GINEBRA (5 Noviembre 2020) – El gobierno de El Salvador debe dejar de utilizar los tribunales para atacar a los políticos de la oposición y no debe socavar las decisiones de los tribunales, dijo hoy un experto de la ONU.
«El poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad», dijo Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados.
«Las decisiones judiciales deben ser acatadas, no interpretadas por otros poderes del gobierno», dijo. «Los tribunales tampoco deben desacreditarse a los ojos del público utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición».
El experto intervino tras un largo conflicto entre los dos poderes del Estado, intensificado por los tweets del Presidente Nayib Bukele que intentaban presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra las figuras de la oposición.
«Me preocupa especialmente el acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia», dijo García-Sayán. Reyes es miembro fundador del partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fue Presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015.
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019, a pesar de que la Sección de Probidad de la misma Corte informó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia. Para escapar de esta persecución política, Reyes buscó protección en México, que le concedió asilo.
«Estos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico; parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes», dijeron los expertos. «Esto es completamente inaceptable en una democracia».
Usando su cuenta de Twitter, el Presidente Bukele supuestamente jugó un papel importante en el juicio de Reyes y personas cercanas a él.
«El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador», dijo el experto. «La independencia del poder judicial está consagrada en la Constitución y en la ley del país, y es deber de todas las instituciones del Estado, incluido el presidente, respetar y observar la independencia de los tribunales nacionales», dijo.
No se trata de un episodio aislado. En los últimos meses parece haberse producido una serie de violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del poder ejecutivo, en particular el Presidente Bukele.
En septiembre pasado, el Presidente Bukele exhortó a las autoridades fronterizas a que hicieran caso omiso de una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional una decisión del poder ejecutivo. Dicha decisión ejecutiva había denegado la entrada a El Salvador a los nacionales y extranjeros con derecho de residencia a menos que presentaran una prueba COVID realizada en las 72 horas anteriores.
El Presidente había atacado previamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por otro fallo, calificando a los jueces de «hipócritas y malos abogados».
«Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia», dijeron los expertos. «No debe haber ninguna interferencia inapropiada o injustificada en el proceso judicial, y las autoridades nacionales deben respetar y acatar las decisiones del Tribunal Supremo».
FIN
El Sr. Diego García-Sayán (Perú) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en diciembre de 2016. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia de trabajo en cuestiones de derechos humanos en diversos ámbitos, entre ellos las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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