Traducción no oficial
Declaración a la conclusión de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, a El Salvador – 14 a 18 de agosto de 2017.
En mi capacidad como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, he tenido el honor de efectuar una visita oficial a El Salvador del 14 al 18 de agosto a invitación del Gobierno de la República de El Salvador. El objetivo de mi visita fue consultar sobre los fenómenos de desplazamiento interno en el país debido a factores que incluyen violencia generalizada y relacionada con pandillas y evaluar la situación de los desplazados internos. Me reuní con funcionarios de alto nivel del Gobierno, tanto nacionales como locales, con responsabilidad en áreas relacionadas con mi mandato y también con agencias y entidades especializadas de las Naciones Unidas, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y, lo que es más importante, con algunas de aquellas personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares y que compartieron sus experiencias conmigo.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente al Gobierno de El Salvador por su invitación oficial para mi visita y por su excelente cooperación con mi mandato, así como también a numerosas organizaciones de la sociedad civil y a otros que me ayudaron a realizar mi trabajo. También agradezco al Gobierno por su respeto pleno a la independencia de mi mandato. Mis comentarios este día representan solamente mis puntos de vista preliminares basados en mi visita a El Salvador y la información que he recibido hasta la fecha. Estaré produciendo un informe completo sobre mis hallazgos y recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2018.
Para comenzar, permítanme decir unas pocas palabras sobre mi mandato de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Me guío en las normas sobre derechos humanos relacionadas con aquellas personas que tienen que abandonar sus hogares dentro de las fronteras de sus países. En particular, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, adoptados en 1998, establecen que el desplazamiento interno puede ser provocado por factores que incluyen conflictos, desastres naturales, proyectos de desarrollo y, lo que es más importante en el contexto de mi visita a El Salvador, como resultado de la violencia generalizada. Aunque muchos asocian el desplazamiento interno mayormente con conflictos y desastres, es importante reconocer que los gobiernos tienen una obligación de prevenir el desplazamiento como resultado de dicha violencia generalizada y de proteger los derechos humanos de aquellos desplazados internamente por ella en la medida de sus habilidades y recursos. En otras palabras, un país no necesita tener campos y centros de evacuación para establecer que el desplazamiento interno existe.
Durante mi visita, fui informada del impacto devastador y extraordinario de la violencia generalizada y particularmente de la violencia relacionada con las pandillas sobre personas, familias y comunidades. Las pandillas pueden controlar o dominar territorios y poblaciones a través de amenazas, intimidación y violencia y una cultura de violencia que infecta a comunidades enteras y las actividades, movimientos, interacciones y relaciones cotidianas de las personas. Los asesinatos se han vuelto algo común y la extorsión de personas y pequeños negocios es generalizada y es vista como un “impuesto” de las pandillas a las comunidades locales. Los miembros de las comunidades me escribieron no poder dejar a sus niños jugar fuera por miedo a que ellos caigan bajo la influencia de los miembros de pandillas o sean amenazados por éstas. Con personas bajo amenazas de las pandillas, se me informó que ellos o sus familias enteras simplemente desaparecen, dejando sus hogares abandonados o vendiéndolos muy barato si podían hacerlo.
Se me informó que los jóvenes no pueden llevar vidas normales en algunos vecindarios o visitar amigos en otras áreas. Cruzar de un vecindario a otro podrían traducirse en la muerte para un joven si se mueve de un territorio controlado por una pandilla a otro sin cuidado o permiso. En otros casos, la única forma de mantenerse seguros es no abandonar sus hogares. Simplemente ser una persona joven o vivir en un vecindario conocido de pandillas levantará sospechas sobre los jóvenes de que son miembros de pandillas o están asociados con ellas y algunos me describieron incidentes de violencia o intimidación tanto por las pandillas como por la policía. Una joven me dijo que “es un crimen ser una persona joven en el Salvador hoy en día”, un sentimiento profundamente deprimente que escuché resonar varias veces durante mi visita, incluyendo de funcionarios públicos de alto nivel.
