GINEBRA (14 de enero de 2025) – Expertos independientes de derechos humanos* exhortan al Gobierno de El Salvador a avanzar con la agenda de justicia transicional para remediar el daño sufrido por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes perpetrados durante el conflicto armado.
El 16 de enero de 2025 se cumplen 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador, en el que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente, según la Comisión de la Verdad respaldada por Naciones Unidas. “El aniversario del Acuerdo es un importante recordatorio del daño sufrido por la sociedad salvadoreña, agravado por décadas de impunidad e insuficiente reparación, y de la necesidad de abordarlo adecuadamente a través de un proceso holístico de justicia transicional,” dijeron los expertos.
“Si bien los Acuerdos dieron lugar a una serie de reformas institucionales orientadas a encaminar un proceso de paz apuntalado en el Estado de derecho, hoy se perciben los efectos de la implementación incompleta del diseño de justicia transicional allí estipulado, incluida la ausencia de políticas efectivas para la búsqueda y la investigación penal de personas desaparecidas, los obstáculos en el acceso a los archivos militares, la insuficiencia en los procesos de reparación y memoria histórica, aunado al actual estrechamiento del espacio cívico que afecta a periodistas, víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, agregaron.
A 8 años de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, la requerida adopción de un marco normativo de justicia transicional que garantice el acceso a la justicia, la información y la reparación integral para las víctimas del conflicto, también continua pendiente, pese a las diversas propuestas impulsadas desde las víctimas y la sociedad civil.
En 2020, el anterior Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió el informe de su visita oficial a El Salvador, y presentó un diagnóstico de las medidas adoptadas a 27 años de finalizado el conflicto. El informe examina los avances y las preocupantes deficiencias en la agenda de justicia transicional y propone una hoja de ruta para que el país, con apoyo de la comunidad internacional, lleve a cabo la implementación de las tareas pendientes.
“Sin embargo, la gran mayoría de estas recomendaciones no han sido implementadas”, destacaron los expertos y señalaron que también quedan por implementarse muchas de las recomendaciones formuladas respectivamente por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tras sus visitas al país.
“En el aniversario del Acuerdo invitamos a las instituciones pertinentes a reactivar esta agenda con miras a resolver las violaciones ocasionadas en el conflicto armado y los problemas contemporáneos que se desprenden de ello. Es inadmisible que los responsables de tantos crímenes del pasado reciente, incluyendo al menos 200 masacres de civiles, permanezcan impunes. Ante ello, la adopción de enfoques globales de justicia transicional, centrados en las víctimas y anclados en los desafíos pasados y presentes, ofrecen la mejor oportunidad para reparar a las víctimas, alcanzar la reconciliación, desarrollo y paz sustentables”, dijeron.
“Apoyamos los esfuerzos realizados hasta el momento, incluyendo en el caso de la ‘masacre de los Jesuitas’ y en la reciente decisión de abrir a juicio el caso por la ejecución de cuatro periodistas holandeses”, destacaron los expertos. “Sin embargo, queda aún mucho por hacer de la mano de la sociedad y de las víctimas. La hoja de ruta está diseñada, y nuestros mandatos están dispuestos a acompañar los esfuerzos por su implementación”.
FIN
*Los expertos: Bernard Duhaime, Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence; Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vice-presidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, y Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
ONU Derechos Humanos, página de país – El Salvador
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