En 1984, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, una mujer anónima llamó a la policía porque había identificado a un sospechoso gracias a un retrato policial: Kirk Bloodsworth. El ex Marine, que tenía 22 años por aquel entonces, fue rápidamente arrestado por la espantosa violación y asesinato de una niña de nueve años. A pesar de las escasas y contradictorias pruebas presentadas en el juicio, Bloodsworth fue declarado culpable y sentenciado a muerte.
Bloodsworth no paró de defender su inocencia hasta que en 1993 se convirtió en la primera persona en Estados Unidos que fue liberada del corredor de la muerte gracias a las pruebas de ADN que demostraron su inocencia. Fue liberado después de más de nueve años en prisión, pero no fue exonerado completamente hasta 2003. Otro hombre se declaró culpable del crimen en 2004.
El derecho a un juicio justo se encuentra en la esencia del artículo 10, otro artículo con el que los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, una vez más, trataron de evitar la repetición de las atrocidades de la Alemania de Hitler, donde los jueces y tribunales acataron las órdenes del régimen nazi en vez de defender la causa de la justicia en interés del pueblo. Algunas garantías para un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia, también se encuentran en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la Declaración.
El derecho a un juicio justo ha sido aceptado sin discusión por todos los países (incluso si no siempre lo cumplen). Los juicios justos no sólo protegen a los sospechosos y a los acusados, sino que también hacen que las sociedades sean más seguras y más fuertes al consolidar la confianza en la justicia y en el Estado de Derecho.
Pero, ¿qué es un juicio justo?
Las características de un juicio justo incluyen: el derecho a estar presente ante el tribunal; a tener un juicio público sin demoras ante un tribunal independiente e imparcial; y a tener un abogado de elección propia o uno sin coste alguno. También es fundamental el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a no ser obligado a testificar contra uno mismo. Estos derechos se describen con mayor detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un compendio legalmente vinculante que contiene algunos de los principios fundamentales establecidos en la DUDH.
Durante la extenuante lucha de Kirk Bloodsworth por probar su inocencia, un tribunal de apelación anuló su condena porque no se había beneficiado de otro requisito para un juicio justo: el derecho a ver las pruebas. En su caso, no se le permitió ver las pruebas que apuntaban a otro sospechoso. Tras su liberación, Bloodsworth ayudó a que se aprobara una ley que facilita que las personas en EEUU se sometan a pruebas de ADN tras ser condenadas – este es un ejemplo de una reparación diseñada para evitar la repetición de una violación de derechos humanos (tal y como se describe en el artículo 8 – derecho a un recurso efectivo ante la ley).
Como demuestra este caso, se está subiendo el listón para lo que constituye un juicio justo, no sólo en causas penales, sino también en causas civiles. El derecho a un juicio justo también está consagrado en algunos textos regionales de derechos humanos, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Algunos aspectos que se están discutiendo y desarrollando incluyen la calidad de las transcripciones, así como la calidad de la traducción en los procedimientos judiciales.
Los problemas que rodean el derecho a un juicio justo ocurren en mayor o menor grado en todos los países del mundo. Muchos sistemas legales contienen numerosas salvaguardas para minimizar los errores judiciales – aunque no siempre funcionan a la perfección- pero en otros países estos sistemas no están completamente desarrollados, y son socavados por corrupción o incompetencia, o no funcionan en la práctica por múltiples razones.
El problema está relacionado no sólo con la calidad de las garantías legales y la definición de un crimen determinado, sino también con la independencia de los jueces, fiscales y abogados. Esto es fundamental: si los actores claves en el sistema judicial están sometidos al control político, o tienen demasiado miedo de defender o absolver a alguien que saben que es inocente de un crimen; o si lo que es un delito menor (o la expresión de una opinión particular u otro derecho fundamental protegido por el derecho internacional, como la libertad de reunión o asociación) es punible con una pena de cárcel draconiana o incluso con la pena de muerte, entonces la idea de un juicio justo se vuelve ilusoria.
A veces hay intentos de politizar o controlar el poder judicial de manera que podría amenazar los derechos de los sospechosos a un juicio justo, incluso en países donde este derecho está bastante bien establecido. En 2018, un alto tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, ordenó al gobierno de Polonia a que suspendiera una ley que reducía las edades de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo que habría obligado a dos quintos de sus jueces a renunciar. Esta decisión fue interpretada como un esfuerzo del gobierno por llenar la magistratura de gente afín.
Lo más preocupante es que en varios países, las autoridades trabajan activamente para socavar los procedimientos existentes que garantizan un juicio justo con el fin de anular a los disidentes y eliminar a los opositores políticos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Los recientes acontecimientos en varios países sugieren que este problema es cada vez más grave, ya que los gobiernos más autoritarios intentan consolidarse en el poder encerrando a los opositores.
En los últimos años, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, así como otros órganos de derechos humanos de la ONU y expertos independientes, han expresado su alarma por la situación relacionada con los juicios justos y la independencia del poder judicial en numerosos países, entre ellos Arabia Saudita, Bahréin, China, Egipto, Guatemala, Guinea-Bissau, Irak, Maldivas, Myanmar, Sudán, Turquía, Venezuela y Vietnam, por nombrar sólo algunos.
En Egipto e Irak, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente la imposición de docenas de sentencias de muerte tras juicios plagados de errores.
En China, desde el inicio de una importante represión contra la oposición en julio de 2015, la falta de transparencia en torno a los juicios y a la administración de justicia, así como la tendencia a basarse en “confesiones” que bien pueden haber sido extraídas mediante coacción, han provocado el encarcelamiento o la desaparición de numerosos defensores de los derechos humanos y activistas políticos, junto a sus abogados defensores. Esta aparente violación del derecho a un juicio justo ha sido ampliamente condenada, tanto por los sucesivos Altos Comisionados de la ONU para los Derechos Humanos como por numerosos expertos independientes de la ONU.
