GINEBRA (3 de abril de 2020) – Los Estados
alrededor del mundo deben adoptar urgentemente medidas incluyentes destinadas a
proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en su respuesta nacional
a COVID-19, tales como medidas preventivas, pruebas, tratamientos médicos,
servicios de salud y asistencia social, dijeron un experto y una experta de la
ONU hoy.
“Los Estados deberían también dar pasos hacia la regularización de las personas
migrantes indocumentadas siempre que sea necesario, para facilitar su acceso a
los servicios de salud durante la lucha contra la pandemia,” dijeron el Relator
Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González
Morales y la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro.
“Las personas migrantes en
situaciones irregulares, las que buscan asilo, las personas explotadas y
víctimas de trata pueden estar en un riesgo particular de contraer COVID-19
dado que sus ambientes laborales o de vivienda pueden exponerlas al virus sin
la protección necesaria,” dijeron.
“Estoy preocupado de que
algunas personas migrantes, incluyendo las que buscan asilo, no tengan acceso a
la mínima protección ante el contagio, ni siquiera agua limpia para lavar sus
manos. Muchas viven en albergues sobrepoblados o centros de detención sin
posibilidad de mantener una distancia física. Algunas personas migrantes
trabajan en la agricultura o en sectores informales sin ninguna medida de
protección,” dijo González Morales.
“Las personas que han obtenido permisos de residencia sobre la base de trata y
tienen un trabajo o participan en programas de capacitación deberían estar
autorizadas para obtener permisos a través de procedimientos fáciles. Dicha
medida apunta a evitar la precariedad y a asegurar su pleno acceso al cuidado de
salud,” añadió Giammarinaro.
“El experto y la experta de la ONU saludaron la decisión adoptada por algunos
Estados de otorgar derechos temporales de residencia, incluyendo acceso a
beneficios de salud y sociales, a personas migrantes, incluyendo solicitantes
de asilo, en el contexto de la lucha contra la pandemia.
“Nadie debería ser dejado
atrás en esta lucha global contra la pandemia. Los Gobiernos deben adoptar
medidas que aseguren que cada persona en su territorio nacional, sin importar
su estatus migratorio, sea incluida y tenga acceso a los servicios de salud
para lograr una contención exitosa de la pandemia por COVID-19,”
dijeron.
El Relator y la Relatora de la ONU también hicieron un llamado para una
extensión automática de al menos seis meses para todos los programas de
protección y asistencia para personas migrantes en situaciones vulnerables y
víctimas de trata que estén cerca de su fecha de expiración, para asegurar la
continuidad de los procesos de inclusión social de las sobrevivientes.
“La protección otorgada a niños y niñas cercanos a la adultez, no acompañados,
debe también ser extendida por un período mínimo de seis meses. Se debe prestar
particular atención a las instalaciones inadecuadas o sobre pobladas donde son
alojadas las personas migrantes,” dijeron la experta y el experto. Los
residentes de dichas instalaciones, ya sean abiertas o cerradas, deben contar
con información accesible sobre el brote de COVID-19, consejos prácticos sobre
cómo prevenir la infección y acceso a agua limpia, instalaciones de saneamiento
y otros materiales preventivos.
“En instalaciones sobre pobladas, donde es imposible para todos los residentes
practicar la distancia física, se deben identificar sedes alternativas y tomar
en consideración liberar a quienes tengan un lugar donde quedarse en la
comunidad. Es crucial establecer protocolos con los proveedores locales de
salud para asegurar acceso a pruebas, consultas médicas y tratamiento de todos
los residentes de las instalaciones migratorias,” dijo el Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes.
“Los derechos humanos
deben estar en el centro de la respuesta ante la pandemia por COVID-19. Medidas
incluyentes destinadas a proteger los derechos y la salud de toda la población,
incluyendo todas las personas migrantes y víctimas de trata, sin importar su
estatus migratorio, son urgentes y necesarias y pueden contribuir a la
efectividad de las medidas nacionales generales contra COVID-19,”
dijeron la experta y el experto de la ONU.
FIN
Sr. Felipe González
Morales (Chile)
fue nombrado Relator Especial sobre
los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017 por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. Como Relator Especial, es independiente de
cualquier gobierno u organización y sirve de manera individual. Es profesor de
la Universidad internacional de derecho Diego Portales, en Santiago, Chile,
donde también es director del programa de maestría en Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
Sra. Maria Grazia
Giammarinaro (Italia)
fue nombrada Relatora Especial
sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en junio de 2014. Ha sido juez desde 1991 y actualmente sirve como
juez en la Corte Civil de Roma. Fue Representante especial y coordinadora para
el combate de la trata de personas de la OSCE, y sirvió en la Dirección general
de justicia, libertad y seguridad de la Comisión Europea en Bruselas, donde fue
responsable del combate contra la trata de personas y la explotación sexual de
niños y niñas. La Sra. Giammarinaro redactó la Directriz de la Unión Europea
sobre la prevención y el combate a la trata de personas y la protección de sus
víctimas.
Las Relatorías Especiales
y los Expertos Independientes son parte de lo que se conoce como Procedimientos
Especiales del
Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el más amplio
cuerpo de expertos y expertas de derechos humanos en el sistema de Derechos
Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes del
Consejo para investigación de hechos y monitoreo que atienden ya sea
situaciones de país específicas o asuntos temáticos en todo el mundo. Los expertos
y las expertas de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria;
no son parte del staff de la ONU y no reciben salario por su trabajo. Son
independientes de cualquier gobierno u organización y sirven de manera
individual.