Intervención de Alberto Brunori ante el Foro Centroamericano de Donantes de Seattle International Foundation
28 de octubre de 2021- Buenos días, agradezco a la Fundación Seattle darme el honor y privilegio de estar hoy aquí con todas y todos ustedes.
No seré yo quien descubra que la pandemia de la Covid-19 ha evidenciado la pre-existente desigualdad entre Estados y de las personas en cada uno de ellos: entre los Estados que han tenido acceso a las vacunas y que cuentan con sistemas sanitarios eficientes y los que no; así como entre las personas que han tenido los medios para acceder a la asistencia sanitaria, incluyendo a las vacunas, y quiénes no. Desde luego la pandemia ha agravado la situación.
Ha cristalizado la necesidad de que todos los Estados asuman con mayor compromiso sus obligaciones en materia de derechos sociales y económicos e inviertan más, teniendo como objetivo la cobertura universal de salud y políticas de protección social, especialmente para cubrir a los más vulnerables. Ahí donde Cuba y Uruguay registran aproximadamente USD 2,000 de inversión per cápita en salud en línea con los países OCDE, Honduras, Guatemala y Nicaragua invierten menos de USD 500 y a la vez con una proporción de inversión pública inferior al 50%[1].
También ha implicado tremendos desafíos[2] en materia de defensa de los derechos. Por ejemplo, más de la mitad de los países del mundo (59%), y América Central no ha sido la excepción, han declarado un estado de emergencia nacional, [3] es decir una medida que puede resultar en violaciones a los derechos humanos si no existen los contrapesos adecuados.
Aunque puede que muchas medidas hayan sido necesarias y proporcionadas, otras generaron un serio impacto en el goce de los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, al uso excesivo de la fuerza policial, al confinamiento por género o al uso y abuso de decretos ejecutivos de emergencia que habrían obviado la trasparencia y rendición de cuentas en el gasto público.
En un contexto en el que el estado de la democracia en todo el mundo, incluso en América Latina, ya venía deteriorándose, lo anterior ha abonado a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Algunos estudios sugieren que un tercio de la población mundial vive ahora en países que se están volviendo autocráticos.[4] De acuerdo a estos, de América Central únicamente Costa Rica puede ser considerado una Democracia Liberal (es decir en donde hay un equilibrio entre las libertades individuales y el sistema de pesos y contrapesos democráticos); todos los demás países pueden clasificarse como Democracias Electorales o, inclusive, Autocracias Electorales.
Según el Latinobarómetro[5], la satisfacción con el funcionamiento del sistema político en América Latina y el Caribe alcanzó un mínimo histórico en 2018, con 3 de cada 4 personas expresando un juicio negativo sobre la vida política en su país. Los jóvenes tienen mayor desconfianza. En América Central, solo Costa Rica alcanzó un índice de apoyo a la democracia del 67%. El resto de los países se mantiene en un rango que va entre el 35% y el 45% de confianza.
La desigualdad social, y el reclamo insatisfecho por respuestas prontas y fuertes a las demandas ciudadanas han estado alimentando los movimientos de protesta de los últimos meses, incluyendo de los pueblos indígenas. Estas protestas son señales de que la gente está perdiendo la confianza en las instituciones públicas y está desilusionada por la perpetuación de la desigualdad. Muchas personas, mujeres, pueblos indígenas, personas LGBTI, minorías étnicas y raciales, etc. sienten que las bases del Estado no los reflejan ni les ofrece la oportunidad de salir adelante. Las personas quieren tener voz en las decisiones que afectan sus vidas, quieren ser escuchadas y quieren sistemas económicos y sociales que funcionen para todas y todos.
Estas protestas son una expresión de los derechos humanos y los valores democráticos, y como tales deben ser respetadas y facilitadas por los gobiernos. No deben ser percibidas como una amenaza ni pueden ser ignoradas y, mucho menos, descalificadas. Este conjunto de manifestaciones y reacciones sociales se dan en el escenario de lo que hoy se denomina espacio cívico.
Lamentablemente, en línea con la orientación autocrática que he mencionado al comienzo, la tendencia a la limitación, obstrucción y cierre de espacios cívicos sigue ganando terreno a través de diversos mecanismos, incluyendo reformas legislativas que afectan, obstaculizan e incluso impiden el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, reformas penales que criminalizan y buscan silenciar a periodistas, defensoras de derechos humanos y en general voces críticas, manifestaciones públicas de autoridades que estigmatizan a quienes perciben como opositores y creación de medios de comunicación de Gobierno que buscan anular o deslegitimar las visiones contrarias. Todo ello con el intento de negar lo evidente, de negar la verdad, de perpetuar la impunidad del pasado hasta el presente y hacia el futuro sin solución de continuidad.
Si bien no es un sistema perfecto, la democracia es por definición inclusiva, más igualitaria y genera mayor rendición de cuentas que cualquier otra forma de gobierno. También es el sistema en el que existen mayores posibilidades de que se respeten todos los derechos humanos. Es el sistema que se basa en el espacio cívico, que a la vez es el oxígeno de la democracia.
Corresponde entonces a la comunidad internacional apoyar y promover el espacio cívico. Los mecanismos de derechos humanos han aportado valiosos estándares y recomendaciones que deben ser aplicados y potenciados por todos los actores. Invertir en el espacio cívico es invertir, entre otras cosas, en medios de comunicación independientes, en la legítima defensa de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, en los espacios significativos de consulta y de participación de las organizaciones de sociedad civil y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en el acceso a la información pública, en los medios independientes, en la transparencia, la auditoría social y en la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Pero esto no dará resultado sin que contemporáneamente los esfuerzos nacionales se articulen y se fortalezcan. Quedó claro que lo que afecta a Nicaragua a Guatemala o El Salvador o a cualquier otro país de América Central termina afectando al resto de los países, en el bien y en el mal. Es por eso que la sociedad civil debe fortalecer sus alianzas, articularse internamente mejor y promover las coaliciones superando las fronteras, porque al final del día: ¡los problemas son comunes y las soluciones también!
Necesitamos esfuerzos sostenidos para alcanzar una “democracia paritaria y plural”. Es decir, la plena integración de las mujeres, en toda su diversidad y en pie de igualdad con los hombres, en todos los ámbitos de una sociedad democrática. La participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de acuerdo a las formas propias de participación. Necesitamos asegurar que los jóvenes no queden marginados del progreso económico, social y político. No por ser apartidistas, quiere decir que sean apolíticos. Necesitamos que las personas con discapacidad tengan acceso a plantear sus derechos. En fin: ¡Necesitamos que nadie quede atrás!
¿Si hay alianzas y frentes comunes en pro de la impunidad y de la corrupción, porque no puede no haber frentes comunes cada vez más fuertes en defensas de los derechos humanos?
Cuenten para ello con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el compromiso personal y profesional de cada una y uno que representamos a la Alta Comisionada!
[1] CEPAL/OPS: La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social, octubre 2021. Informe COVID-19: La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social (cepal.org)
[2] Estudio de International IDEA, 2020, Balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y durante la pandemia
[3] International IDEA, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/emergency-law-responses-to-covid19.pdf
[4] V-dem. https://www.v-dem.net/media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/democracy_report.pdf
[5] https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/blog/2020/public-perceptions-of-politics-and-implications-for-covid-19-res.html
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