“Como Naciones Unidas estamos para acompañar este proceso de fortalecimiento y de respeto de los derechos humanos, de profundización de la democracia y de un esquema de respuesta institucional que pueda responder de manera adecuada a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos».
Redacción ACNUDH
Oficina para América Central
En los últimos años, el Estado salvadoreño ha dado importantes avances en materia de derechos humanos. Se han abierto las puertas a las principales relatorías de derechos políticos y sociales, firmado protocolos, aprobado leyes a favor del empoderamiento económico, social y político de las mujeres y de la protección de la niñez con un enfoque de género. Sin embargo, existen importantes desafíos que van desde abordar el tema de la discriminación e invisibilidad de las poblaciones indígenas, afro salvadoreños y LGBTI, la redición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos y la reparación a las víctimas. Pendiente también está el complejo problema de la inseguridad ciudadana.
El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, habla sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta este país centroamericano, en un escenario de cambio de Gobierno, y de los aportes que puede ofrecer el Sistema de Naciones Unidas.
En materia de derechos humanos ¿cuáles son las necesidades y desafíos para el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador?
El principal desafío es la necesidad de activar una coordinación interinstitucional que permita al Estado dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Ahora se están presentando contribuciones para el segundo ciclo del EPU. Se hace necesaria una coordinación interinstitucional para aportar respuestas y enmarcar las acciones para resolver los déficits que hay en el país y sostener las mejoras alcanzadas.
También están los desafíos que plantea el Protocolo Facultativo del Comité para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que enmarca temas muy sensibles, temas que requieren un abordaje cultural y no simplemente institucional, legislativo o de compromiso.
Hay buenos avances. El 9 de enero de 2014 se firmó el segundo Protocolo Internacional de Pacto Civiles y Políticos. Eso significó la abolición de la pena de muerte. En el Salvador no se ha practicado la pena de muerte, pero el marco legislativo lo contemplaba.
Además, hay tres nuevas leyes a favor del empoderamiento político, económico y social de las mujeres y de la reducción de las vulnerabilidades que afectan las niñas, mujeres y adolescente asociadas a la violencia de género. Son leyes que también han permitido un abordaje integral de los temas de género… Este enfoque es bien interesante porque aborda a la mujer en el ciclo de vida. Al respecto, Ciudad Mujer es un modelo exitoso de atención integral a la mujer y que no solo se está ampliando a nivel nacional pero también se está exportando hacia la región. Otro tema importante es el flagelo de la trata de personas. Hay una dimensión relacionada a derechos humanos, a las dinámicas migratorias y de pobreza, de los cuales se aprovechan los grupos criminales.
La presentación del informe del país para el EPU coincide con un cambio de Gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para lograr tener a tiempo los insumos?
Estamos proporcionando nuestras contribuciones para el segundo ciclo del EPU respecto a las recomendaciones emitidas en el primer ciclo. Como sistema de Naciones Unidad iremos con un documento conjunto de contribución. Yo sé que el Estado salvadoreño está haciendo su parte y está comprometido a aportar sus contribuciones.
La inseguridad ciudadana es un tema de derechos humanos y resolver el problema es una tarea compleja. En ese sentido, ¿qué puede aportar Naciones Unidas para ayudar a encontrar una solución sostenible?
Como Naciones Unidas observamos el tema de la inseguridad ciudadana como una gran amenaza. Estamos atentos a las manifestaciones evidentes como lo son homicidios, robos, violaciones, acosos y las vulnerabilidades que se fomentan a través de este tipo de acción criminal, que también incluye la trata de personas y se relaciona con la criminalidad organizada, el pandillerismo y otro tipo de acciones y manifestaciones violentas.
El tema fundamentalmente es la pobreza, la falta de inclusión económica, la falta de cohesión social y espacios de esparcimiento e interacción social y recreativa. Estamos hablando de jóvenes, mujeres y hombres que son víctimas y que, en algunos casos, se convierten en victimarios. Es un ciclo vicioso que se auto alimenta. No es casualidad que los muertos del pandillerismo provengan de asentamientos urbanos y semiurbanos precarios y pobres. Se trata de un tema de oportunidades socioeconómicas, de falta de empleos decentes.
