GINEBRA (19 de septiembre de 2023) – Un experto de la ONU instó hoy a los Estados a acelerar las estrategias de descarbonización y desintoxicación y que estén integradas y guiadas por los derechos humanos.
“Se necesitan urgentemente recortes profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero para abordar la crisis climática global. La descarbonización de la matriz energética y de los sectores contaminantes de la economía es fundamental para alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Sin embargo, algunas tecnologías climáticas propuestas en los últimos años pueden aumentar la carga tóxica sobre las personas y el planeta”, dijo Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
En su informe ante el 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Orellana dijo que la extracción de los llamados minerales y metales de transición puede exacerbar los impactos tóxicos de la minería. También señaló que los paneles solares y las turbinas eólicas utilizadas para generar electricidad, y las baterías de iones de litio para almacenarla, pueden plantear importantes desafíos en la gestión de residuos. «Etiquetar erróneamente la generación de energía nuclear como ‘verde’ resta importancia a los graves desafíos de la extracción de uranio y la eliminación de desechos radiactivos», afirmó.
El experto advirtió contra las campañas de desinformación que promueven narrativas engañosas y falsas sobre supuestas soluciones climáticas. “Los productos químicos peligrosos, como los perfluoroalquilos y los polifluoroalquilos, se promueven como parte integral de la transición energética, ignorando su persistencia en el medio ambiente y sus efectos tóxicos”, afirmó.
“Los esfuerzos de descarbonización guiados por los derechos humanos deben aplicarse a todos los sectores, incluida la industria naviera”, dijo el Relator Especial al presentar las recomendaciones que hizo a la Organización Marítima Internacional. Señaló que el transporte marítimo representa alrededor del 90 por ciento del comercio internacional en volumen. «La gran mayoría de esta actividad es impulsada por fueloil pesado, lo que convierte a la industria en una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos peligrosos», dijo.
Orellana destacó que los impactos adversos que provocan algunos esfuerzos de descarbonización pesan mucho sobre grupos en situación de vulnerabilidad. «Esta situación socava el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza y el hambre, garantizar una vida sana, agua potable, trabajo decente, consumo sostenible y proteger y preservar tierras y aguas», afirmó.
“Las salvaguardias ambientales y de derechos humanos deben fortalecerse y aplicarse, no desmantelarse en nombre de la transición energética. Las normas de debida diligencia en materia de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro de tecnologías de mitigación del cambio climático deberían ser obligatorias”, afirmó el experto.
El Relator Especial instó a los Estados no sólo a evaluar el potencial de reducción de gases de efecto invernadero de la acción climática, sino también a realizar una evaluación del ciclo de vida completo, incluidos los impactos de la extracción de materiales, la contaminación liberada durante la fabricación, la exposición a sustancias químicas durante el uso y la gestión y eliminación de desechos.
FIN
Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racional de sustancias y desechos peligrosos, fue designado por el Consejo de Derechos Humanos en julio de 2020. El Dr. Orellana es un experto en derecho internacional y derecho sobre derechos humanos y medio ambiente. Su práctica como asesor legal ha incluido trabajo con agencias de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, incluso en cuestiones de desechos y productos químicos en las convenciones de Basilea y Minamata, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo de Derechos Humanos. Ha intervenido en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio. Su práctica en el espacio climático incluye representar a la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe de ocho naciones en las negociaciones del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y fungir como asesor legal senior de la Presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes del Marco de las Naciones Unidas. Convención sobre el Cambio Climático. Tiene una amplia experiencia trabajando con la sociedad civil de todo el mundo en cuestiones relacionadas con la justicia ambiental global. Fue el director inaugural de la División de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. Anteriormente dirigió los programas de comercio y derechos humanos en el Centro de Derecho Ambiental Internacional y copresidió el foro de la sociedad civil del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Enseña Derecho Ambiental Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington. Anteriormente ha dado conferencias en destacadas universidades de todo el mundo, incluidas Melbourne, Pretoria, Ginebra y Guadalajara. Fue becario de la Universidad de Cambridge, académico visitante del Instituto de Derecho Ambiental de Washington DC y profesor instructor de derecho internacional en la Universidad de Talca, Chile.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor organismo de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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