GINEBRA (9 de junio de 2021) – Varios expertos y expertas en derechos humanos de la ONU hicieron un llamado hoy a los líderes de las más grandes economías del mundo para que aseguren que las personas del Sur Global tengan acceso igualitario a las vacunas contra la COVID-19.
“Todas las personas tienen derecho a acceder a vacunas contra la COVID-19 que sean seguras, efectivas, oportunas y basadas en la aplicación de los mejores desarrollos científicos” dijeron los expertos de cara a la cumbre del G-7 que se llevará a cabo en Reino Unido entre el 11 y 13 de junio.
“Ahora es el momento para la solidaridad y la cooperación internacional para prestar asistencia efectiva a todos los gobiernos en sus esfuerzos por vacunar a sus poblaciones y salvar vidas”, subrayaron. “No es éste el momento para negociaciones prolongadas o para lobistas erigiendo barreras para proteger las ganancias de corporaciones”, dijeron.
Los expertos enfatizaron que la extraordinaria velocidad con que se han producido vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 no ha ido acompañada de acciones rápidas para garantizar equidad en el acceso a ellas en todos los países y regiones.
“Miles de millones de personas en el Sur Global se están quedando atrás, y ven las vacunas como un espejismo o un privilegio del mundo desarrollado”, enfatizaron los expertos. “Esta situación prolongará innecesariamente la crisis, elevará drásticamente el número de muertes y profundizará el sufrimiento económico, posiblemente plantando las semillas de tensiones sociales”.
Los líderes del G-7 deben tener como principal prioridad la protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas en las situaciones sociales y económicas más precarias, en una época en la que millones de personas se enfrentan a la pobreza y el hambre, dijeron los expertos, recordando su pronunciamiento del año pasado sobre el costo humano de la pandemia.
Resulta impactante que, de acuerdo a los informes de la OMS, menos del uno por ciento de todas las vacunas administradas hasta el momento hayan ido a los países de bajos ingresos, mencionaron. Enfatizaron la importancia de asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en obstáculos para una producción de bajo costo y para la expansión de la oferta. También instaron a las compañías farmacéuticas a unirse a la plataforma de la OMS conocida como “COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)”, para compartir su conocimiento y datos, y para facilitar la transferencia de tecnologías.
Recordaron además que si bien el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) contiene ciertas flexibilidades, incluyendo la posibilidad de hacer uso de licencias obligatorias en casos de emergencia nacional, éstas siguen siendo insuficientes para responder adecuadamente a la pandemia actual.
“Maximizar la producción de vacunas seguras debe prevalecer sobre las ganancias monetarias en una pandemia global”, dijeron. “Los Estados deben asegurar que la protección legal de la propiedad intelectual y de patentes no socave el derecho de todas las personas a tener acceso a una vacuna efectiva, segura, y oportuna”.
Los expertos recordaron que los Estados deben actuar conforme a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, y garantizar que las instituciones multilaterales como la OMC “no limiten la capacidad de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la observancia de los derechos humanos por las empresas”.
También resaltaron la necesidad de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para producir vacunas por sí mismo, a través de la asistencia técnica y financiera para fortalecer la manufactura local – algunas de las cuales ya están en camino- y para salvaguardar el acceso a los ingredientes activos necesarios para la producción.
Los expertos endosaron un pronunciamiento reciente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que señaló que el acceso desigual a las vacunas en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo no es solamente discriminatorio, sino que además socava el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Estamos especialmente impresionados por el papel que han jugado las organizaciones de la sociedad civil y los activistas al lograr galvanizar el apoyo de varios Estados y actores a favor de una vacuna para todas las personas, en todos los lugares, y gratuita” concluyeron.
FIN
*Los expertos y las expertas: Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Sr. Dante Pesce (Presidente), Sr. Surya Deva (Vice-presidente), Sra. Elżbieta Karska, Sr. Githu Muigai, y la Sra. Anita Ramasastry, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo y Sr. Obiora C. Okafor, Experto Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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