GINEBRA (11 de diciembre de 2024) – Expertos y expertas de la ONU instaron hoy a las autoridades de Nicaragua a liberar a las personas detenidas por sus críticas sobre la deteriorada situación de derechos humanos en el país y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero.
Tras las manifestaciones a nivel nacional en 2018, decenas de personas manifestantes fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente por las autoridades nicaragüenses. Las expertas y los expertos señalaron que muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada. Muchas siguen en prisión, incluso después de cumplir sus sentencias.
“Lo que observamos tras las protestas de 2018, y lo que seguimos viendo hoy, es un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, así como el abuso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional”, dijeron los y las expertas. También resaltaron que incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser negadas.
“A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica, mientras las familias a menudo no tienen forma de verificar dónde se encuentra su ser querido o temen denunciar las desapariciones forzadas por miedo a represalias, lo cual se complica aún más cuando las familias están en el exilio”, señalaron las y los expertos.
Desde 2021, al menos 427 arrestos han sido registrados, en su mayoría de personas con vínculos con procesos electorales nacionales, municipales o regionales, como críticos, opositores, estudiantes, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos, observadores, pueblos indígenas y líderes territoriales. El Gobierno ha ampliado esta persecución a cualquier persona percibida como opositora, incluso sin vínculos directos con actividades políticas.
En cartas dirigidas a las autoridades nicaragüenses, las personas expertas lamentaron las condiciones existentes de detención, particularmente en la prisión de La Modelo, donde a los presos se les niega el contacto con el mundo externo y presuntamente son sometidos a tortura y malos tratos, incluyendo violación, negación de atención médica y confinamiento solitario prolongado en celdas calurosas y estrechas, poniendo en riesgo sus vidas y violando gravemente el debido proceso.
“Las familias han pasado largos periodos tratando de confirmar la suerte y el paradero de sus seres queridos, enfrentándose a información contradictoria de las autoridades sobre dónde están realmente detenidos. Una semana, los guardias pueden decir que fueron trasladados; a la siguiente, dicen que no, incluso negando que la persona haya estado detenida”, dijeron los y las expertas.
“Mantener a las familias en la incertidumbre les causa un sufrimiento que constituye un trato cruel y actúa como un velo, permitiendo que las autoridades coloquen a las personas fuera de la protección de la ley, a menudo con resultados inquietantes”, añadieron.
“Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de perpetrar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a que liberen a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, a que aseguren que sus familias sepan sobre su suerte y paradero, y a que investiguen las violaciones de derechos humanos que puedan haberse cometido. El daño infligido a las personas detenidas y a sus familiares debe terminar”, concluyeron los y las expertas.
TERMINA
Las expertas de la ONU: *Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vice-presidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados Matthew Gillett (Presidente-Relator), Ganna Yudkivska (Vicepresidenta sobre Comunicaciones), Priya Gopalan (Vicepresidenta sobre Seguimiento), . Miriam Estrada Castillo y Mumba Malila – Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Para más información y consultas, póngase en contacto con: Fuensanta Amorós Cascles (fuensanta.amoroscascales@un.org o hrc-wg-eid@un.org )
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