Ciudad de Panamá, 19 de enero de 2024
Buenos días a todos y todas. En primer lugar quisiera extender un cordial saludo a todas las personas que se encuentran aquí el día de hoy, particularmente a
Gisela Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica; y a Rennie Valladares Alcerro, Jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento | Banco Centroamericano de Integración Económica; colegas de la oficina de país del BCIE, colegas de OACNUDH.
También quisiera extender nuestras felicitaciones a la señora Gisela Sánchez por su reciente nombramiento como presidenta del BCIE. Desde OACNUDH le deseamos lo mejor para su gestión.
Como es de su conocimiento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) forma parte del Secretariado de las Naciones Unidas y es la instancia que, por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lidera los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas para promover y proteger el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo.
La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con las normas y tratados internacionales de derechos humanos, son los instrumentos donde se establecen y reconocen dichos derechos.
El mandato contempla prestar asistencia técnica a los Estados, a las Organizaciones de la Sociedad Civil u otras instancias, como lo son las Instituciones Financieras Internacionales para remover los obstáculos para la realización de los derechos humanos y prevenir su violación.
Entre los instrumentos de derechos humanos existentes de referencia en materia de empresas y derechos humanos, encontramos los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU).
Fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 y representan un enfoque integral para abordar los desafíos relacionados con los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.
Establecen un marco global para abordar el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos. Este marco se basa en tres pilares fundamentales conocidos como el marco de «proteger, respetar y remediar».
Bajo el pilar de Proteger encontramos las responsabilidades de los Estados de proteger a las personas contra los abusos de derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas. Los gobiernos deben garantizar un marco legal y regulatorio que proteja eficazmente los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. También implica la obligación de prevenir y abordar violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas.
En lo referente al pilar de Respetar, este principio se aplica a las empresas y establece que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades. Las empresas deben evitar infringir los derechos humanos y deben abordar cualquier impacto negativo que puedan tener en ellos. Esto implica la necesidad de una debida diligencia por parte de las empresas para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cualquier impacto adverso en los derechos humanos asociados con sus operaciones.
Finalmente, en lo relativo al pilar de Remediar, los Principios prevén que, en caso de que se produzcan violaciones de derechos humanos vinculadas a las actividades empresariales, exista una obligación de proporcionar remedio. Esto incluye proporcionar acceso a mecanismos efectivos de reparación para aquellas personas cuyos derechos hayan sido afectados. Tanto los Estados cómo las empresas tienen un papel crucial en garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y adecuados para buscar reparación.
Es en este ámbito que la OACNUDH implementa el Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) en nueve países de la región[1], y tiene como objetivo promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la región, apoyando prácticas de conducta empresarial responsable en línea con los instrumentos internacionales en esta materia.
El Proyecto está financiado por la Unión Europea y es implementado por la OACNUDH en colaboración con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es en este contexto que la OACNUDH acordó con el BCIE prestar cooperación en el campo de los Derechos Humanos a través de una asistencia técnica especializada, promoviendo el intercambio de experiencias y formación para apoyar la implementación de estándares en materia de empresas y derechos humanos en las normas, prácticas y procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos acercamientos se han formalizado a través de un intercambio de cartas entre ambas entidades.
Cabe mencionar como antecedente también la firma de un Memorandum de Entendimiento entre el BCIE y la Oficina Regional de Coordinación de Desarrollo (DCO) de las Naciones Unidas que también responde al interés del Sistema de las Naciones Unidas de estrechar las relaciones con las Instituciones Financieras Internacionales para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ahora bien, las instituciones financieras para el desarrollo, tanto bilaterales como multilaterales, proporcionan anualmente cientos de miles de millones de dólares en financiamiento para el desarrollo.
En este sentido, los requisitos sociales y ambientales establecidos en políticas y estándares de medio ambiente y sociedad, es decir, las salvaguardias, ayudan a garantizar la sostenibilidad y la calidad de los proyectos, y proporcionan límites de seguridad para el medio ambiente, los trabajadores y las comunidades locales que pueden verse afectadas por proyectos financiados por las Instituciones Financieras Internacionales.
Aunque los mandatos, funciones y operaciones de las IFIs pueden diferir, la mayoría está dedicada a apoyar el desarrollo sostenible o la reducción de la pobreza. Muchas IFIs han realizado compromisos específicos para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La implementación eficaz de las salvaguardias respalda estos objetivos y puede generar resultados positivos en materia de derechos humanos a gran escala. Sin embargo, los riesgos de derechos humanos han ido en aumento en muchas partes del mundo, elevando las apuestas y los desafíos operativos para los proyectos respaldados por las Instituciones Financieras Internacionales.
Estos riesgos se han visto agravados por variables como la pandemia de COVID-19, la triple crisis climática, el aumento del autoritarismo y las desigualdades, así como las crisis de deuda y seguridad alimentaria. En algunas regiones del mundo, incluida esta región, la intimidación y las represalias contra las personas afectadas por proyectos y los defensores de derechos humanos han aumentado sensiblemente.
Es por ello que las salvaguardias sólidas y sensibles a consideraciones de derechos humanos, son especialmente importantes para la prevención de impactos a los derechos humanos. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo han estado desarrollando y actualizando regularmente sus salvaguardias desde 2012, cuando la Corporación Financiera Internacional (IFC) publicó su Marco de Sostenibilidad revisado.
Los marcos internacionales para gestionar riesgos e impactos en derechos humanos están madurando rápidamente, incluso en el sector empresarial, y los requisitos de derechos humanos se incorporan cada vez más en regulaciones financieras, regulaciones de reporte, requisitos de gobierno corporativo y legislación obligatoria de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente.
Además, liderado por la UE, existe una creciente variedad de «taxonomías» ASG, es decir, Ambientales Sociales y de Gobernanza, que buscan orientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, es decir, que cumplan con «mínimas salvaguardias» de derechos humanos.
La UE también está considerando establecer una taxonomía social para orientar los flujos de capital hacia proyectos con impactos positivos en los ámbitos sociales y de derechos humanos. Un número creciente de Instituciones Financieras Internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, han estado incorporando los derechos humanos de manera tangible y significativa en sus salvaguardas, reconociendo su importancia para fines de gestión de riesgos ambientales y sociales.
Una alineación más estrecha entre las salvaguardas de las IFIs y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos puede ayudar a las IFIs y sus clientes a cumplir simultáneamente con los requisitos de las políticas de salvaguardia y otros requisitos regulatorios en evolución de la debida diligencia. ¡A esto aspiramos!
Concluyendo, quisiera agradecer al Banco Centroamericano de Integración Económica, y en particular a la Presidencia, por la apertura mostrada para iniciar a construir esta relación de cooperación entre ambas organizaciones, con miras a prevenir, así como a incrementar la consideración y gestión de los impactos negativos a los derechos humanos como parte de sus funciones de promoción del desarrollo sostenible en los países de Centroamérica.
FIN
[1] México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador y Chile.