Las mujeres jóvenes y las niñas son particularmente vulnerables a amenazas, intimidaciones y violencia, incluyendo violación y altos niveles de feminicidio han sido registrados. Las mujeres con quienes me reuní, algunas en “casas seguras” secretas o albergues, me escribieron sus experiencias de amenazas y violencia por miembros de pandillas que les llevaron a tener que abandonar sus hogares con sus niños por temor a sus vidas o por proteger a sus niños. Una mujer me informó que cuando se rehusó a ayudar a una pandilla a cometer un secuestro, ella fue violada y forzada a huir. Los miembros de la comunidad LGBTI y particularmente las mujeres transgénero, también son altamente vulnerables a la violencia y conocí a algunos que me describieron haber sido forzados a abandonar sus hogares varias veces debido a amenazas, intentos de asesinato o intimidación por las pandillas así como por miembros de la policía o del ejército.
En un kindergarten que visité, me mostraron dibujos hechos por niños pequeños que respondieron a la pregunta “¿A qué tienes miedo?” que mostraban hombres con armas y máscaras y familias abandonando sus hogares. Cuando les pregunté qué querían de mí para el futuro, aquellos que entrevisté me describieron sus esperanzas de una vida normal de vecindarios seguros, calles seguras y las interacciones y actividades cotidianas que actualmente no pueden efectuar – una vida sin la amenaza de violencia de pandillas o una presencia opresiva policial y militar. Aunque los miembros de las comunidades me dijeron que ellos sienten que no se está siendo suficiente para abordar la violencia y establecer el estado de derecho, ellos también indicaron que temen a la policía y al ejército cuando ellos entran a sus comunidades.
Se me informó que las escuelas en algunas localidades ya no son consideradas como espacios seguros para los niños, los maestros son amenazados, las pandillas operan dentro y alrededor de algunas escuelas donde reclutan a niños, los exponen a participación en sus actividades criminales, e identifican a las niñas como blancos sexuales para miembros de pandillas. Se me informó que los niños pueden ser detenidos en su camino a la escuela por miembros de pandillas y pueden ser asesinados por rehusar unirse a una pandilla. Altas tasas de abandono escolar son atribuidas en parte a la violencia y al desplazamiento de las familias. Si un niño es afectado por la violencia o amenazas, la familia entera es afectada y se vuelve vulnerable y puede tener que abandonar su hogar.
La magnitud de los crímenes violentos es tal que se me dijo que a menudo no se efectúan investigaciones, aún sobre los crímenes más serios, incluyendo homicidios, lo que se traduce en altos niveles de impunidad y una falta de fe en el sistema de justicia criminal. Dicha situación indica un déficit altamente preocupante en el cumplimiento de la ley en El Salvador y que su policía y servicio de investigación está sobrecargado y mal equipado para responder a los desafíos a que se enfrenta. Con relación a mi propio trabajo sobre desplazamiento interno, también sugiere un ambiente y una sociedad en los cuales las pandillas pueden funcionar casi con absoluta impunidad a ser perseguidos aún por los crímenes más atroces, lo que lleva a personas y familias a ver que la única opción disponible para ellos es escapar y buscar la seguridad.
La mayoría de funcionarios públicos, jueces de alto nivel y otros funcionarios con quienes me reuní reconocieron y me describieron la magnitud del problema de la violencia de pandillas y el desplazamiento interno y expresaron su profunda preocupación por la situación. Sin embargo, en contraste con la información que recibí de ellos y de fuentes de la sociedad civil y miembros de comunidades, también escuché de algunos elementos clave del gobierno que los números de personas afectadas por el desplazamiento interno debido a la violencia han sido relativamente bajos y que su desplazamiento frecuentemente es temporal y se resuelve rápidamente. Se me informó que a las víctimas se les proporciona asistencia y protección bajo políticas que incluyen el Plan El Salvador Seguro que estaba teniendo un impacto dramáticamente positivo sobre la actividad criminal. Lamento que esta imagen positiva a menudo no fuera consistente con la amplia variedad de la otra información que recibí.
Reconozco y acojo cálidamente las iniciativas gubernamentales y que algunas mejoras han ocurrido en las municipalidades que visité, después de mi extenso programa de reuniones y consultas. A la misma vez, el problema del desplazamiento interno sigue siendo un desafío oculto y en gran manera no reconocido en El Salvador. Las víctimas de violencia y desplazamiento a menudo tienen que tomar sus medidas de seguridad y protección en sus propias manos debido a la falta de un sistema general de protección efectivo y funcional proporcionado por el estado. Las dificultades a que se enfrenta el gobierno son significativas; sin embargo, reconocer plenamente los desafíos del desplazamiento interno es un paso esencial para enfrentarlos y proporcionar la protección necesaria y soluciones duraderas para los IDPs.
