Actualización oral ante la 56a sesión del Consejo de Derechos Humanos por Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 20 de junio de 2024.
Distinguido Presidente, Excelencias, Señoras y señores,
Es para mí un honor presentar esta actualización oral, de conformidad con el mandato de la resolución 52/2 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se pide al Alto Comisionado que dé seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua e informe al respecto.
Desde la última actualización presentada al Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año, la situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue siendo motivo de grave preocupación. El Gobierno continúa expandiendo las restricciones indebidas a los espacios cívico y democrático, al tiempo que profundiza su control sobre el poder judicial y lo utiliza para implementar una campaña sistémica de represión.
La actuación del Gobierno ha dado lugar a una perversa negación del Estado de derecho, al utilizar todas las instituciones del sistema judicial para perseguir a sus opositores, reales o supuestos.
30 personas (5 mujeres y 25 hombres) han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico. En total, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos en relación con la crisis de derechos humanos, según informes de la sociedad civil.
Las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo. Nuestra Oficina ha documentado 11 juicios virtuales celebrados sin las debidas garantías procesales desde la última actualización al Consejo en marzo de este año.
En este entorno de represión sostenida, las personas opositoras políticas, líderes y lideresas indígenas y religiosos, miembros de la academia e intelectuales detenidos se encuentran todos recluidos en condiciones carcelarias inhumanas, lo que agrava el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Los informes recibidos por nuestra Oficina incluyen casos de personas detenidas sometidas a aislamiento prolongado, sin acceso a atención médica, medicamentos y artículos de higiene ni a visitas familiares. La falta de acceso a una atención médica adecuada afecta a las personas detenidas de manera diferente, ya que las personas con enfermedades crónicas corren un riesgo especial y a las mujeres detenidas se les niegan sistemáticamente los servicios de salud sexual y reproductiva.
En algunos casos, las autoridades se han negado incluso a reconocer el hecho de la detención, como en el caso del diputado de la Asamblea Nacional y dirigente indígena Sr. Brooklyn Rivera. Las prácticas de detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos, y ponen en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física y mental de las personas detenidas. Estos tratos podrían, en algunas circunstancias, equivaler también a tortura.
Preocupa a nuestra Oficina la situación del Sr. Jaime Navarrete, participante en las protestas de 2018 que permanece detenido, a pesar de haber cumplido su condena en enero de 2023. La Oficina ha recibido información que indica que su integridad física y mental se encuentran en grave riesgo.
Nuestra Oficina también ha seguido de cerca la evolución del caso de la destacada defensora de los derechos humanos Doña Vilma Núñez, que ahora tiene 85 años y fue desposeída de su nacionalidad en febrero de 2023. Desde entonces se le han denegado sus derechos a una pensión, a la asistencia sanitaria y a ejercer su profesión de abogada. Está sometida a vigilancia y acoso policial, lo que afecta gravemente a su derecho a la intimidad y a la vida familiar, entre otros. Insto al Gobierno que cese inmediatamente este hostigamiento contra ella, y le restituya la nacionalidad y su licencia como abogada.
En otra tendencia preocupante que ya fue señalada por nuestra Oficina a la atención de este Consejo en actualizaciones anteriores, las autoridades nicaragüenses han continuado su persecución activa de miembros y líderes de grupos religiosos, atacando a sus instituciones contrariamente al derecho a la libertad de religión. Como continuación de nuestros anteriores informes al Consejo, nuestra Oficina fue informada de varias celebraciones católicas canceladas durante la Semana Santa por temor a represalias. Además, desde marzo de 2024, ocho asociaciones adscritas a iglesias evangélicas habrían cesado sus actividades bajo presión o han sido despojadas de su personalidad jurídica por el Ministerio del Interior, con lo que el número total de asociaciones e instituciones evangélicas disueltas ascendería a 311 desde 2019.
Once líderes evangélicos fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan casi siete meses privados de acceso a sus familias o a un abogado. Fueron condenados por blanqueo de capitales en juicios que no respetaron las garantías procesales.
Sus Excelencias,
No es demasiado tarde. El deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua aún puede revertirse y restablecerse el respeto por el Estado de derecho. Insto a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente; que permitan la comunicación y las visitas de abogados y familiares a todas las personas detenidas; y que restablezcan los derechos de todas las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad.
Proteger el espacio cívico y democrático y reconstruir las instituciones del Estado de derecho son los primeros pasos para revertir la grave erosión de los derechos civiles y políticos que sufre Nicaragua desde 2018, hacia el fomento de una reconciliación genuina y una paz sostenible.
En este sentido, insto al Gobierno a revisar sus leyes y sus políticas y a colaborar con los actores nacionales y con la comunidad internacional para garantizar que los derechos humanos puedan ser protegidos para todas las personas en Nicaragua.
También pido a las autoridades que colaboren constructivamente con nuestra Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en general, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Gracias.
