GINEBRA (24 de febrero de 2021) – El hecho de que el Gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, afirma el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que será presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos el 25 de febrero.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan las y los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
«Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más», señala el informe.
Los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el Gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes, indica el informe.
El informe describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
Las y los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones. La Oficina registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística.
Se ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales.
Según la sociedad civil, al 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos.
«Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes», ha dicho la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Entre otras preocupaciones destacadas en el informe está la aprobación de tres leyes, una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.
Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados «delitos de odio», así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención. Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes.
«Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país», dijo Bachelet.
«El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás», subrayó Bachelet.
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