El número verdadero de aquellos afectados por el desplazamiento interno es por lo tanto desconocido, ya que las víctimas buscan el anonimato y para algunos, rutas para salir del país en busca de la seguridad en otros lugares. Las cifras estadísticas e investigaciones independientes adicionales son vitales para revelar la magnitud completa del problema del desplazamiento interno en El Salvador, incluyendo no solamente los números de afectados sino también sus circunstancias, vulnerabilidades y problemas de protección, a fin de comenzar a encontrar soluciones efectivas para muchas víctimas ocultas y anónimas. En este sentido, agradezco un estudio de caracterización de la situación del desplazamiento interno que está siendo efectuado por el Gobierno en cooperación con las Naciones Unidas y otros y que debe finalizarse pronto, el cual será un recurso y una herramienta esencial que proporcionará una base evidencial necesaria para todos los interesados y para ayudar al gobierno a planificar sus respuestas al desplazamiento interno.
Tengo claro que el fenómeno del desplazamiento interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa y en gran manera no reconocida en El Salvador que afecta a miles de personas, familias y comunidades enteras. Como les mencioné, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos son la norma internacional clave de derechos humanos relacionada con el desplazamiento interno e indican claramente que las obligaciones de los gobiernos incluyen prevenir y responder apropiadamente al desplazamiento interno causado por la violencia generalizada. Los Principios Rectores y otras leyes y normas internacionales sobre derechos humanos relevantes para el desplazamiento interno proporcionan una guía para los gobiernos sobre medidas para proteger a aquellos afectados por el desplazamiento interno.
El gobierno debe ser felicitado por tomar iniciativas importantes para abordar los desafíos significativos de la violencia. Por ejemplo, el Plan El Salvador Seguro fue discutido frecuentemente por funcionarios gubernamentales y proporciona un elemento importante de política gubernamental con objetivos que incluyen la prevención de la violencia, la persecución de los perpetradores y la protección de las víctimas de la violencia. De manera importante, este valioso Plan incluye referencias a las personas desplazadas internamente como estando entre aquellas a ser protegidas y asistidas bajo sus disposiciones. Un sistema encomiable de protección existe para mujeres, niños y adolescentes. El establecimiento en febrero de 2017 de oficinas locales para atención a víctimas (OLAV) también demuestra un avance importante en la atención a las víctimas de la violencia.
Sin embargo, es mi análisis preliminar que en la práctica hay protocolos insuficientes de protección establecidos, incluyendo bajo el Plan El Salvador Seguro, enfocados específicamente en los desplazados internos. Además, las comunidades están altamente preocupadas por elementos tales como medidas extraordinarias de seguridad desarrolladas en sus comunidades, incluyendo operaciones conjuntas policiales y militares.
El establecimiento de un marco legal, de política e institucional para abordar específicamente las necesidades y vulnerabilidades de los desplazados internos, como una categoría de víctimas, es esencial y está pendiente en El Salvador. El enfoque legal actual del gobierno se centra en abordar la restricción ilegal a la libertad de movimiento de las personas y en la ocupación ilegal de propiedades. Esto no incluye ni aborda adecuadamente los crímenes y el impacto del desplazamiento interno ni proporciona una protección adecuada para aquellos que han sido desplazados por la fuerza. De igual manera, la Ley para Víctimas y Testigos se enfoca en testigos de crímenes y protección de testigos y no incluye adecuadamente a los desplazados internos como una categoría singular de víctimas que requieren de apoyo, asistencia y protección.
Debe reconocerse que en El Salvador hay desafíos particulares para proporcionar protección contra la violencia en vista del tamaño reducido del país y la magnitud de la influencia y las redes de las pandillas. Varios funcionarios de alto nivel me reconocieron que debido a la falta de opciones de protección en el país, para muchos de aquellos con los mayores riesgos de violencia las únicas opciones siguen siendo buscar la reubicación y protección fuera del país. Muchos de aquellos desplazados por la violencia terminan uniéndose a rutas irregulares de migrantes fuera del país. Frecuentemente, ellos son deportados y devueltos a situaciones de alta vulnerabilidad en El Salvador, donde pueden volver a una situación de desplazamiento interno, amenazas continuas y recursos reducidos. Para la juventud, mujeres jóvenes y la comunidad LGBTI en particular, esto crea una espiral descendente de vulnerabilidad a medida que sus recursos disminuyen y su vulnerabilidad hacia el abuso se incrementa.
