A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en muchos países industrializados, las mujeres lucharon por el derecho al voto. “Nunca habrá una igualdad completa hasta que las propias mujeres ayuden a sacar leyes adelante y elijan a los legisladores”, expresó la sufragista Susan B. Anthony.
Más de un siglo después, el único país en el mundo en el que las mujeres no pueden votar es la Ciudad del Vaticano: allí, el derecho de emitir votos para elegir a un nuevo Papa se restringe a los cardenales, que son todos hombres. Sin embargo, como señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017, a pesar de las conquistas universales en las urnas, “muchas mujeres y niñas aún se ven privadas, de forma rutinaria, del acceso igualitario a los recursos. Se les niega la capacidad de elección, se les arrebatan las oportunidades y se les limita por medio de estereotipos falsos y humillantes”.
El artículo 7 afirma que la ley es la misma para todas las personas, y debe tratar a todas las personas en todas estas categorías de manera justa: en sus 39 palabras, prohíbe la discriminación tres veces. Estos principios de igualdad y no discriminación conforman el Estado de Derecho. Estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación no sólo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, migrantes, minorías y personas con discapacidad. El racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual y la igualdad de género también se incluyen.
Una sucesión de tratados internacionales de derechos humanos ha ampliado los derechos contenidos en el Artículo 7, y con el paso de las décadas, la jurisprudencia ha añadido más obligaciones a la prohibición de la discriminación. No es suficiente que los países se abstengan de tratar a ciertos grupos de forma desfavorable. Ahora deben tomar medidas positivas para reparar la discriminación. Por ejemplo, bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deben apoyar a las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar decisiones legales por sí mismas, en lugar de negarles su capacidad legal.
Los países también pueden necesitar adoptar medidas especiales de carácter temporal para superar la discriminación pasada o presente, y acelerar el establecimiento de una igualdad real –y algunos han adoptado medidas muy efectivas en relación a grupos específicos. En las elecciones de 2018 en Ruanda, el 61% de los escaños en el Parlamento fueron obtenidos por mujeres. El incremento sostenido en el número de las mujeres que integran el Parlamento es un resultado directo de la Constitución de Ruanda de 2003 que establece cuotas del 30 porciento para mujeres en cargos de elección popular, y de la decisión de los partidos políticos de adoptar voluntariamente sus propias cuotas para candidatas.
El principio de la igualdad para todas las personas no sólo aplica a los gobiernos. Debe hacerse frente a la discriminación en el trabajo, en la escuela y en el hogar.
Indudablemente, en la mayor parte del mundo, las mujeres han progresado para alcanzar la igualdad ante la ley desde los tiempos de las sufragistas, y desde la adopción de la DUDH en 1948. Sin embargo, en 2018, según el Banco Mundial, 104 países aún cuentan con leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos, 59 no están equipados con leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y, en 18 países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.
A nivel global, muchas leyes no son suficientes para desincentivar la violencia contra las mujeres, y en algunos casos, incluso la fomentan o la toleran. Este es, por ejemplo, el caso en países donde a los violadores se les permite, por ley, evitar su enjuiciamiento si se casan con la víctima.
Incluso cuando las leyes no son discriminatorias sobre el papel, su aplicación puede ser discriminatoria en la práctica. El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado a derogar las normas y procedimientos probatorios que son discriminatorios, incluyendo aquellos que permiten que las mujeres sean privadas de su libertad para “protegerlas” de la violencia; realizar “pruebas de virginidad”; y el uso, como una defensa legal o factor atenuante, de argumentos basados en la cultura, la religión y la supremacía masculina, tales como la llamada “defensa del honor”. El Comité también ha llamado a poner fin a los procedimientos que reservan penas extraordinariamente duras –incluyendo lapidación, latigazos y muerte- a las mujeres; así como a las prácticas judiciales que ignoran un historial de violencia de género al tratar con mujeres demandadas.
La discriminación contra las mujeres se entrelaza a menudo con la discriminación basada en otros motivos, tales como el color, la raza, el idioma, la religión, la política u otras opiniones, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otro status. En América Latina, las cifras de pobreza son mayores entre las mujeres, pero son aún más altas para las mujeres afrodescendientes. En los Estados Unidos, el 37 porciento de los hogares encabezados por mujeres afroamericanas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Y las mujeres y niñas canadienses de las Naciones Originarias y afrodescendientes tienen menos oportunidades educativas en comparación con otros canadienses, incluyendo hombres y niños de su propio grupo.
Las mujeres y niñas no son, por supuesto, las únicas personas en el mundo que a veces se ven privadas de la igualdad frente a la ley. En algunos países, la discriminación contra algunas religiones o minorías es una política oficial, o incluso ley. Un informe anual del proyecto independiente World Justice mostró que entre 2017 y 2018, 71 países de los 113 analizados experimentaron retrocesos en sus esfuerzos por combatir la discriminación.
Michelle Bachelet, quien estuvo como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre el año 2018 y 2022, destacó el progreso en materia de derechos humanos que se ha realizado desde la adopción de la DUDH, como resultado de que personas en todo el mundo demandan “el fin de la discriminación, la tiranía y la explotación”. Sin embargo, no caben dudas de que el mundo aún tiene un largo camino por recorrer si quiere alcanzar el compromiso del expresidente sudafricano Nelson Mandela (víctima de las leyes y regulaciones flagrantemente racistas del sistema de apartheid), de “liberar a toda nuestra gente del yugo continuo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, la discriminación por género o de otro tipo”.
FIN
