GINEBRA (8 de mayo de 2017) – Un grupo de experta/os de las Naciones Unidas alentaron hoy al Congreso de El Salvador a “aprovechar una oportunidad excepcional para el progreso de la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas” en el marco de la revisión del artículo 133 del Código Penal con vistas a despenalizar la terminación del embarazo en circunstancias específicas.
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, dijeron.
“Instamos a las/los legisladora/es a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
La/los experta/os señalaron que la prohibición total de la interrupción del embarazo actualmente en vigor en El Salvador es contraria a las normas internacionales de derechos humanos y viola las obligaciones internacionales del país, lo cual ha sido motivo de preocupación por varios mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Esto hace de El Salvador uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando su vida está en peligro, en caso de violación o incesto, e incluso cuando el feto es inviable. Y a veces incluso cuando la mujer ha sufrido un aborto espontáneo”, dijeron.
“La criminalización de la terminación del embarazo impone un costo intolerable para las mujeres, sus familias y la sociedad”, señalaron la/os experta/os. “Además, restringe el acceso de las mujeres a los servicios e información de salud sexual y reproductiva”.
Asimismo, advirtieron que, debido a la amenaza de castigo penal, las mujeres y las niñas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones relacionadas con el embarazo. De hecho, muchas mujeres han sido procesadas bajo cargos de aborto y, algunas, acusadas de homicidio agravado, cumplen penas de prisión de hasta 40 años.
“Las más afectadas, son casi siempre mujeres que viven en una situación de pobreza y que tienen pocos medios para obtener una defensa legal adecuada”, añadieron. “Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”.
La/os experta/os subrayaron que la criminalización de la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto, como lo demuestran datos de la OMS. Por lo contrario, suele aumentar el número de mujeres que buscan soluciones clandestinas e inseguras.
Recalcaron que la penalización de servicios que sólo requieren las mujeres, como el aborto y la anticoncepción de emergencia, es inadmisible pues constituye una discriminación basada en el sexo.
“Esta situación viola los derechos humanos más básicos de las mujeres y las niñas: su derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a controlar su propio cuerpo y la dignidad humana”, señalaron.
(*) La/os experta/os: Alda Facio, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
ONU Derechos Humanos, página de país: El Salvador
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Bernadette Arditi (+41 22 917 9159/ barditi@ohchr.org ) o escriba a wgdiscriminationwomen@ohchr.org
Información complementaria:
Carta de los experta/os de la ONU enviada en diciembre de 2016 al Gobierno de El Salvador sobre el proyecto de Decreto para despenalizar el aborto en ciertas circunstancias y que incluye los estándares internacionales en la materia. Accede a la carta aqui.