Las perspectivas a futuro tienen que ser fortalecidas y las oportunidades ampliadas. Se requiere de una visión de país para abordar las expectativas de las personas y asegurar una presencia de las fuerzas vivas de la sociedad a nivel territorial, de justicia restaurativa en un país que ha vivido un complejo y profundo problema de guerra. Todavía existe una polarización fuerte, hay una polarización política pero también económica, hay muchos pobres. Hay exclusión económica y desigualdades agudas.
El tema de la seguridad no es un tema que debe verse desde el punto de vista de las manifestaciones evidentes, hay que mirar las causas subyacentes relacionadas con las falta de oportunidades socio-económicas. No hay atajos, ni soluciones inmediatas. Lo que puede haber son soluciones contingentes inmediatas pero el problema es complejo y amplio y requiere la articulación de respuestas con varias aristas que involucren una multiplicidad de actores, empezando por las personas, familias, comunidades, la sociedad en su conjunto y todos los poderes del Estado.
Como en otros países de la región, el tema de la discriminación está presente en El Salvador ¿qué se puede hacer, desde el Sistema de la ONU, para que esto cambie?
El Salvador ha vivido masacres de poblaciones indígenas campesinas, la invisibilidad de comunidades indígenas y población afrodescendiente. Hay una polarización de clases bien fuerte. El tema de la discriminación, el racismo y la intolerancia es un patrón cultural que necesita abordarse de manera profunda. Todavía se ven mensajes de odio y expresiones de aniquilación política del adversario. El problema es el espíritu de intolerancia, polarización de clases y la falta de aceptación de que hay riqueza en la diversidad.
Estos son temas que tienen que abordarse a nivel social y cultural. No es suficiente que haya una voluntad legislativa, que haya una adhesión a protocolos y a convenios nacionales e internacionales. Son cosas que tienen que tratarse desde la perspectiva de la curricular educativa, desde la perspectiva de los medios de comunicación.
La comunidad LGBTI ha tenido muchos muertos en estos años y hay una discriminación muy fuerte. .. Hay que derribar barreras que son mentales y quien tiene la facultad y responsabilidad de hacerlo es el Estado salvadoreño. Entonces el Estado tiene una responsabilidad más fuerte que el resto de la sociedad de poder encaminar al país hacia la tolerancia plena, antidiscriminación, antirracismo y poder abrir espacios de oportunidad para ampliar la expresión de la gente desde la perspectiva de la diversidad sexual, cultural, política, etc.
La rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y reparación a las víctimas también tiene un peso importante en la agenda de derechos humanos de El Salvador. ¿Qué puede aportar el Sistema de Naciones Unidas en ese sentido?
Podemos aportar incidencia y abogacía para asegurar que la administración de justicia se ejerza a través de una lucha clara y contundente contra la impunidad y dentro del Estado de Derecho, de acceso a la justicia en particular para las víctimas. Hay que tomar nota que hay una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 que está en las manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Vemos que el Estado salvadoreño, a través del presidente Mauricio Funes, ha pedido disculpas a las víctimas de todas las masacres producto de las guerras en el Salvador, pero todavía hay mucho que hacer para poder apoyar a las instituciones de la sociedad civil que luchan contra las violaciones de los derechos humanos. Hay que trabajar en esa línea, en el marco de colaboración institucional. Muchos consideran que la justicia no se ha logrado todavía, particularmente para las víctimas.
El Salvador se prepara para un cambio de Gobierno, en ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas en relación al trabajo que realiza las Naciones Unidas en ese país?
El Estado salvadoreño está comprometido a luchar contra cualquier violación de los derechos humanos. Esto sabemos que es parte de un proceso y es un proceso complejo, pero que va más allá de una administración. Vemos que habrá un continuum desde el punto de vista del color político de la administración. Lo bueno es que es compromiso de Estado, un compromiso de sociedad.
Ahora, hay que fortalecer este compromiso, de allí que como Naciones Unidas estamos para acompañar este proceso de fortalecimiento y de respeto de los derechos humanos, de profundización de la democracia y de un esquema de respuesta institucional que pueda responder de manera adecuada a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
