A primera vista, el artículo 11 establece que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario; este es un elemento fundamental de un juicio justo y del Estado de Derecho, y un concepto que todo el mundo entiende. Pero si investigamos un poco más a fondo este artículo, descubriremos la fascinante historia acerca del desarrollo de las cortes internacionales, con poder para responsabilizar a individuos por los crímenes más atroces conocidos por la humanidad.
Durante los últimos 75 años, el mundo ha aceptado que los peores violadores de derechos humanos deben ser responsabilizados por sus crímenes. No pueden evadir la justicia por haber sido gobernantes de algún país o líderes militares. Nadie debe estar por encima de la ley.
Durante los últimos años, esto ha incluido al presidente y comandante militar de la República Serbobosnia (Repúblika Srpska), juzgado por crímenes cometidos durante la guerra bosnia a inicios de la década de 1990. Radovan Karadžić fue hallado culpable del genocidio en Srebrenica, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, mientras que su general de mayor rango, Ratko Mladić fue declarado culpable por el asedio a Sarajevo y la masacre de Srebrenica en la que unas 8,000 personas, principalmente hombres y niños, fueron asesinadas. En total fue condenado por 10 delitos – uno por genocidio, cinco por crímenes contra la humanidad y cuatro por violar los usos y costumbres de la guerra. Del mismo modo, el antiguo primer ministro ruandés, Jean Kambanda, fue el único gobernante que se declaró culpable de genocidio – por su papel en la masacre de 800,000 personas en 1994.
El segundo párrafo del artículo 11 constituye una prohibición a las leyes retroactivas, ya incluida en muchas constituciones entre 1946 y1948, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) estaba siendo redactada. El párrafo 2 dice “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”
La DUDH estaba siendo redactada nada más finalizar los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra contra el alto mando nazi y mientras se celebraba un juicio similar en Tokio. Aunque el acuerdo sobre el respeto a la presunción de inocencia planteado en el artículo 11 fue alcanzado rápidamente, los redactores debatieron sobre la redacción del segundo párrafo. Estaban preocupados por el hecho de que una prohibición de la retroactividad pudiera utilizarse para argumentar que los juicios de Nuremberg habían sido ilegales, pues se habían juzgado “crímenes contra la paz” y “crímenes contra la humanidad”, que previamente no existían en las leyes nacionales.
La redacción que se acordó finalmente para el artículo 11 allanó el camino para la adopción, en 1968, de una convención de la ONU que estableció que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben. A inicios de la década de 1990, se establecieron tribunales especiales para Sierra Leona, Camboya, la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros países sobre el principio de que ciertos crímenes recaen en la jurisdicción internacional,
La determinación para poner fin a la impunidad de crímenes tan atroces llevó al establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002. Dicha corte está prevista en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la adopción de la DUDH. La Convención sobre Genocidio permite responsabilizar a criminales individuales “ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.”
La lista de crímenes por los cuales se puede ser condenado fue ampliada por el Estatuto de Roma, que estableció la CPI. Éste afirmó claramente que la violación y los delitos de género se encontraban en la lista de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, derivados de una creciente percepción de que la violación no era solamente cometida por soldados con intención destructiva, sino que, en el siglo XX, se había convertido en una verdadera táctica de guerra.
El comité que otorga el Premio Nobel de la Paz buscó destacar aún más la repugnancia del mundo hacia dichos actos en 2018, al otorgar el galardón al médico congolés Denis Mukwege y a Nadia Murad, una activista Yazidi, por sus esfuerzos para terminar con la violencia sexual como arma de guerra y del conflicto armado. Tal y como apuntó el Comité del Nobel: “sólo se alcanzará un mundo más pacífico si las mujeres, sus derechos fundamentales y su seguridad son reconocidos y protegidos durante las guerras.”
