NUEVA YORK (19 de octubre de 2023) – La industria del transporte marítimo internacional es clave para el funcionamiento de una economía global, pero el sector se ha visto plagado de graves preocupaciones ambientales y de derechos humanos, afirmó hoy un experto de la ONU.
Alrededor del 90 por ciento de los bienes comercializados en todo el mundo se transportan por vía marítima.
Al presentar su último informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos, pidió un enfoque del transporte marítimo basado en los derechos humanos por parte de los Estados y las empresas.
“Los derrames de petróleo dañan a las comunidades costeras y a los pueblos indígenas; la contaminación del aire procedente de los buques perjudica la calidad del aire en las ciudades portuarias; las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques contribuyen al cambio climático; el desguace de buques (y especialmente el varamiento de buques al final de su vida útil) libera contaminantes peligrosos persistentes al medio ambiente; la gente de mar está sometida a condiciones de trabajo peligrosas; y el transporte de carga peligrosa presenta riesgos para la tripulación y el medio ambiente”, afirmó Orellana.
El experto afirmó que el vertimiento ilegal de sustancias y desechos peligrosos sigue siendo una fuente importante de contaminación marina. Por ejemplo, el vertimiento de sentinas (la eliminación de una mezcla de líquidos de motores de barcos y otras sustancias potencialmente tóxicas en el océano) recibe menos atención que los derrames catastróficos de petróleo, pero podría ascender a 200.000 metros cúbicos al año. Los miembros de la tripulación a menudo son amenazados con el despido o con ser «incluidos en la lista negra» si denuncian tales actividades, afirmó el experto.
El Relator Especial describió algunos de los elementos de un enfoque del transporte marítimo basado en los derechos humanos, incluida la protección de los denunciantes, la transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas del Estado y las empresas por sus acciones.
Este informe profundiza y sigue el informe de Orellana sobre su visita a la Organización Marítima Internacional (OMI), que elogió los impresionantes logros de la OMI como autoridad normativa, al tiempo que señaló la urgente necesidad de interpretar e implementar los convenios de la OMI a la luz de los derechos humanos. obligaciones de los Estados.
“Los Estados, incluidos los Estados del pabellón, los Estados costeros y los Estados portuarios, deben aplicar las obligaciones establecidas en el derecho del mar, los convenios de la OMI y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y hacer que las empresas rindan cuentas de sus acciones”, dijo. Varias “banderas de conveniencia” no tienen la capacidad de regular el número de barcos matriculados bajo ellas. Sin una aplicación adecuada, el impacto de las convenciones internacionales se reduce enormemente, advirtió. Orellana hizo un llamado a las empresas de la industria naviera a implementar sus responsabilidades en materia de derechos humanos. “Las compañías navieras y las empresas relacionadas con el transporte marítimo deberían, como mínimo, reconocer explícitamente su responsabilidad de respetar los derechos humanos; establecer procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y poner en marcha procesos eficientes para prevenir, abordar y remediar los impactos adversos sobre los derechos humanos que causan o a los que contribuyen”, dijo el experto.
FIN
Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racional de sustancias y desechos peligrosos, fue designado por el Consejo de Derechos Humanos en julio de 2020. El Dr. Orellana es un experto en derecho internacional y derecho sobre derechos humanos y medio ambiente. Su práctica como asesor legal ha incluido trabajo con agencias de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, incluso en cuestiones de desechos y productos químicos en las convenciones de Basilea y Minamata, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo de Derechos Humanos. Ha intervenido en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio. Su práctica en el espacio climático incluye representar a la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe de ocho naciones en las negociaciones del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y fungir como asesor legal senior de la Presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes del Marco de las Naciones Unidas. Convención sobre el Cambio Climático. Tiene una amplia experiencia trabajando con la sociedad civil de todo el mundo en cuestiones relacionadas con la justicia ambiental global. Fue el director inaugural de la División de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. Anteriormente dirigió los programas de comercio y derechos humanos en el Centro de Derecho Ambiental Internacional y copresidió el foro de la sociedad civil del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Enseña Derecho Ambiental Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington. Anteriormente ha dado conferencias en destacadas universidades de todo el mundo, incluidas Melbourne, Pretoria, Ginebra y Guadalajara. Fue becario de la Universidad de Cambridge, académico visitante del Instituto de Derecho Ambiental de Washington DC y profesor instructor de derecho internacional en la Universidad de Talca, Chile.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor organismo de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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