San Salvador, 17 de noviembre de 2017
Acabo de concluir mi visita a El Salvador, la primera visita de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Quisiera agradecer al Presidente Salvador Sánchez Cerén y su Gobierno por su invitación a visitar el país y por su apertura para discutir una variedad de temas conmigo. De igual forma, estoy muy agradecido con los altos representantes de la Asamblea Legislativa y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia por la oportunidad de hablar con ellos. Mis agradecimientos también van para las víctimas, los y las representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas, quienes dedicaron parte de su tiempo a detallar sus esfuerzos para confrontar los desafíos a los derechos humanos.
Veinticinco años después de haber terminado la guerra civil, El Salvador ha demostrado ser una democracia en funcionamiento que honra la libertad de expresión, donde el discurso político es pujante. Además, al presidir el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, el país ha demostrado su disposición a tomar un papel de liderazgo internacional junto con las responsabilidades de participar en el Consejo – lo que es altamente agradecido.
Durante mis reuniones con el Presidente Salvador Sánchez Cerén y sus ministros, se me comunicó cómo la lucha contra la violencia, en particular la pandilleril, es una prioridad para el Estado.
Déjenme decir para iniciar que condeno plenamente la violencia perpetrada por las pandillas y el crimen organizado que marchita las vidas de tantos salvadoreños.
El Gobierno ha presentado un plan conocido como el Plan El Salvador Seguro que tiene como objetivo contener y prevenir la violencia, investigar crímenes de forma coordinada y efectiva, y tener un sistema de justicia penal en el que las personas confíen para detener la influencia de los grupos criminales dentro de las prisiones, asegurarse de sentencias de encarcelamiento que se cumplan en espacios adecuados y en condiciones para la rehabilitación, y que las víctimas reciban apoyo y puedan obtener justicia y reparación.
El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos. En la práctica, esto significa aumentar el énfasis en los importantes aspectos preventivos del plan y reconocer que el lidiar con la violencia a través del lente de la seguridad, a la larga es menos efectivo.
El nivel de violencia en El Salvador permanece escandalosamente alto. Según los grupos de la sociedad civil, desde enero de 2015 a febrero de 2017, más de mil civiles y 45 agentes policiales han perdido la vida en enfrentamientos armados entre la policía y supuestos miembros de pandillas. También hay informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte. No importa cuán serias sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales. Todas las víctimas merecen recibir justicia.
Nos han informado de los esfuerzos estatales de tener el total control de las cárceles a través de Medidas Extraordinarias de Seguridad, que desde abril de 2016 han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas, sufriendo suspensiones de visitas de sus familiares. La vulnerabilidad de estas personas privadas de libertad queda en relieve por brote de tuberculosis que ha afectado a más de mil detenidos, diciéndose también que varios cientos sufren de desnutrición. Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias y garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi Oficina.
Durante mis pláticas, escuché cómo los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas, y noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo.
El Salvador ostenta la espantosa distinción de tener la tasa más alta de asesinatos basados en género de mujeres y niñas en Centroamérica – una región donde el femicidio es ya desafortunadamente tan alto como la impunidad por estos mismos crímenes, enviando el mensaje más equivocado a la sociedad, que la violencia es tolerada, alimentando de esta manera más violencia contra las mujeres.
Se han dado pasos positivos hacia el enfrentar esta violencia y discriminación arraigada contra las mujeres, tales como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el establecimiento en marzo de 2016, de tribunales especializados para juzgar los asesinatos basados en género contra las mujeres. La investigación, persecución y castigo de dichos crímenes pueden ayudar a contrarrestar la percepción que la violencia contra las mujeres es tolerada.
Estoy horrorizado que como resultado de la prohibición absoluta en El Salvador del aborto, las mujeres están siendo castigadas por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas, acusadas y condenadas de haberse inducido la terminación del embarazo.
Durante la mañana del jueves visité la cárcel de mujeres en Ilopango en las afueras de San Salvador y tuve el privilegio de hablar con mujeres que fueron condenadas por «homicidio agravado» relacionadas con emergencias obstétricas y que están cumpliendo una condena de 30 años en prisión. Rara vez me había sentido tan conmovido como me sentí por sus historias y la crueldad que han tenido que soportar. Parece ser que solamente mujeres de orígenes pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica delatadora de la injusticia sufrida.
