Pronunciado por: Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos – 9 de diciembre de 2024.
Gracias Señora Vice-Presidenta, Excelencias,
Presento esta actualización oral, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 52/2 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se solicita al Alto Comisionado que dé seguimiento e informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Desde la última actualización a este Consejo en septiembre, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose. Reina un clima severo y represivo.
En los últimos meses, las reformas han apuntado a concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes.
Estos acontecimientos han socavado aún más los controles y contrapesos democráticos y han profundizado la represión del espacio cívico, generando más miedo y ansiedad entre los y las nicaragüenses, incluidos las personas exiliadas.
Las reformas legales promulgadas recientemente amplían significativamente los poderes del Estado para procesar ciertos delitos, incluso cuando las conductas en cuestión pueden haber sido cometidas fuera de Nicaragua, y apuntan a personas y organizaciones de la sociedad civil percibidas como críticas del gobierno. Estas leyes redefinen los delitos para incluir la actividad en las redes sociales que «provoquen pánico» o amenace la «estabilidad social». Al clasificar los delitos cibernéticos como delitos organizados, autorizar la confiscación de activos y permitir a la policía el acceso sin control a los datos personales, estas leyes allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos y una erosión alarmante de los derechos fundamentales.
Las reformas constitucionales propuestas que la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el mes pasado erosionarán aún más el estado de derecho. Disposiciones clave permitirían la interferencia del ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Es probable que las disposiciones ambiguas restrinjan indebidamente los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es particularmente atroz.
Los cambios propuestos buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía y confiscar bienes, una herramienta ya ampliamente utilizada de represión arbitraria contra los críticos y disidentes del Gobierno. De hecho, desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas, y sus bienes han sido confiscados. Han sido expulsados y abandonados en condiciones precarias en el extranjero. Muchos otros no pueden establecer su nacionalidad nicaragüense porque el gobierno se niega a renovar sus pasaportes o emitir documentación en el extranjero, borrando su identidad legal e impidiendo sus conexiones con su país de origen.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU insta a los legisladores a rechazar las reformas constitucionales propuestas durante su segunda lectura en enero y a revocar o modificar en consecuencia toda legislación incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
La detención arbitraria de presuntas personas opositoras políticas, dirigentes indígenas, personas defensoras de los derechos humanos y dirigentes religiosos sigue siendo generalizada.
Según organizaciones de la sociedad civil, 76 personas siguen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluidos al menos 20 miembros de comunidades indígenas. En los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas tres niños. Además, al menos 10 se vieron obligadas a abandonar Nicaragua en noviembre, bajo amenaza de detención y procesamiento.
En un hecho preocupante, la Corte Suprema ordenó el despojo de la nacionalidad y los bienes de las 135 personas expulsadas a Guatemala en septiembre pasado, por lo que ahora también enfrentan la apatridia y una grave vulnerabilidad.
Informaciones obtenidas por nuestra Oficina revelan un patrón constante de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención terribles y tortura física y psicológica, incluida la privación del sueño y la negación de atención médica.
Y quiero destacar algunos casos ilustrativos.
Angélica Chavarría, pareja del fallecido general retirado Humberto Ortega, quien falleció el 30 de septiembre en un hospital mientras se encontraba detenido, se encuentra desaparecida desde el 19 de mayo de 2024.
Se desconoce el paradero de Brooklyn Rivera de 72 años y miembro de la Asamblea Nacional en representación de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente, y de Steadman Fagoth Müller de 71 años, quien era asesor presidencial en temas indígenas al momento de su detención el 14 de septiembre de 2024.
Además, también se ha ocultado el paradero del ex coronel Víctor Boitano (63 años).
Instamos a la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, incluidas las detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Todas las personas acusadas deben tener acceso a un juicio justo y al debido proceso. Y la desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca.
Continúan los ataques contra miembros de las comunidades indígenas por parte de colonos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, incluido el asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre. Los casos denunciados de violencia sexual contra niños indígenas presuntamente cometidos por colonos son muy preocupantes. La Oficina también está profundamente preocupada por la detención arbitraria de ocho guardabosques Mayangna que pertenecen a comunidades indígenas, algunos de los cuales han estado detenidos desde 2021, y pide su liberación inmediata. Las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores.
Excelencias,
Estos acontecimientos están profundizando la crisis de derechos humanos del país, a expensas de su pueblo.
Proteger el espacio cívico y democrático y reconstruir los cimientos del estado de derecho son cruciales para restablecer los derechos humanos, incluida la garantía del retorno seguro de todas las personas nicaragüenses en el exilio. Al pueblo de Nicaragua le interesa que el Gobierno vuelva a una senda democrática y entable un diálogo significativo y constructivo con ese fin.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por consiguiente hace un llamamiento a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados comprometidos en la región y que tienen influencia, para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de estos objetivos. La Oficina también reitera su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.
Fin.