Desde las ocupaciones estudiantiles de las universidades de París en 1968 hasta la primavera árabe de 2011, las manifestaciones masivas han sido la forma en que las personas han exigido un cambio social. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), junto con el artículo 19 sobre la libertad de expresión, garantizan en conjunto el derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, perseguir y defender intereses comunes.
Para ejercer los derechos que abarca el artículo 20, no hace falta manifestarse en los Campos Elíseos o tomar el equivalente a nivel local de la Plaza Tahrir de Egipto. La libertad de “reunión pacífica” también cubre sentadas, salidas, vigilias, discusiones en grupo y representaciones teatrales.
Los Estados no sólo tienen la obligación de proteger las reuniones pacíficas, sino que también deben tomar medidas para facilitarlas.
En el contexto de las protestas y manifestaciones, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley contienen directrices muy estrictas sobre el uso de la fuerza, que establecen que “el uso letal intencionado de las armas de fuego sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida»
La ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, señaló que “Participar en protestas pacíficas es una alternativa a la violencia y a la fuerza armada que debemos apoyar como medio de expresión y cambio. Por lo tanto, debe ser protegida, y protegida con firmeza «.
El artículo 20 también nos da el derecho a formar o a unirnos a un grupo, y nos protege de la obligación de unirnos a una asociación. Las asociaciones incluyen sindicatos, clubes, asociaciones religiosas, partidos políticos y, cada vez más, grupos en Internet.
Las redes sociales han desempeñado un papel vital en ayudar a los defensores de los derechos humanos y a las comunidades a organizarse, a dar voz a sus preocupaciones y a responder a las amenazas. La innovación tecnológica también les ha ayudado en gran medida a documentar violaciones de derechos humanos y a llevar a cabo monitoreos remotos e informar de forma rápida. Pero en el lado oscuro, el vídeo y la vigilancia en Internet, la censura, el acoso en la red y la incitación a la violencia a través de las plataformas de medios sociales también ponen en peligro a las asociaciones y a sus miembros de diferentes formas.
Los grupos de la sociedad civil, incluidos los que protegen el derecho de asociación descrito en el artículo 20, estuvieron a la vanguardia de los avances en la garantía de muchos de los derechos humanos más importantes a nivel global – como los movimientos para abolir la esclavitud y para lograr el voto de las mujeres, así como los movimientos actuales, como los que piden el fin de la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, y que buscan el fin del abuso sexual y el acoso a las mujeres.
Cada día, en todo el mundo, la sociedad civil contribuye a la promoción, protección y avance de los derechos humanos. Esta es una de las razones por las que la DUDH tiene el récord mundial por número de traducciones, muchas de las cuales han sido organizadas o realizadas por la sociedad civil en lugar de los gobiernos. Los derechos y libertades establecidos en la DUDH son fundamentales para la sociedad civil y primordiales para la causa de los derechos humanos reconocida por la protección que se les otorga en virtud del artículo 20.
Los sucesivos Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han subrayado constantemente el papel vital de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. En palabras de la ex Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sin defensores de los derechos humanos, “la Declaración Universal de Derechos Humanos carecería de vida. El coraje, la generosidad de espíritu, la integridad y la abnegación de los defensores de los derechos humanos han mantenido viva la Declaración Universal. Una vez tras otra, gracias a su trabajo, los Estados han actuado para apoyar estos derechos «.
Sin embargo, los grupos de la sociedad civil se enfrentan a una creciente ola de restricciones legales en cuanto a su registro, financiación y capacidad para hablar y operar libremente; con frecuencia las preocupaciones antiterroristas y de seguridad, justifican el gran alcance de las limitaciones que se les imponen. Sin embargo, también se enfrentan a amenazas para su seguridad: según datos de la ONU, por lo menos 1.019 defensores de los derechos humanos, incluidas 127 mujeres, fueron asesinados en 61 países de todo el mundo entre 2015 y 2017. Y esta cifra sólo es la punta del iceberg, ya que muchos asesinatos no se denuncian e innumerables defensores de los derechos humanos han sido objeto de intimidación, hostigamiento, penalización, detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y otros abusos contra los derechos humanos.
En un informe de 2018 sobre represalias, el ex Subsecretario General de la ONU, Andrew Gilmour, destacó tres tendencias preocupantes: la creciente tendencia a etiquetar a los defensores de los derechos humanos como «terroristas» o «delincuentes» en un intento de desacreditarlos; la aplicación de procedimientos legales y administrativos para tomar represalias contra ellos; y el abuso de los procedimientos de acreditación y seguridad para impedir que las organizaciones de la sociedad civil se involucren con las Naciones Unidas.
La alianza global de organizaciones de la sociedad civil conocida como CIVICUS resumió la importancia de estas organizaciones diciendo que: “Cuando los gobiernos han mostrado lo peor de la humanidad, como en Myanmar, Siria y Yemen, la sociedad civil ha mostrado lo mejor, colocándonos voluntariamente en la línea de fuego, haciendo lo que fuera posible por ayudar y exponer los abusos de derechos humanos”.
Una opinión respaldada por la Ex Alta Comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien afirmó que «la expansión de la protección de los derechos humanos no hubiera sido posible sin las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos».