Me dio mucho gusto visitar el Centro de Asistencia al Migrante de La Chacra, el cual sirve a 52,000 repatriados a El Salvador anualmente. Me impresionaron grandemente los servicios proporcionados a aquellos que retornan, muchos de los cuales son vulnerables, con dignidad y cuidado y proporcionan apoyo esencial de corto plazo. Muchos de esos repatriados no pueden volver a sus hogares originales y podrían por lo tanto volver a situaciones de desplazamiento interno y posibles amenazas de violencia. Es mi esperanza que el servicio y el proceso puedan evolucionar para incluir un análisis integral de preocupaciones de protección para personas y familias, así como también puedan referir a aquellos que puedan ser desplazados internamente a un marco de protección dedicado.
Aunque la legislación y el desarrollo de políticas dedicadas a abordar el desplazamiento interno proporcionarían una base esencial, en vista de la realidad del desplazamiento es esencial establecer rápidamente y mantener un sistema integral funcional de protección para víctimas de desplazamiento interno de violencia dentro de El Salvador. Además, hay necesidad de incluir la participación de las víctimas de la violencia quienes, como los desplazados internamente, tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre su situación y aspiraciones específicas. Como existe actualmente, el sistema de protección debe ser mejorado para incluir una red de de albergues seguros para mujeres, jóvenes y adolescentes, y también a hombres que sean desplazados internamente y evaluados como estando de riesgo de violencia. La unidad familiar es esencial para las víctimas del desplazamiento interno y me ha alarmado enterarme que aunque la unidad de las familias es tomada en consideración en la evaluación de las víctimas, hay pocas opciones para la protección de las familias juntas. Conocí a una mujer desplazada a quien se le informó que ella no podría ser protegida junto con sus niños y que estaba de riesgo de ser separada de ellos.
El Salvador debería fortalecer su atención institucional hacia los desplazados internos incluso estableciendo un punto focal e institucional claro y mecanismos de coordinación efectivos para llevar a cabo actividades y coordinar el trabajo de los ministerios y otras entidades relevantes. Actualmente, las instituciones nacionales están restringidas en sus actividades por factores que incluyen la falta de reconocimiento institucional y político de los desafíos del desplazamiento interno. Aumentar los presupuestos y capacidad de las instituciones clave debe ser parte de soluciones más amplias al problema del desplazamiento interno. Por ejemplo, me reuní con las instituciones y estructuras de protección de la niñez y la adolescencia del Estado, CONNA e ISNA. Éstas deben ser fortalecidas para abordar específicamente los problemas y necesidades de protección de los niños y adolescentes desplazados internamente. Aunque ellas pueden adaptar sus servicios para abordar dichos casos de alguna forma, su papel en el futuro podría ser mejorado grandemente si sus recursos y capacidades son mejorados y su mandato es expandido según sea requerido.
La influencia de la violencia debe ser reconocida; cuando pregunté a diferentes funcionarios de gobierno y a otros si puedo caminar seguramente en las calles de El Salvador, lamento decir que nunca recibí una respuesta positiva. Esto requerirá de mejores respuestas y medidas en seguridad para abordar y reducir las estructuras criminales y la influencia de las pandillas que sean implementadas de manera sensible en consulta con las comunidades afectadas por la violencia. Las comunidades y las víctimas me dijeron consistentemente que tienen temor a estrategias de seguridad agresivas e intimidantes que aparecen para criminalizar a vecindarios enteros y consideran a los miembros ordinarios de las comunidades como potenciales miembros de pandillas. Medidas tomadas para desarrollar a implementar iniciativas de vigilancia comunitaria genuinas son bienvenidas y deben mejorarse a través de la participación comunitaria.
Lamento decir que he sido informada por muchas personas que ellas han sufrido violencia y abusos por miembros de la Policía Nacional Civil y acusaciones del resurgimiento de grupos de exterminio. He notado que esto ha sido rechazado fuertemente por funcionarios de alto nivel del gobierno y de seguridad. Creo que se están haciendo esfuerzos para enfrentar y prevenir cualquier abuso por dichas autoridades, incluyendo una investigación interna sobre acusaciones de abuso policial. Sin embargo, las acusaciones de asesinato, brutalidad y corrupción policial y conexión con las pandillas deben tomarse muy en serio y ser investigadas plenamente. La confianza en la policía se ha deteriorado de manera significativa y debe recuperarse con el tiempo. Se me dijo en un número de ocasiones que las personas temen a las autoridades tanto como temen a las pandillas. También quiero reconocer que la policía y los soldados a menudo operan con alto riesgo para ellos mismos y lamento enterarme que ellos y sus familias también se han convertido en blancos para las pandillas y algunos han sido asesinados y desplazados. Éste es también el caso de jueces que han tenido que pedir ser transferidos a lugares más seguros para la administración de la justicia a modo que ellos y sus familias puedan vivir con seguridad.
