GINEBRA (25 de julio de 2023) – Expertos* de la ONU aplaudieron la celebración de la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se celebrará en Cartagena de Indias, Colombia, los días 27 y 28 de julio de 2023. Los Expertos emitieron la siguiente declaración:
«Esta iniciativa regional tiene como objetivo acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal, y otros problemas comunes, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática. Además, bajo la Secretaría de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), esperamos que la iniciativa sirva como plataforma permanente, transparente e incluyente de toma de decisiones para la cooperación tributaria regional.
Hacemos un llamado a todos los Estados para que participen con determinación en estas negociaciones regionales en materia tributaria con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligación de movilizar el máximo de los recursos disponibles para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial; recaudar recursos suficientes para financiar servicios públicos de calidad, incluida la protección social, la educación y la sanidad, que permitan el pleno disfrute de todos los derechos humanos; garantizar una transición justa y que tenga en cuenta las cuestiones de género; y promover un desarrollo incluyente y sostenible.
En particular, instamos a los Estados a:
- Reforzar los mecanismos de coordinación de las negociaciones tributarias mundiales, incluyendo mediante el apoyo a los debates en torno a una Convención de las Naciones Unidas en cuestiones de tributación para profundizar en las reformas multilaterales, en particular en el ámbito de la gobernanza económica mundial, que buscan lograr una mayor equidad en el sistema tributario mundial, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Evaluaciones de los Efectos de las Reformas Económicas en los Derechos Humanos.
- Promover la progresividad tributaria emprendiendo reformas tributarias en los países de Latinoamérica y el Caribe gravando la fortuna y las rentas de capital para evitar la competencia desleal tributaria (escaladas en las rebajas de impuestos) y promover la igualdad económica.
- Luchar contra los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos,incluyendo mediante la lucha contra la evasión y elusión fiscal a través de «paraísos fiscales», como parte del deber de los Estados de movilizar el máximo de los recursos disponibles para realizar los derechos humanos. Garantizar que los sistemas judiciales independientes puedan combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos y la recuperación de activos robados.
- Acordar impuestos ecológicos y emprender políticas fiscales coordinadas sobre combustibles fósiles, emisiones de carbono e impuestos a las industrias extractivas y a los minerales de transición, con el objetivo de maximizar los beneficios públicos de estos sectores.
- Reforzar la participación y la rendición de cuentas: Los países de Latinoamérica y el Caribe deben promover la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionados con la política fiscal. Esto incluye promover la participación activa, libre y significativa en las negociaciones fiscales de organizaciones de la sociedad civil, especialmente las lideradas por mujeres, de defensores y defensoras de derechos humanos, de comunidades afectadas y de grupos marginados. Sus perspectivas y voces deben ser escuchadas para garantizar que las políticas y acuerdos tributarios sean incluyentes, transparentes y responsables.
- Garantizar la transparencia, incluyendo mediante la creación de registros de titularidad real en todos los países, con acceso público, utilizando estándares homologados y sin umbrales mínimos, como paso previo a articular un registro regional de activos globales.
Queremos recordar a los Estados y a las empresas sus respectivas obligaciones y responsabilidades de proteger y respetar los derechos humanos, también en sus procesos de toma de decisiones fiscales, y garantizar que sus políticas tributarias estén en consonancia con sus compromisos en materia de derechos humanos y los estándares internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esta es una oportunidad única para que Latinoamérica y el Caribe fortalezcan la coordinación en cuestiones tributarias y aúnen esfuerzos para garantizar que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, hacer frente a impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos, fortalecer el acceso a bienes, instalaciones y servicios públicos de calidad, y prevenir y responder a la emergencia climática.»
FIN
*Los expertos: Attiya Waris, Experta independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Ravindran Daniel (Presidente-Relator), Sorcha MacLeod, Jelena Aparac, Chris M. A. Kwaja, Carlos Salazar Couto, Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios; Damilola Olawuyi (Presidenta), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska, y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos; David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Obiora Okafor, Experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Dorothy Estrada Tanck (Presidenta), Ivana Radačić (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Melissa Upreti y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Muluka-Anne Miti-Drummond, Experta independiente sobre los derechos de las personas con albinismo.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con María Muñoz Maraver (maria.munozmaraver@un.org)
Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) y Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).
