48a sesión del Consejo de Derechos Humanos
Actualización Oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua
Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
13 de septiembre de 2021
Excelencias,
En mi última actualización oral ante este Consejo, alerté acerca de la preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente en lo que refiere al ejercicio de los derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.
Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diferentes candidatos y candidatas, libres de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades.
Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua.
Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi Oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Este grupo incluye a seis hombres y una mujer que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia, mientras que una precandidata a la vicepresidencia está siendo acusada en libertad.
La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias. Tan sólo el 31 de agosto el Ministerio Público comenzó a autorizar las visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.
El Ministerio Público informó que la mayoría de las acusaciones en contra de estas personas era por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros delitos presuntamente ligados a la implementación de fondos de cooperación. Según informaciones recibidas, a las audiencias no pudieron acceder familiares, prensa independiente y en la mayoría de los casos, tampoco abogados de confianza. Pese a haberse presentado varios recursos de habeas corpus, no tenemos información acerca de ninguna decisión judicial favorable a las personas detenidas.
Por otro lado, en agosto, el Consejo Supremo Electoral canceló arbitrariamente la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, invalidando sus candidaturas sin que pudiera presentar su defensa.
Este hecho, sumado a la cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado, eliminó todas las opciones posibles para las candidaturas de las principales agrupaciones de la oposición.
Excelencias,
Se han intensificado los ataques a la libertad de expresión. El 12 de agosto, el diario La Prensa denunció el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente, detuvieron a su gerente general.
Las amenazas por parte del Ministerio Público en contra de varios periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios motivaron la salida de muchos de ellos de Nicaragua para buscar protección. Mi Oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30.
Patrones similares de represión se están registrando contra personas defensoras de derechos humanos o que ejercen liderazgos sociales y políticos, abogadas y abogados, y personal médico o de ONGs, entre otros.
Entre el 28 de julio y el 26 de agosto, las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas se encontraban seis organizaciones internacionales de cooperación, varias asociaciones médicas que expresaron críticas sobre la respuesta gubernamental ante la pandemia, y organizaciones de mujeres, entre otras.
Cifras oficiales indican que, sólo en los meses de junio y julio, más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica, que en los primeros cinco meses de 2021.
Mi Oficina también recibió informes de que el 23 de agosto, al menos nueve personas indígenas habrían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con una disputa sobre tierras, en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte. Líderes indígenas habían denunciado a la policía la situación de amenaza diez días antes, solicitando su intervención. Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registrados en esa misma área desde enero 2020 permanecen impunes.
Valoro la presentación en julio por parte del Gobierno de Nicaragua de su primer informe nacional voluntario sobre los progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, sigue preocupando la ausencia de información oficial precisa sobre los contagios y muertes relacionadas con la COVID 19, lo que nos impide valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, tal y como señaló la Organización Panamericana de la Salud.
Excelencias,
Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil; y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil.
Además, las instituciones deben asegurar que no perdure la impunidad respecto a las graves violaciones de derechos humanos y abusos acontecidos en dicho periodo, proporcionando a las víctimas acceso a la justicia y reparación integral.
La solución a esta crisis necesita la participación de todos los sectores de la sociedad y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. Este es el camino delineado en las múltiples recomendaciones que he formulado durante estos años.
Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua contando con la plena disponibilidad de mi Oficina para coadyuvar a esos esfuerzos.
Gracias.
FIN
Para más información y solicitudes de prensa, por favor contacte con :
Rupert Colville + 41 22 917 9767 / rupert.colville@un.org o
Ravina Shamdasani – + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org o
Liz Throssell + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org o
Marta Hurtado – + 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org
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