Hago un llamado a El Salvador a emprender un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal y a revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos. Llegase a descubrirse que sus casos no cumplieran, apelo por la inmediata liberación de estas mujeres. Para establecer el cumplimiento, mi Oficina ha propuesto que dicha revisión podría ser establecida por decreto presidencial y ejecutada por un Comité Ejecutivo Experto compuesto por miembros nacionales e internacionales. Le he pedido al Gobierno que actúe sobre esta propuesta e indiqué la disposición de mi Oficina de bridar asistencia. Esto se ha alineado con las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.
En sentido más amplio, aproveché la oportunidad durante mi reunión con el Presidente Sánchez Cerén y la Asamblea Legislativa de recordarles que El Salvador debe cumplir con sus obligaciones para con los derechos humano a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto. En mis pláticas con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, también subrayé que la constitución de El Salvador afirma la prevalencia del derecho internacionales de los derechos humanos, del cual el Gobierno está obligado a aplicar.
Durante mi visita conmemoré el 28o aniversario del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y su hija de 16 años en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas in Sal Salvador – una acción atroz que se convirtió en uno de los episodios determinantes de la guerra civil de El Salvador. Fue una experiencia conmovedora para mí.
En julio 2016, El Salvador dio un valiente paso para abordar el legado del conflicto armado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. Recibo con beneplácito el nombramiento de fiscales para investigar algunas de las masacres más serias – tales como la de El Mozote en 1981 – cuando los soldados asesinaron a cerca de mil civiles, en su mayoría mujeres y niños.
Pero a pesar de los valientes esfuerzos de la sociedad civil y los grupos de víctimas, solamente tres de entre más de 100 acusaciones criminales han sido reabiertas. Se han dejado estos crímenes del pasado sin investigación ni castigo, alimentando los patrones de violencia que envenenan el presente y pueden minar el futuro de una sociedad. El pasado y el presente son un continuo, se me dijo durante mi reunión con ONGs. Las víctimas del pasado todavía sufren. Reiteré nuestro compromiso de trabajar tanto con el Gobierno como con la sociedad civil para lograr resolver estos casos.
En junio la Asamblea Legislativa elegirá nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Celebro la solicitud que mi Oficina acompañe este proceso para asegurar que sea transparente, público y participativo, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
La apertura y disposición de El Salvador es loable, al involucrar el sistema de derechos humanos de la ONU, habiendo ratificado ocho de los nueve principales tratados de derechos humanos internacionales. Para fortalecer la colaboración con los mecanismos de derechos humanos, insté al gobierno que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura como una medida adicional para prevenir la tortura y el trato inhumano y degradante en todos los centros de detención.
Me sorprendió la dedicación y el coraje de las defensoras y los defensores de los derechos humanos y periodistas en El Salvador, quienes enfrentan amenazas, intimidación y difamación. Insto a las autoridades que investiguen estos ataques y establezcan medidas efectivas para asegurar su protección.
Son necesarias acciones similares para atacar la alta tasa de impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI, especialmente mujeres transgénero. Como dijo un representante de la sociedad civil: «No hay política pública para nosotros, solo violencia institucional»:
De forma similar, los pueblos indígenas exigen que el Estado haga esfuerzos mayores para reconocer y abordar sus necesidades y situación particular.
Durante mi visita me impresionó escuchar al Gobierno expresar su compromiso a los derechos humanos y los pasos tomados hasta la fecha para cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos. También me conmovió el verdadero sufrimiento de aquellos que experimentan violaciones a los derechos humanos. Tomado todo esto en conjunto, dejo el país esperanzado que la resiliencia y la compasión de las salvadoreñas y salvadoreños encamine al país a una década más positiva para los derechos humanos en todo el territorio nacional.
FINAL
NOTA:
La declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al final de su misión en El Salvador fue escrita en inglés y traducido al español. Para ver el documento original en inglés, presione aquí.
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