SANTIAGO (12 de octubre de 2023) – Representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, Pueblos Indígenas y sindicatos discutieron durante tres días acciones concretas para hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, incluido a un medio ambiente sano, en el marco de las actividades empresariales durante el octavo Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.
En el evento, que se realizó entre el 10 y 12 de octubre en la Universidad de Chile en Santiago, las y los participantes intercambiaron buenas prácticas y aprendizajes entre pares, además de discutir sobre qué roles complementarios tienen los Estados y las empresas para prevenir y frenar los daños al medio ambiente.
Uno de los aspectos centrales de la discusión la “debida diligencia” en derechos humanos y medio ambiente, que implica prevenir, identificar, mitigar y reparar los impactos negativos que puede causar la actividad empresarial.
También se presentaron prácticas innovadoras desde los distintos sectores, para abordar los desafíos para una agenda común de empresas, derechos humanos y medio ambiente.
De los principios a la práctica
A través de un mensaje en video, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, inauguró el Foro invitando a buscar acuerdos en decisiones que puedan parecer imposibles de resolver y valoró el evento como un espacio para “escuchar la voz de todos los actores, en particular la de las personas más afectadas”.
Türk destacó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental para América Latina y el Caribe, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. El Acuerdo incluye derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También conecta las obligaciones de los Estados con las responsabilidades de las empresas en la materia.
“Son también desarrollos positivos”, valoró el Alto Comisionado, pero hizo un llamado a dar el siguiente paso. “Debemos pasar de los principios a la práctica y garantizar su aplicación efectiva a escala internacional, regional, nacional y local. Aún queda mucho por hacer”.
También en la apertura la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó la necesidad de que las empresas no solo respeten los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades, sino que también protejan activamente el medio ambiente.
Bachelet, quien fue Presidenta de Chile durante dos periodos, consideró que estamos frente a “una estupenda oportunidad para que todos estos actores involucrados puedan conversar, llegar a algunos acuerdos y también llegar a la forma cómo se manejan los desacuerdos”.
También fue parte del panel de apertura oficial el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, quien valoró la continuidad de las políticas en la materia en su país e indicó que a nivel de toda la estructura del Estado, hay que coordinar el esfuerzo entre las distintas entidades para promover la conducta empresarial responsable.
En tanto, el Embajador de Suecia en Chile, Tomas Wiklund, sostuvo que es importante respaldar al espacio social, que está muchas veces sometido a una presión constante. “América Latina como región es una de las más peligrosas para las y los defensores del medio ambiente”, enfatizó.
Completaron la mesa inaugural la coordinadora regional de Gobernanza Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Andrea Brusco, y el Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre.
Otras altas autoridades chilenas que participaron en el Foro fueron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Los ejes temáticos del foro
El Foro se centró en la relación entre el Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la transición energética justa, el rol de los Estados en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. También abordó la debida diligencia ambiental en sectores clave como agronegocios, minería y finanzas, y el acceso a reparación integral.
La discusión, que incluye a representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, Pueblos Indígenas, organismos internacionales y de la academia, buscó tender puentes entre la agenda de empresas y derechos humanos y la agenda ambiental, que en muchos casos funcionan en silos.
El VIII Foro Regional fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos en el marco del proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)”, financiado por la Unión Europea e implementado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El evento contó con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el PNUMA, el Gobierno de Chile, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Avina y Pacto Global.
FIN
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