Ginebra, 3 de septiembre de 2024.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado gravemente desde el año pasado, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra Pueblos Indígenas, según un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
“La persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente”, el informe detalla.
“Las autoridades continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control. Esto incluye personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental”.
La semana pasada las autoridades propusieron un proyecto de ley que permitirá el procesamiento de personas en el extranjero por presuntos delitos, incluido el lavado de dinero, el terrorismo y su financiación, así como delitos cibernéticos, lo que genera nuevas preocupaciones de que leyes tan amplias sean también utilizadas para presionar e intimidar aún más personas nicaragüenses exiliadas y extranjeras por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, y otros derechos.
El informe se basa en 120 entrevistas, principalmente con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos, reuniones con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, así como en el análisis de documentos gubernamentales y de ONG. Abarca un período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023 y ofrece descripciones detalladas de casos de detención arbitraria, al menos dos desapariciones forzadas documentadas, así como violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
El informe señala que, en mayo de 2024, 131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria, lo que supone un marcado aumento en comparación con las 54 personas de junio del año pasado, según informes de la sociedad civil. En junio y julio de 2024 se produjeron otras 10 detenciones arbitrarias.
En la ciudad de Matagalpa, en octubre de 2023, las autoridades detuvieron a un hombre de 70 años por criticar al Gobierno en conversaciones informales. Su paradero permaneció oculto durante un mes, antes de ser condenado a siete años de prisión por tráfico de armas, en un proceso que no garantizó su derecho a un juicio justo, señala el informe.
El paradero de un académico permanece desconocido desde el 20 de noviembre de 2023, cuando fue detenido en la capital Managua, tras una publicación en las redes sociales en la que criticaba al Gobierno, indica el informe.
El informe también documenta 12 casos de tortura y malos tratos en detención. En particular, siete detenidos denunciaron haber sido sometidos a violación, abuso sexual y descargas eléctricas. Tres de ellos denunciaron estrangulamiento de testículos, mientras que todos mostraban signos de trastorno de estrés postraumático.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también siguió recibiendo informes sobre violencia cometida contra Pueblos Indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe, documentado al menos dos asesinatos perpetrados por colonos, que no pertenecen a estas comunidades y buscan controlar sus tierras. “Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, dice el informe.
Según el informe, la libertad religiosa en Nicaragua siguió siendo objeto de restricciones indebidas. Al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Un grupo de 31 clérigos fueron expulsados del país tras permanecer detenidos durante varios períodos.
Las autoridades también han revocado la personalidad jurídica de numerosas organizaciones religiosas, como parte de una tendencia más amplia de cancelaciones arbitrarias de la personalidad jurídica de ONG. Durante el período que abarca el informe, se revocó la personalidad a más de 300 organizaciones, incluidas algunas que defendían los derechos de las mujeres. En agosto de 2024, se cerraron otras 1.700 organizaciones, en el golpe más severo infligido a la sociedad civil, lo que eleva el número total de organizaciones disueltas a más de 5.000 desde 2018.
El Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, destacó que “la crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno”.
“Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”, dijo. “Las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad. Es crucial que el derecho a la participación política se respete plenamente para que los y las nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”.
Türk instó al Gobierno a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y el debido proceso para las personas acusadas, y un retorno seguro y voluntario para las personas exiliadas. También pidió que se pusiera fin a los actos de tortura y malos tratos, que los perpetradores rindan cuentas, que cesen todas las formas de persecución y que se restablezca la personalidad jurídica que tenían anteriormente las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición.
FIN
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