Declaración de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración
Ginebra, 13 de mayo de 2020. La Red de las Naciones Unidas sobre Migración está preocupada por el reporte sobre Estados de muchas regiones que utilizan el retorno forzado de migrantes como medida en respuesta a COVID-19. La Red pide a los Estados que suspendan los retornos forzados durante la pandemia, a fin de proteger la salud de las personas migrantes y las comunidades, así como defender sus derechos humanos, independientemente de su condición migratorio. La lucha contra la pandemia no puede lograrse sin defender los derechos humanos.
Cuando se consideren necesarias el cierre temporal de fronteras y las restricciones a la circulación para impedir la transmisión de COVID-19, deben aplicarse de manera no discriminatoria y proporcional al objetivo de salud pública perseguido. Dichos cierres deben incorporar protocolos y procesos de salud para garantizar los derechos fundamentales en todo momento.
Mantener a todas las personas a salvo significa garantizar que ninguna se enfrente al riesgo de ser devuelta a lugares donde su vida, seguridad o derechos humanos se ven amenazados. Significa que deben detenerse las expulsiones colectivas, así como los retrocesos arbitrarios de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras; que las necesidades de protección deben evaluarse individualmente; y que el estado de derecho y el debido proceso deben ser observados. También significa priorizar la protección, incluidos los mejores intereses de todos los niños y niñas. Estas obligaciones contempladas en el derecho internacional no pueden detenerse y son vitales para el éxito de lucha contra COVID-19 en beneficio de todas las personas.
Los retornos forzados pueden intensificar los graves riesgos a la salud pública para todos– personas migrantes, funcionarios, trabajadores de la salud, trabajadores sociales y tanto comunidades de acogida como de origen. Los retornos forzados ejercen un peso adicional en los países de retorno. Muchos sistemas de salud están actualmente desbordados y carecen de la capacidad para proteger a los retornados y sus comunidades, incluido a través de realizar pruebas en su llegada y medidas de cuarentena y auto aislamiento que preservan la unidad familiar y aseguran el interés superior de la niñez. Los retornados pueden enfrentar riesgos adicionales durante el traslado y en el retorno, como la falta de acceso a servicios de salud adecuados, sistemas de agua y saneamiento deficientes, transporte terrestre interrumpido, restricciones adicionales de movimiento y discriminación violenta y estigma en las comunidades de retorno. En algunos contextos, las personas migrantes y solicitantes de asilo retornados pueden también estar en riesgo de sufrir desplazamiento prolongado, trata de personas, y dificultades financieras extremas con un aumento de los ya elevados niveles de desempleo debido al COVID-19.
La Red de Naciones Unidas sobre Migración recuerda el compromiso asumido por los Estados, en el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y para mejorar la gobernanza migratoria, incluida la cooperación para salvar vidas y mantener a las personas migrantes fuera de peligro. Utilizando este marco de acción colectiva para guiar prácticas migratorias durante la pandemia, la Red invita a los Estados a avanzar en el Objetivo 21 del Pacto Global para la Migración garantizando el debido proceso y defendiendo la prohibición de expulsión colectiva y del retorno de personas migrantes cuando haya riesgos previsibles para sus derechos humanos.
La Red reitera el reciente llamado del Secretario General para aliviar la situación de vulnerabilidad de los individuos que viven fuera de su país de origen en el contexto de COVID-19, incluso otorgando la residencia temporal a las personas migrantes e imponiendo una moratoria sobre las deportaciones y otros retornos forzados.
Muchos gobiernos han dado ejemplos positivos para asegurar que se incluya a los migrantes como parte de su respuesta integral al COVID-19. Entre ellos figuran la suspensión temporal de los retornos forzados y la concesión de prórrogas de visados y permisos de trabajo, residencia temporal u otras formas de estatus regular; así como liberar a las personas de detención migratoria y encontrar alojamiento alternativo, seguro y no privativo de libertad para ellos en la comunidad en lugar de buscar su deportación.
La Red de las Naciones Unidas sobre Migración está dispuesta a apoyar a los Estados en reproducir, adaptar y ampliar estas buenas prácticas – en línea con los compromisos establecidos en la Pacto Mundial para la Migración – que contribuirá a la realización de los derechos de todos migrantes, independientemente de su condición, protegiendo al mismo tiempo la salud de todos.
La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración se estableció para garantizar la eficacia, la puntualidad y el apoyo coordinado a nivel de todo el sistema a los Estados Miembros en su aplicación, seguimiento y revisión del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Mientras que el mandato de la Red está centrado en la migración y proporciona el contexto en el que esta declaración ha sido escrito, la Red pide a los Estados que también apliquen estas recomendaciones cuando se aplican a los refugiados y solicitantes de asilo y para proteger los derechos humanos y la salud de todos por igual, independientemente de la situación migratoria.
FIN