También es esencial abordar las causas raíces del desplazamiento interno en El Salvador. Se me enfatizó frecuentemente que la pobreza, desarrollo económico y privación social son factores importantes que llevan a las estructuras y actividades criminales. Los vecindarios y comunidades más afectados son también frecuentemente los más pobres. La pobreza es una causa principal de participación en pandillas y es una triste realidad que los pobres están desplazando a los pobres. Estos vecindarios, donde las oportunidades, trabajo e ingresos son limitados, son tierra fértil de reclutamiento para las pandillas. Consecuentemente, las soluciones deben ser holísticas y de largo plazo, involucrando medidas importantes de desarrollo y económicas. Ciertamente, los alcaldes municipales con quienes me reuní me enfatizaron que éste era un componente esencial para atacar las causas raíces de la criminalidad de las pandillas. Me impresionaron los programas sociales en curso en municipalidades que visité incluyendo en Mejicanos y Cuscatancingo, incluso para proporcionar capacitación y donativos emprendedores, establecer consejos comunitarios, establecer o recuperar espacios públicos e involucrar a las comunidades en proyectos sociales.
El Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador puede ser un elemento importante de las soluciones de largo plazo. De igual manera, la comunidad internacional debe continuar jugando un papel importante de apoyo y asistencia, cooperando y ayudando a financiar iniciativas vitales para ayudar a romper el ciclo de violencia y el desplazamiento de las pandillas y promover soluciones sociales, económicas y otras para aquellos afectados por la pobreza, violencia y desplazamiento interno. Fortalecer los enfoques regionales y la cooperación en la lucha para enfrentarse a la violencia relacionada con pandillas y al desplazamiento interno sería altamente positivo, reconociendo los desafíos comunes compartidos por los Países del Triángulo Norte.
Durante mi visita, me reuní con numerosos representantes de pueblos indígenas que me describieron sus preocupaciones relacionadas con el desplazamiento interno. Ellos describieron una larga historia de desplazamiento y amenazas para su existencia en sus tierras ancestrales. Algunos me indicaron que sus preocupaciones incluyen problemas relacionados con derechos y propiedad de la tierra, de violencia y proyectos de desarrollo de gran escala tales como presas, actividades de minería y desarrollo de infraestructura implementados por el gobierno y también por grandes corporaciones. Algunos mencionaron que miembros de sus comunidades han sido asesinados tratando de proteger sus derechos como pueblos indígenas. Dichas acusaciones deben ser investigadas y enfatizo que los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados, incluyendo el derecho a no ser desplazados de sus tierras, de acuerdo a normas que incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También se me informó sobre los riesgos ambientales significativos a que se enfrenta El Salvador y buscaré más información sobre esta posible causa potencial de desplazamiento interno masivo. La Política Nacional de Gestión de Riesgos es un paso positivo en este sentido.
En conclusión, también me ha impresionado fuertemente el trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Estas organizaciones y su personal dedicado desempeñen numerosas funciones en apoyo a las víctimas de la violencia y para los desplazados internos en ausencia de asistencia institucional gubernamental dedicada para ellos. Frecuentemente, estas organizaciones llenan una enorme brecha de protección y muchas víctimas me informaron que ellas dependen completamente de su apoyo. Esto se agradece y estas organizaciones deben ser apoyadas y tener mejores recursos para continuar con su trabajo. Sin embargo, están satisfaciendo funciones que el estado debería estar tomando como parte de sus responsabilidades y obligaciones bajo normas y leyes de derechos humanos. Me entristeció enterarme que algunos de los defensores de derechos humanos que trabajan para estas organizaciones han sido amenazados y proporcionarles medidas adecuadas de protección a ellos es responsabilidad del gobierno.
Nuevamente, quiero agradecer al gobierno de El Salvador y enfatizar mi deseo de continuar nuestra participación constructiva enfocada a fortalecer sus esfuerzos para proteger los derechos de los desplazados internos. Gracias.
