Ginebra (28 de enero de 2015) -La decisión de El Salvador de indultar a una mujer condenada por homicidio agravado después de sufrir un aborto involuntario debe marcar un punto de inflexión para que las autoridades revisen las sentencias contra todas las mujeres que se encuentran en prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo, dijo un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU * el miércoles.
«La decisión de indultar a Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, tras una revisión judicial que concluyó que no se había respetado el debido proceso, revoca una sentencia terriblemente injusta y la recibimos con sumo agrado. Pero hay muchas más mujeres encarceladas por cargos similares que están en espera de una decisión que apruebe el indulto», dijeron los expertos. «Además, instamos a las autoridades a derogar la legislación que penaliza el aborto en todas las circunstancias», agregó el grupo de expertos.
Desde 1997, El Salvador ha tenido una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo ya que el aborto está criminalizado incluso cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo, o en casos de violación o incesto. Una enmienda constitucional en 1998 estableció que la vida comienza en el momento de la concepción. Esta definición ha llevado a que mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo sean a menudo acusadas de homicidio agravado, lo que conlleva no solamente a penas más severas, sino también al estigma injustificado relacionado con su situación.
Este fue el caso de Guadalupe, quien sufrió un aborto involuntario a los 18 años tras haber sido violada y fue condenada a 30 años de prisión en febrero de 2008. Ella fue indultada el 21 de enero de 2015.
«Nos gustaría reiterar nuestra preocupación respecto a los casos de las 17 mujeres** que solicitaron el indulto, ya que las sanciones se han impuesto de manera desproporcionada y sin el debido proceso. Nueve de esos casos llegarán ante la Asamblea Parlamentaria el próximo mes e instamos a las autoridades competentes a que concedan el indulto», dijo el Grupo de expertos. “Es hora de que El Salvador revise su ley de 1997 sobre el aborto y se terminen dichas injusticias «, enfatizaron los expertos.
Los expertos señalaron que habían expresado previamente su preocupación al Gobierno de El Salvador con respecto a que la ley de 1997 viola el derecho de las mujeres al más alto nivel posible de salud física y mental, en particular, la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en particular al aborto terapéutico.
«La prohibición absoluta del aborto afecta en mayor medida a las mujeres pobres. Además, los asuntos relacionados con una complicación obstétrica pueden ser considerados, de manera errónea, equivalentes al aborto «, dijeron los expertos. «El Salvador debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, incluida la atención materno infantil y el acceso a todos los métodos anticonceptivos modernos», destacaron los expertos.
«También se debe garantizar el acceso al aborto seguro y legal, al menos cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer; cuando es el resultado de violación o incesto, o en casos de malformación fetal grave».
(**) De esas 17 mujeres, una ya ha cumplido su pena y seis no han obtenido el indulto de la Corte Suprema.
ANTECEDENTES
Según la Organización Mundial de la Salud, las leyes de aborto restrictivas no reducen el número de abortos. En cambio, obligan a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos e inseguros que ponen en peligro su vida y su salud.
Los abortos llevados a cabo de manera inadecuada representan alrededor del 13% de la mortalidad materna a nivel mundial. En algunos países, el porcentaje de muertes maternas que son consecuencia de un aborto inseguro es mucho mayor, representando hasta un 30%. La mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.
En el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), los Estados se comprometieron a «reducir en gran medida el número de muertes y la morbilidad por aborto inseguro».
(*) Los expertos:
Emna Aouij, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica Mads Andenas, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental Juan Ernesto Mendez, Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
