GINEBRA (5 marzo 2019) — Millones de personas en todo el mundo están privadas de libertad por tener alguna discapacidad, y esto debe detenerse, declaró una experta en derechos humanos de la ONU.
«Las personas con discapacidades están representadas en exceso en las cárceles, hospitalizadas involuntariamente en centros de salud mental, internadas en instituciones, salas psiquiátricas forenses, obligadas a someterse a tratamiento en ‘campos de oración’ y sometidas a confinamiento en sus hogares», dice la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad, Catalina Devandas.
“La privación de libertad sobre la base de la discapacidad es una violación de los derechos humanos en una escala global masiva. No es un ‘mal necesario’, sino una consecuencia del fracaso de los Estados para garantizar sus obligaciones hacia las personas con discapacidad», dijo la experta en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
A menudo, sin acceso a la justicia para impugnar su detención, las personas con discapacidades en estos entornos se vuelven extremadamente vulnerables a la violencia sexual y física, la esterilización, el tráfico de personas, el tratamiento involuntario y otras formas de abuso, malos tratos y torturas.
Los niños con discapacidades corren mayor riesgo de ser confinados en instituciones, segregados de sus familias y comunidades. Son rutinariamente encerrados, obligados a tomar medicamentos y, a menudo, expuestos a violencia, abuso y negligencia.
“En muchos países, los profesionales de la salud y de asistencia social alientan a los padres a internar a sus hijos con discapacidades en instituciones bajo el supuesto erróneo de que recibirán una mejor atención que en el hogar, pero los efectos perjudiciales de la institucionalización durante su desarrollo están ampliamente documentados, incluso en residencias pequeñas o instituciones ‘similares a la familia’, señaló la experta.
“Sin vías legales para desafiar su situación, las personas con discapacidades se vuelven invisibles y olvidadas por la comunidad en general. Además, debido a la creencia errónea de que esas prácticas son bien intencionadas y beneficiosas, su situación y bienestar apenas son controladas por los mecanismos nacionales de prevención contra la tortura o las instituciones nacionales de derechos humanos «.
Devandas pidió a los Estados que tomen medidas, incluyendo una reforma legal para derogar toda legislación que permita la privación de libertad por motivos de discapacidad. También dijo que deben detenerse las admisiones en instituciones y que se deben tomar medidas para des-institucionalizar a las personas con discapacidades que actualmente internas, incluso en entornos psiquiátricos. La coerción en los servicios de salud mental, el confinamiento en el hogar y los grilletes deben interrumpirse sin demora.
“Los estados deben invertir en respuestas y apoyo basados en la comunidad; proporcionar acceso a la justicia y reparación a las personas arbitrariamente privadas de libertad, proporcionar a las personas con discapacidades servicios inclusivos y accesibles en la comunidad para educación, atención médica, empleo y vivienda». FIN
