La Convención de Diversidad Biológica (CDB) es uno de los tres grandes acuerdos internacionales adoptados durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Este año, celebrará su décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre. Es un avance prometedor que el Gobierno de Colombia, en calidad de presidencia de la COP16, haya remarcado la intención de que esta sea la COP de la gente, donde se promulgue la Paz con la Naturaleza para repensar los modelos económicos de extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza. Estará en manos de las partes que las deliberaciones y los resultados de esta conferencia sean coherentes con este enfoque y los derechos humanos en genera
“Alcanzar la paz con la naturaleza, como propone el lema de la COP16, también implica superar los altos niveles de violencia que colocan a nuestra región como la más peligrosa del mundo para la defensa del medio ambiente”
Para América Latina y el Caribe, que detenta el mayor índice de pérdida de biodiversidad en el mundo (94%) y alrededor de 800 Pueblos Indígenas, que contribuyen de manera significativa a la protección de los ecosistemas del planeta, resulta crucial adoptar esquemas de conservación y restauración que respeten sus derechos y su relación íntima con la naturaleza. Reconocer este vínculo es aún más relevante con respecto a los casi 200 Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial de la región, para quienes el respeto y la protección de sus derechos, en torno a la pérdida de biodiversidad, es una condición indispensable de supervivencia.
En efecto, una conservación basada en los derechos humanos conduce a mejores resultados tanto para la gente como para la biodiversidad. Un estudio conjunto de FAO y FILAC, que revisó más de 250 investigaciones, evidenció que cuando se garantizan los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, sus tierras almacenan más carbono, sus bosques son más densos y tienen una mayor biodiversidad en comparación con otros territorios.
Sin embargo, alcanzar la paz con la naturaleza también implica superar los altos niveles de violencia que colocan a nuestra región como la más peligrosa del mundo para la defensa del medio ambiente. Según el último informe de Global Witness, entre el 2012 al 2023, se registraron en el mundo 2.106 muertes de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, siendo América Latina la que registra los índices más altos de estos incidentes. De hecho, la región fue responsable del 80% de las muertes registradas para el 2023 (166 de 196 muertes).
Para aquellos que perciben la flora y la fauna como elementos de aprovechamiento y explotación, debemos recordar que contar con ecosistemas saludables y una rica biodiversidad es un componente fundamental del derecho de todas las personas a un medio ambiente saludable, limpio y sostenible. De hecho, los componentes de la naturaleza son fundamentales para la purificación del agua, regulación del clima, polinización de cultivos, incremento en la diversidad de especies y seguridad alimentaria, preservación de prácticas culturales y espirituales, prevención de desastres naturales y de epidemias e inclusive el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías. Conforme señala la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, contar con ecosistemas saludables es fundamental para la realización plena de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, salud, alimentación, agua, vida cultural y medio ambiente saludable, entre otros.
En este contexto, la COP16 es una oportunidad crucial para que los Estados, organismos internacionales, sociedad civil y empresas aboguen por una decisión que promueva la incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos, incluyendo el enfoque de género, como una nueva área de trabajo bajo la CDB. Esto fortalecería la capacidad de los Estados para que sus acciones en materia de biodiversidad estén fundamentadas en los derechos humanos, facilitando así la implementación exitosa del Marco Global de Biodiversidad, adoptado en la COP15 en 2022. Así lo entienden los propios órganos de la CDB, que en abril de este año remarcaron la falta de orientación específica sobre temas de derechos humanos en la implementación del Convenio.
Otra decisión fundamental comprenderá la adopción de un Programa de Trabajo y la posible creación de un órgano subsidiario para ampliar acciones alrededor del artículo 8(j) de la CDB, el cual reconoce la obligación de los Estados de reconocer y promover los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de Pueblos Indígenas, y de las comunidades locales en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, pero que aún enfrenta múltiples desafíos para su aplicación efectiva.
En una región asediada por la minería ilegal, la deforestación, incendios provocados, la expansión de la frontera agrícola y la sobreexplotación de recursos naturales, la COP16 representa una oportunidad para asumir compromisos globales reales que impulsen políticas y estrategias nacionales de biodiversidad más ambiciosas centradas en los derechos humanos. Esto requiere un reconocimiento del papel fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, cuya protección es imprescindible, y garantizar la participación activa y significativa de Pueblos Indígenas, personas afrodescendientes, campesinos, mujeres y juventudes, entre otros, en las decisiones sobre la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible y equitativo de la biodiversidad.
Atender a estos llamados es esencial para avanzar hacia una verdadera Paz con la Naturaleza que trascienda las buenas intenciones. Por esta razón, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) asume con convicción la misión de abogar por este enfoque en múltiples espacios de la conferencia y se pone a disposición de los Estados, la sociedad civil y demás actores para explorar soluciones conjuntas que restauren nuestro vínculo espiritual y ético con la naturaleza para garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de ecosistemas saludables y una rica biodiversidad.
Andrés Sánchez Thorin es representante encargado para América Central; y Jan Jarab es representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Este artículo de opinión fué publicado en la sección de noticias de elpaís.com
