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Estimadas y estimados candidatos presidenciales:
Me dirijo a ustedes con las elecciones presidenciales en el horizonte y como potenciales líderes de Panamá, para llamar su atención e instarles a suscribir con determinación e incluir en la agenda política los siguientes principios prioritarios para una gobernanza de la movilidad humana basada en los derechos humanos:
El reconocimiento de la dignidad inherente de las personas refugiadas y migrantes debe ser el pilar de una política migratoria dirigida a realizar los derechos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales. La centralidad de los derechos humanos debe orientar las acciones del Estado hacia un enfoque en la protección de las personas en movilidad y de las comunidades de acogida. Así mismo, en la prevención de cualquier forma de abuso y violación y la garantía de sus derechos humanos, entre otros, a solicitar protección internacional y respeto a los principios de no devolución, prohibición de expulsiones colectivas e interés superior de la niñez.
Ampliar las opciones para una migración segura y vías para la regularización previene que las personas en movilidad corran riesgos de perder la vida, desaparecer o ser víctima de abusos sexuales y otras formas de violencia. Se deben intensificar los esfuerzos para prevenir los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, pero, a la vez, hay que crear medidas de regularización en los países de destino para priorizar una atención a las necesidades de protección y asistencia a cada persona que llega traumatizada, herida y vulnerada en el viaje, sin importar su condición migratoria.
La cooperación regional e internacional es la base para una respuesta conjunta a los retos de la movilidad humana desde una gobernanza en consonancia y las normas internacionales. Esta debe ser colectiva e integral y que incluya a todos los sectores institucionales, las organizaciones civiles, organismos internacionales, las personas migrantes y refugiadas con una visión y participación local, nacional, regional e internacional.
Adoptar un plan de acción integral que fortalezca la respuesta oportuna y eficaz ante la preocupante situación de vulnerabilidad e incremento de personas en tránsito por el país y a través de las fronteras de Panamá con Colombia y con Costa Rica. Una preparación temprana y la asignación adecuada de recursos fortalecerá la respuesta y garantizará el acceso a servicios básicos como la atención médica, la alimentación, el agua potable y el saneamiento en los centros de recepción migratoria y las comunidades aledañas. Es fundamental evitar un deterioro de la situación humanitaria y un impacto en la seguridad y la dignidad de las personas mediante acciones preventivas coordinadas y eficaces.
Es necesario adoptar un cambio de narrativa que evite la discriminación y xenofobia hacia las personas refugiadas y migrantes y agrave su situación de vulnerabilidad y los exponga a mayores riesgos. Esto debe estar acompañado de medidas concretas de lucha contra todas las formas de discriminación, que promueva los aportes positivos a la sociedad y favorezca su integración en las comunidades de acogida, el intercambio cultural y la cooperación internacional. Hay que potenciar los valores que tenemos en común en lugar de las etiquetas que buscan dividir a las sociedades.
El acceso a la justicia es fundamental para garantizar la protección contra todo tipo de acto de violencia, asegurando que estos no queden impunes. La rendición de cuentas contribuye a prevenir la repetición de estos abusos y fortalece la gobernanza de la migración. Por lo tanto, resulta imperioso que Panamá implemente políticas y programas integrales que eliminen cualquier barrera legal, administrativa o de otra índole que impida el acceso a la justicia, entre otras, asegurando la presencia de fiscales en las estaciones de recepción migratoria en Darién, facilitando la denuncias y declaraciones de las víctimas y adecuando/creando protocolos de investigación conforme a los estándares de derechos humanos.
Como potenciales líderes de un país en el que la migración ha enriquecido la cultura, el tejido social y potenciando el turismo, entre otros, confiamos que quien resulte electa o electo pueda protagonizar la construcción de una sociedad verdaderamente justa e inclusiva, donde las personas, sin importar su procedencia o situación migratoria, puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
Mi Oficina queda a disposición para continuar brindando cooperación y apoyo técnico al Estado panameño para seguir fortaleciendo la respuesta a los retos a la migración en cumplimiento con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Atentamente,
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Alberto Brunori
Representante
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina Regional para América Central y el Caribe