y la vida de la gente. La respuesta al brote del virus puede dificultar o impedir la atención sanitaria a personas con padecimientos graves o crónicos. Los trastornos causados en el comercio y el transporte pueden tener severas repercusiones, en particular sobre las empresas pequeñas o medianas, así como sobre sus empleados y clientes.
“Sectores de la población que actualmente sobreviven en condiciones precarias pueden verse abocados a la miseria por las medidas orientadas a contener el virus. Es preciso que los gobiernos estén preparados para responder de múltiples maneras a las consecuencias imprevistas de las medidas que adopten contra el coronavirus. También las empresas han de contribuir, respondiendo con flexibilidad a las repercusiones que puedan padecer sus empleados”, añadió Bachelet.
La Alta Comisionada elogió el hecho de que algunos gobiernos y organismos internacionales hayan empezado a poner en vigor medidas orientadas a paliar las repercusiones sobre los derechos económicos y sociales de la población.
“Habida cuenta de que todos estamos trabajando en terreno desconocido, insto a los Estados a que establezcan sistemas de intercambio de información sobre las prácticas idóneas que estén aplicando actualmente para atenuar las consecuencias socioeconómicas negativas del COVID-19 y los esfuerzos encaminados a prevenir su difusión. La solidaridad y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. También resulta obvio que será necesario destinar recursos a la protección social, de modo que las personas puedan sobrevivir económicamente durante una crisis que podría resultar muy larga”, declaró la Alta Comisionada.
“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet.
Para combatir eficazmente la epidemia, es preciso velar por que todos tengan acceso al tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por motivos económicos o a causa de la estigmatización.
Los gobiernos deben asegurarse de que la población en su conjunto, sin excepción, recibe toda la información pertinente en formatos e idiomas comprensibles y adaptados a las personas con necesidades específicas, tales como los niños, los que tengan discapacidades visuales o auditivas y quienes no saben leer o lo hacen con dificultad.
“La franqueza y la transparencia son cualidades fundamentales para empoderar a la gente y alentarla a participar en las medidas orientadas a proteger la salud de cada uno y de la población en general, especialmente cuando la confianza en las autoridades ha sufrido menoscabo. Esos factores también ayudan a contrarrestar las informaciones falsas o tendenciosas que tanto daño pueden causar, al azuzar el miedo y los prejuicios”, dijo la Alta Comisionada.
“Asimismo exhorto a los países afectados por el COVID-19 a que adopten todas las medidas necesarias para hacer frente a los incidentes de xenophobia y estigmatización”, añadió Bachelet.
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