Estimadas y estimados candidatos presidenciales:
Me dirijo a ustedes con las elecciones presidenciales en el horizonte y como potenciales líderes de Panamá, para llamar su atención e instarles a suscribir con determinación e incluir en la agenda política los siguientes principios prioritarios para una gobernanza de la movilidad humana basada en los derechos humanos:
El reconocimiento de la dignidad inherente de las personas refugiadas y migrantes debe ser el pilar de una política migratoria dirigida a realizar los derechos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales. La centralidad de los derechos humanos debe orientar las acciones del Estado hacia un enfoque en la protección de las personas en movilidad y de las comunidades de acogida. Así mismo, en la prevención de cualquier forma de abuso y violación y la garantía de sus derechos humanos, entre otros, a solicitar protección internacional y respeto a los principios de no devolución, prohibición de expulsiones colectivas e interés superior de la niñez.
Ampliar las opciones para una migración segura y vías para la regularización previene que las personas en movilidad corran riesgos de perder la vida, desaparecer o ser víctima de abusos sexuales y otras formas de violencia. Se deben intensificar los esfuerzos para prevenir los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, pero, a la vez, hay que crear medidas de regularización en los países de destino para priorizar una atención a las necesidades de protección y asistencia a cada persona que llega traumatizada, herida y vulnerada en el viaje, sin importar su condición migratoria.
La cooperación regional e internacional es la base para una respuesta conjunta a los retos de la movilidad humana desde una gobernanza en consonancia y las normas internacionales. Esta debe ser colectiva e integral y que incluya a todos los sectores institucionales, las organizaciones civiles, organismos internacionales, las personas migrantes y refugiadas con una visión y participación local, nacional, regional e internacional.
Adoptar un plan de acción integral que fortalezca la respuesta oportuna y eficaz ante la preocupante situación de vulnerabilidad e incremento de personas en tránsito por el país y a través de las fronteras de Panamá con Colombia y con Costa Rica. Una preparación temprana y la asignación adecuada de recursos fortalecerá la respuesta y garantizará el acceso a servicios básicos como la atención médica, la alimentación, el agua potable y el saneamiento en los centros de recepción migratoria y las comunidades aledañas. Es fundamental evitar un deterioro de la situación humanitaria y un impacto en la seguridad y la dignidad de las personas mediante acciones preventivas coordinadas y eficaces.
Es necesario adoptar un cambio de narrativa que evite la discriminación y xenofobia hacia las personas refugiadas y migrantes y agrave su situación de vulnerabilidad y los exponga a mayores riesgos. Esto debe estar acompañado de medidas concretas de lucha contra todas las formas de discriminación, que promueva los aportes positivos a la sociedad y favorezca su integración en las comunidades de acogida, el intercambio cultural y la cooperación internacional. Hay que potenciar los valores que tenemos en común en lugar de las etiquetas que buscan dividir a las sociedades.
El acceso a la justicia es fundamental para garantizar la protección contra todo tipo de acto de violencia, asegurando que estos no queden impunes. La rendición de cuentas contribuye a prevenir la repetición de estos abusos y fortalece la gobernanza de la migración. Por lo tanto, resulta imperioso que Panamá implemente políticas y programas integrales que eliminen cualquier barrera legal, administrativa o de otra índole que impida el acceso a la justicia, entre otras, asegurando la presencia de fiscales en las estaciones de recepción migratoria en Darién, facilitando la denuncias y declaraciones de las víctimas y adecuando/creando protocolos de investigación conforme a los estándares de derechos humanos.
Como potenciales líderes de un país en el que la migración ha enriquecido la cultura, el tejido social y potenciando el turismo, entre otros, confiamos que quien resulte electa o electo pueda protagonizar la construcción de una sociedad verdaderamente justa e inclusiva, donde las personas, sin importar su procedencia o situación migratoria, puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
Mi Oficina queda a disposición para continuar brindando cooperación y apoyo técnico al Estado panameño para seguir fortaleciendo la respuesta a los retos a la migración en cumplimiento con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Atentamente,
Alberto Brunori
Representante
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina Regional para América Central y el Caribe