GINEBRA (27 de abril 2020)- El Gobierno de los E.E.U.U. debe utilizar con urgencia alternativas a la detención disponibles para los migrantes detenidos en centros administrativos superpoblados e insalubres para contrarrestar el riesgo de un brote de COVID-19, dijo hoy un experto en derechos humanos de la ONU.
“Es muy difícil mantener la distancia física necesaria en los centros de detención superpoblados. Reducir significativamente la cantidad de migrantes detenidos al liberarlos en entornos alternativos puede resolver esto fácilmente”, dijo el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
“Ninguno de esos migrantes está detenido por delitos penales, sino que simplemente están esperando decisiones sobre sus reclamos de inmigración”, señaló.
González Morales dijo que los expertos en derechos humanos de la ONU han recibido informes continuos sobre las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada para las 1.500 personas detenidas en el Centro de Procesamiento del Noroeste, ubicado en Tacoma, Estado de Washington. Este centro está dirigido por una empresa privada, el Grupo GEO, para el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
Junto a un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU*, González Morales ha pedido a la administración estadounidense y al Grupo GEO que garanticen el acceso a la atención médica, a instalaciones de agua y saneamiento adecuadas, y que refuercen las medidas para prevenir el brote y la propagación de COVID-19 dentro del centro.
«Hemos escuchado que faltan medidas de protección para los detenidos, que es imposible mantener la distancia física recomendada y que no se está poniendo a los recién llegados en aislamiento para su observación médica. Esto plantea graves preocupaciones de que el coronavirus pueda propagarse en el centro – el cual ha reportado problemas con la prestación de una atención sanitaria inadecuada y condiciones insalubres», dijo.
El Relator Especial dijo que la detención migratoria administrativa debería usarse como último recurso. Las autoridades deben primero explorar medidas alternativas, que son esencialmente soluciones no privativas de la libertad, alojamiento y atención comunitaria que son menos restrictivas, con el objeto de respetar los derechos humanos de las personas migrantes, y limitando el uso de la detención migratoria.
“Las autoridades deberían evaluar la capacidad de medidas alternativas fácilmente disponibles en el país y elaborar un conjunto de criterios para identificar a aquellas personas en detención administrativa que pudieran ser inmediatamente liberadas a espacios alternativos,” dijo González Morales.
“Alternativas a la detención generalizada en Estados Unidos, también garantizarían que las personas migrantes no sean detenidas arbitrariamente,” subrayó el Relator Especial.
FIN
*Expertos: Githu Muigai, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Chris Kwaja, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.
