OACNUDH condena detención del Obispo de Matagalpa y asedio contra la Iglesia Católica

Ciudad de Panamá, 19 de agosto de 2022 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH) expresa su más profunda preocupación y condena por el allanamiento realizado en la madrugada de hoy a la Curia Episcopal de Matagalpa y la subsecuente aprehensión del Obispo, Monseñor Rolando Álvarez, y otras siete personas, entre sacerdotes y laicos, que se encontraban retenidas y cercadas por la policía en ese edificio desde el 4 de agosto pasado. En horas de la mañana, la Policía Nacional ha informado que las personas aprehendidas fueron trasladadas a Managua, a la Dirección de Auxilio Judicial, y que el Obispo, que fue puesto en detención domiciliar en la capital, pudo reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal. El 5 de agosto, la policía había informado que los miembros de la Diócesis de Matagalpa estaban siendo investigados penalmente por intentar conformar grupos violentos e incitar al odio con el propósito de desestabilizar al Estado, por lo que se mantendrían en sus casas. De esta forma respondieron las autoridades a las exhortaciones y oraciones de Monseñor Álvarez dirigidas en la vía pública a los policías y fuerzas antimotines que el 4 de agosto le impidieron llegar a la Catedral para celebrar una misa. Estas acciones se dan en el contexto de una nueva ola de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, que en los últimos cuatro meses se manifestó a través de otros actos de acoso, amenazas, allanamientos, detenciones, obstaculización de ritos religiosos, encierro de sacerdotes y feligreses, y clausura de al menos 12 medios de comunicación confesionales, en contravención de las libertades personal, de circulación, religión y expresión. Las opiniones y expresiones independientes sobre las instituciones y autoridades del Estado deben ser protegidas como parte del ejercicio de la libertad de expresión. La detención del Obispo de Matagalpa, como represalia por su denuncia pública de violaciones de derechos humanos y en favor de las libertades públicas, suprimiría una de las últimas voces críticas en el país, cuyo espacio cívico ha sido prácticamente anulado en 2022 con el cierre de 1178 organizaciones de la sociedad civil y con el mantenimiento en detención arbitraria de 180 personas que deben ser liberadas.